Gestapo macrista: un audio entre Arribas y Majdalani complica a Vidal

La causa de la Gestapo antisindical suma nuevas revelaciones día a día que implican cada vez más a exfuncionarios de Juntos por el Cambio en la persecución de dirigentes gremiales. Un audio de una conversación entre los extitulares de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, golpea fuertemente a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que las bases AMBA del espionaje ilegal fueron idea suya.

El audio pertenece a una declaración formulada por Arribas y Majdalani ante la Bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación en abril de 2019, en el marco del D'Alessio Gate.

El testimonio dio cuenta de la instalación de las denominadas "bases AMBA", bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Originalmente, hubo tres bases AMBA en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, durante la gobernación de María Eugenia Vidal se agregaron seis más. Este dato demuestra que Vidal no sólo estaba al tanto de las reuniones de la mesa antisindical, sino que también las organizaba, publicó Ámbito.

Ante una pregunta del diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, en el marco de la Bicameral sobre si la policía de la provincia estaba al tanto de estas bases, Arribas respondió que "la policía no las desconocía". Además, agregó que "todas las bases fueron alquiladas a nombre de la AFI y los agentes trabajaron siempre identificándose como agentes de la AFI. Entonces, mal podía desconocer la policía bonaerense dónde estaban las bases y los agentes que estaban trabajando".

Moreau también preguntó si la entonces gobernadora había realizado "alguna objeción ante la AFI para la instalación de estas bases". Mientras que Arribas respondió que "no" que Vidal no las había objetado y que "participó", su segunda Majdalani agregó que "la gobernadora pidió la localización". "Los lugares los pidió la gobernadora en conjunto con nosotros", indicó la "Señora 8".

"¿Ustedes tienen nota de eso?", quiso asegurarse el legislador del Frente de Todos. "¿Nota por escrito? No. Fue una reunión privada en la oficina donde consensuamos cuáles eran los mejores lugares para poner las bases", explicó Majdalani.

Moreau preguntó a continuación si la gobernadora después no había "hecho objeción cuando las bases estaban funcionando". "No", respondió la exfuncionaria de la AFI macrista.

Ayer, María Eugenia Vidal se había referido al tema que la involucra y expresó: “Todos los funcionarios que estuvieron en la reunión se pusieron a disposición y así haremos todos los que seamos citados”, manifestó en relación al video de la reunión entre funcionarios de su gestión junto a empresarios, en 2017, en el edificio del Bapro.

Sin embargo, justificó el accionar de la Justicia, en ese entonces, cuando varios dirigentes gremiales fueron presos, entre ellos el “Pata” Medina de la UOCRA de La Plata. “Estamos hablando del Pata Medina, es un sindicalista millonario y delincuente”, manifestó Vidal en sus declaraciones.

Los legisladores que integran actualmente la subcomisión de Inteligencia del Congreso buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.

De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación. Fuentes parlamentarias explicaron que Emilia Jaime fue quien envió el mail pidiendo la reserva del salón por tres días.

La convocatoria a Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del banco, apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense.

La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente "nunca hubo cámaras" en el lugar.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

En el marco de la investigación, los legisladores volvieron a citar para el próximo jueves al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia y pidió declarar por escrito ante ese cuerpo parlamentario.

Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.

El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

Los videos que encontraron en la AFI con reuniones entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción revelan el modus operandi de la "Gestapo antisindical" que montaron en la provincia de Buenos Aires para "terminar" con los gremios del sector, pero también con los estatales.

El mecanismo que organizó Cambiemos con empresarios y el Poder Judicial buscó quitar derechos a los trabajadores. El modus operandi se iniciaba con la participación de los constructores: en principio serían las empresas de la construcción las generaran tensión con los obreros, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.

Luego, los empresarios debían presentarse ante el Ministerio de Trabajo bonaerense con notas de quejas que eran previamente convenidas con los funcionarios de Vidal. Esas cartas eran entregadas en mano al titular de la cartera laboral Marcelo Villegas, con la precaución de no entregarla en la mesa de entrada. "Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio", les indicaba el exministro de Trabajo.

En tercera instancia se daba participación al Poder Judicial, donde se presentaba una denuncia penal con palabras "clave" como "extorsión" y "amenaza", que los funcionarios de Vidal les decían a los empresarios que incorporen.

El cuarto paso era que un juez pida al entonces ministro las pruebas y Villegas entregaba a la Justicia las cartas y notas de los constructores.

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