El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes inició la demanda civil contra los imputados en la denominada causa de los contratos truchos en la Legislatura. Reclama un resarcimiento a favor del Estado provincial de $372.924.249, que es el monto del perjuicio que habría originado a las arcas del fisco la operatoria de esos contratos ficticios en la Legislatura durante el período 2008 a 2018.

El monto se basa en el informe pericial realizado por la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y el perito de parte, el contador Cristián Dumé, que presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados, de lo cual se hizo eco Entre Ríos Ahora en abril de 2021.

El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario. En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.

Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.

En el informe contable se calculó que en el Senado se realizaron contratos por una suma total de $208.940.739,00; y en Diputados por $163.983.510,00.

Sobre esos números, y no sobre el cálculo que hizo el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, se basa la demanda de Fiscalía de Estado.

«La pretensión concreta persigue que esta judicatura determine la restitución de dinero y/o un resarcimiento a favor del Estado Provincial, originada en los daños y perjuicios ocasionados por los encartados penales llevados a juicio, en función de los actos que conjunta, separada, alternativa o individualmente aquellos llevaron a cabo, y que tienen su génesis en la celebración de contrataciones irregulares que a la postre ocasionaron el desvío, y/o sustracción y/o detracción ilegítimos de fondos públicos pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores (“HCS”) y la Honorable Cámara de Diputados (“HCD”) de la Provincia de Entre Ríos, en los períodos comprendidos entre enero del 2008 hasta septiembre de 2018 inclusive», dice el escrito elevado a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata.

El escrito de Fiscalía de Estado agrega: «La cuantía reclamada tiene su punto de partida en el peritaje contable denominado ´oficial´ (confeccionado por los auxiliares Battisti y Dumé), según consta en las páginas 129/131 del requerimiento de elevación a juicio (…) formulado por el Ministerio Público Fiscal (…) y asciende a pesos trescientos setenta y dos millones novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($372.924.249). Cabe aclarar que la suma referida ha sido considerada –por el peritaje- como una ´estimación´, atento la ausencia parcial de documentación respaldatoria del circuito completo de pago, que consiste en contratación – emisión de comprobante de pago – medio de pago».

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, se apoya en el informe pericial del contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Contable de Fiscalía.

Según este informe, el monto histórico del perjuicio al Estado fue de $535.698.128,26, suma que dolarizada da un monto de u$s 52.927.878,50. Actualizado, a un dólar a $42,40 (al 15 de abril de 2019), se llega a la cifra de $2.244.142.048,07.

Ese monto fue actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) que arroja una cifra final de $ 4.961.988.609.

En el escrito de remisión de la causa a juicio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalaron: “Destacamos que lo contabilizado en esta pericial se circunscribe a lo informado, ya que desde el inicio mismo de la investigación este Ministerio Público Fiscal se encontró con serias dificultades para hacerse de la información de las Cámaras Legislativas. Así, los Peritos Contadores Battisti y Dumé informan en la pericial contable (Parte 1 del dictamen, pg. 9 y 10), que de los documentos solicitados el 22 de junio de 2020 a ambas Cámaras, sólo recibieron el libro Banco Personal Temporario de la Honorable Cámara de Senadores por el período 03/10/2016 al 28/09/2018 indicándose que no había registros anteriores a dicha fecha. Nada se recibió de parte de la Honorable Cámara de Diputados”.

“Contratos truchos”

En el escrito que firma el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se plantea: «Con relación a la plataforma fáctica, esta Fiscalía de Estado comparte la tesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, habida cuenta que el requerimiento de elevación a juicio relata la génesis y modalidades mediante las cuales se consumó el perjuicio al erario entrerriano, dado por la aparente celebración de contratos de obra. Por dicho motivo y en miras de la economía procesal, ya se observó ut supra y a partir de aquí se observarán justificadas reproducciones y/o remisiones directas al requerimiento de elevación a juicio, pues de esa forma rehuimos de reiteraciones innecesarias y nos proponemos evitar la fatiga de aquellos lectores que resulten destinatarios de la presente acción».

Luego, señalan que en el lapso transcurrido entre enero de 2008 y hasta septiembre de 2018 inclusive, en el seno de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos se celebraron alrededor de 770 ´contratos´ que, bajo apariencia de legalidad, tuvieron como único propósito el desvío, sustracción y/o detracción de los fondos que estaban destinados a atender dichas contrataciones. En la Cámara de Senadores, las maniobras responden a la totalidad del período, mientras que en la Cámara de Diputados principiaron en diciembre de 2011 y verifican igual fecha de finalización que en su recinto hermano. Como nota común y paradigmática de esos ´negocios jurídicos´, se impone subrayar una palmaria falta de relación entre su celebración y la satisfacción de fines propios del Estado. Vale decir, reúnen distintos tipos de vicios, que pueden ser agrupados en categorías tales como ilicitud en su objeto y fines, irregular concepción, inmotivación, deficiente formación de la voluntad administrativa, innecesariedad funcional y/u operativa, insubordinación al iter administrativo, ausencia de contraprestación de obra y posterior desvío de los fondos en cuestión. La ´contratación´ fue concebida y dinamizada para detraer fondos públicos en favor de terceros o en pos de satisfacer objetivos que en nada pueden asociarse a los designios de la provincia».

Después, apunta: «En todos los supuestos o modalidades, la premisa radicaba en apartar la vida de esos ´contratos´ del ámbito de dominio provincial. Ciertamente, en los albores de la maniobra se creaba una contratación artificial (ya sea por defectos de forma, procedimiento, por carencia de sustancia en la ´obra´ encomendada, etcétera), mientras que la fase de ejecución conclusiva (llámese percepción de los montos retributivos) era desplegada por terceros ajenos a una estipulación que, desde el punto de vista administrativo, puede catalogarse como mal habida. Más tarde, ese dinero -el ´producido´ de la astucia- pasaba a formar parte de un entramado de beneficiarios».

La demanda alcanza a 29 de los 32 imputados en la remisión de la causa a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal, a saber:

Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro José Luis Almada, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Guido Daniel Krapp, Renato Jesús Mansilla, Jorge Daniel De Breuil, Héctor Gustavo Falco, Nicolás Beber, Jorge Pablo Balladares, José Javier Schneider y Viviana Giselle Mena Gioveni.

El resto está incluido en un segundo escrito, que firma el fiscal adjunto Sebastián Trinadori. «La acción se dirige contra todos aquellos que -en distintas medidas, siempre decisivas- han contribuido a perpetrar el daño señalado, y que resultan procesados en la causa penal que nos convoca», dice Trinadori.

El listado de los demandados es más breve e incluye al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera; el actual vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Domingo Orabona; y el contador Jorge Fabián Lázzaro.

La investigación penal de los contratos en la Legislatura, sin embargo, tropieza con un pleito por competencia. La jueza de Garantías Marina Barbagelata se declaró competente frente a una resolución del juez federal de Paraná Daniel Alonso que reclamó para sí el expediente. Frente a ese dilema, el caso fue derivado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el entredicho.