Los jueces federales y nacionales de todo el país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, con el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y luego lo hicieron también con el ministro Ricardo Lorenzetti. Allí les plantearon la preocupación por la situación de extrema gravedad en cuanto a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado por la que atraviesa la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, además del temor de que estas conductas delictivas repliquen en otras provincias.

Luego de esa reunión, que sucedió hace 15 días, surgió un documento en el que se plasmó la preocupación manifestada. Cabe recordar que la Junta de Presidentes de Cámara se creó oportunamente a instancias de Carlos Fayt. Actualmente la preside el Javiel Leal de Ibarra, quien firmó el documento, que fue elevado al Máximo Tribunal nacional.

El mismo manifestó la preocupación de los firmantes “derivada de la situación de extrema gravedad generada por la inseguridad y altos índices de violencia que sufre la provincia de Santa Fe y en especial la ciudad de Rosario”. “Transitamos un grave y delicado momento, que requiere redoblar esfuerzos para prevenirlos, ya que como consecuencia de ello se encuentran en juego la vida de las instituciones y el Estado de Derecho”, continuó el escrito.

Los firmantes entienden que el peligro que hoy enfrenta Rosario debiera ser una cuestión prioritaria a nivel nacional, dado que la naturalización de la crisis aumenta el poder de las mafias y reduce la capacidad del Estado. En el citado documento se reclama la creación de nuevos juzgados federales tanto en Santa Fe como en Rosario, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y también que se cubran las vacantes de jueces y fiscales federales y que se adquieran equipos informáticos y tecnológicos para investigar.

Asimismo, el texto recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ha señalado la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata para enfrentar el problema del narcotráfico, ya que está en juego la seguridad de la población según la Acordada 25/2015, recordando en este sentido, que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Ley 24072) establece en su artículo 3.6 que las partes se esforzarán para dar máxima eficacia a las medidas de detección y represión respecto de esos delitos”.

Indudablemente, este documento persigue el objetivo de que sea la propia Corte Suprema la que “adopte medidas urgentes a los fines de superar las circunstancias fácticas expuestas”. En definitiva, se busca que el Máximo Tribunal se convierta en un actor principal a la hora de impulsar la concertación necesaria con los distintos actores políticos para impulsar y concretar un plan contra el delito y el crimen organizado.

El escrito evidenció el gran temor de los jueces de todo el país de que lo que ocurre hoy en Rosario se extienda a gran escala al resto del país y que las mafias organizadas le disputen de igual a igual a las instituciones de la democracia. Para los magistrados, si no se actúa sobre Rosario, corre en peligro todo el país.

Por otra parte, este miércoles se venció el plazo de 30 días que tenía Alberto Fernández para designar a la nueva integrante del máximo tribunal de justicia del país. Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema el primero de noviembre y el Presidente debió haber nominado a su sucesora antes de que venciera el plazo legal determinado por un Decreto que en 2003 firmó junto a Néstor Kirchner y al entonces ministro Gustavo Beliz.

Así, el mandatario nacional incumplió la propia norma que suscribió siendo jefe de Gabinete de Kirchner, aunque no habrá sanciones administrativas ni judiciales. El decreto 222/03 no prevé castigos a lo largo de sus 11 artículos. Más allá de eso, la ausencia de acuerdo entre el Gobierno y la oposición bloquea la nominación de la sucesora de Highton de Nolasco en la Corte Suprema. (Infobae)