Los fiscales Leandro Dato y Gamal Taleb se refrieron al inicio del jury contra la suspendida procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, y exigieron un “proceso justo”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Dato explicó que un grupo numeroso de fiscales de toda la provincia se convocó a primera hora de este lunes “para esperar que llegara Cecilia al inicio del jury, como parte de las actividades que nos propusimos llevar adelante la semana pasada, con adhesión en toda la provincia”.

“Le transmitimos toda nuestra solidaridad entendiendo que es un proceso ilegal e ilegítimo, y totalmente injusto”, señaló y cuestionó que “hasta hace un rato no se sabía si podría ingresar público al salón; no se sabe el cronograma, empieza hoy y mañana, pero luego no se sabe cómo continúa, lo que es totalmente increíble”. “Como fiscales estamos acostumbrados a llevar adelante procesos, con todas las garantías constitucionales y tribunales constituidos, pero lo que estamos viendo en este proceso es algo increíble: desde un fiscal que no debería sentado ahí hasta un tribunal totalmente parcial”, describió.   

En cuanto a la composición del Tribunal, apuntó: “Todos tenemos nuestra historia y nuestra trayectoria, Goyeneche la tiene y el tribunal la tiene, pero lo cierto es que la garantía de imparcialidad en la mayoría de ellos no está garantizada. Esto lo hablamos en distintos foros y reuniones, y siempre se planteó que no pretendemos impunidad sino que Cecilia tenga un juicio justo”.

“Está claro que esta causa no debería haber llegado a esta instancia, pero aun así queremos que se haga el juicio, que se la escuche a ella, que se produzca la prueba, y no que se le modifiquen las reglas, porque hoy finalmente no se sabe cuál es la acusación. La historia va a juzgar lo que se está haciendo hoy”, planteó Dato.

Por otra parte, el fiscal de Victoria Gamal Taleb, consideró que el hecho de que haya solicitado el expediente digital de la causa, “es una señal de que a la Corte Suprema le interesó el caso y por supuesto que a la Corte no le escapa a la gravedad institucional de esta situación, donde se está enjuiciando con claros vicios de ilegitimidad en el procedimiento nada más y nada menos que a una procuradora Adjunta, que había sido legalmente designada como fiscal interina Anticorrupción y que había tenido a su cargo al investigación de los hechos más resonantes de la provincia, con mucha eficacia porque hubo muchas condenas”.

“Esta situación de gravedad institucional es lo que motivó, sin dudas, que la Corte solicitara en muy poco tiempo el expediente digital, y sabiendo que hay un proceso en marcha donde la doctora Goyeneche denunció ilegitimidades manifiestas, esperamos que la Corte se aboque a tratar el tema para que no quede abstracto”, planteó y explicó que “una cuestión es abstracta cuando ya no tiene sentido pronunciarse porque el objeto del litigio ha sido cumplido. En este caso, si la Corte se pronunciara después de que termine el juicio acerca de si es legítimo que se haya separado al Ministerio Público Fiscal de su rol constitucional y legal de llevar adelante la investigación y la acusación ante el jurado de enjuiciamiento, sin dudas ya no tendría sentido”.

“Por eso creemos que la Corte está sabiendo lo que está pasando y esperamos que salga una resolución de la Corte antes de que termine el enjuiciamiento de Goyeneche”, aseveró.

Y agregó: “Si la Corte llegase a tomar una resolución cuando ya finalizara podría llegar a señalar la ilegitimidad del procedimiento y habría que ver cuáles son las consecuencias, pero la petición de la doctora Goyeneche mediante una medida cautelar no es para no ser juzgada sino para que el Ministerio Público Fiscal no sea apartado del proceso de juzgamiento. No estamos saltando por encima de la igualdad ante la ley, que nos obliga a someternos a este tipo de procedimientos; lo que pedimos es que estos procedimientos sean acordes a la Constitución y a la ley, que dicen que el Ministerio Público Fiscal –en este caso el procurador o la procuradora adjunta- debieron estar a cargo de la acusación hoy y sin embargo por razones que no son atendibles fue apartado totalmente de ese rol constitucional”.

“Esperamos que quienes tienen que impartir justicia tomen conciencia del daño que le está causando a las instituciones un procedimiento al margen de las restricciones que tiene un Estado de derecho”, concluyó.