El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a un centenar de empresarios que estaban imputados en un tramo que se seguía investigando del caso conocido como “cartelización de la obra pública”, en el que la expresidenta ya está elevada a juicio y que es derivado de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga un esquema de pagos ilegales a funcionarios públicos de parte de empresarios del mundo de la construcción.

La parte por la que Ercolini acaba de sobreseer a Cristina Kirchner tiene que ver con movimientos de dinero revelados por el financista arrepentido Ernesto Clarens relacionados con la adjudicación de obras por la Dirección Nacional de Vialidad a decenas de empresas.

Los investigadores judiciales consideraron que no hay pruebas suficientes para creer que existió un esquema de cartelización de la obra pública vial a cambio del pago de coimas a los entonces funcionarios públicos encargados de adjudicarlas.

Con este fallo, tanto Cristina como casi 120 empresarios fueron sobreseídos por el delito de asociación ilícita y por algunos hechos de cohecho -pago y recepción de coimas-, aunque la mayoría de ellos ya habían sido enviados a juicio por el delito de cohecho, recordó La Nación.

Por esta causa habían sido citados más de cien empresarios que recibieron obra pública durante el kirchnerismo y que habían aparecido en los listados aportados del financista Ernesto Clarens. El juez Claudio Bonadío había dictado sus procesamientos por asociación ilícita y cohecho, y luego la Cámara Federal acreditó la existencia de los delitos pero marcó una diferencia entre los empresarios implicados, al considerar que no todos los que recibieron obras debían estar procesados.

Si bien la decisión del juez en esta ocasión fue sobreseer a la mayoría de los imputados, se encargó de aclarar en el fallo que la corrupción existió y que los “sucesos fueron concretados en el marco de una organización delictiva, integrada por funcionarios del, por aquel entonces, Poder Ejecutivo de la Nación, en relación a los cuales oportunamente se ordenó el procesamiento y se dispuso su elevación a juicio oral”. Esta resolución judicial estuvo abocada solamente a investigar la responsabilidad de los empresarios en relación a algunas entregas de dinero al financista Ernesto Clarens y a José López.

Las situaciones procesales de todos estos imputados estaban pendientes de resolución porque la Cámara Federal había encomendado a Bonadío dictar un nuevo fallo. Bonadío falleció en febrero de 2020. Ercolini subroga su juzgado.

Después de la ejecución de diversas medidas de prueba, Ercolini concluyó que “no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio”. Y agregó: “La solución aquí adoptada se centra exclusivamente en los reproches cursados a partir de las obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, y no así, respecto de las obras otorgadas en el marco de la Secretaría de Energía que también fueran materia de imputación en este legajo”.

Entre los empresarios que fueron favorecidos con este fallo se encuentran Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Juan Chediak, Fabián De Sousa, Cristóbal López y Eduardo Eurnekian. Todos ellos ya elevados a juicio por la parte central de este caso. En la misma situación están Julio De Vido, López y Ernesto Clarens, también sobreseídos en el fallo de Ercolini.

En febrero de este año la Cámara de Casación confirmó el procesamiento de la vicepresidenta en el expediente troncal del caso cuadernos. Fue un duro revés para Cristina Kirchner en el universo de causas que surgieron a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Esa causa está en la instancia del juicio oral y público, y el Tribunal Oral Federal 7 recibió la semana pasada los recursos que le pidió durante años a la Corte Suprema para avanzar en la instrucción suplementaria del caso y eventualmente fijar una fecha de inicio para el proceso oral.

La única parte querellante en esta causa es la Unidad de Información Financiera (UIF), con escasa actividad en el expediente, por lo que posiblemente no apele la decisión judicial.

El único procesamiento

En la misma resolución judicial a la que accedió La Nación, Ercolini procesó a Horacio Dalla Tea, un ingeniero que ofició de gerente en la constructora CPC, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quien encontró responsable por tres actos de cohecho activo. Si bien López y De Sousa ya fueron elevados a juicio en el marco de esta causa, ahora Dalla Tea fue procesado por haber sido quien entregó las sumas de dinero a Clarens, quien luego las entregó al exsecretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz y al exsecretario de Obras públicas José López, de acuerdo con la investigación.

Al referirse a uno de los hechos por los cuales procesó a Dalla Tea, Ercolini describió los beneficios recibidos por la empresa de López y De Sousa: “Se trató precisamente de una de las obras adjudicadas por intermedio del sistema ilegal investigado en este legajo. Recuérdese que Clarens afirmó haber recibido instrucciones de José Francisco López, por parte de Cristina Elisabet Fernández, para que dicha obra le fuera asignada a Cristóbal López, siendo que, en concreto, le pidieron que llamara a todas las empresas que habían comprado el pliego para que se retiraran. Como consecuencia de todo lo expuesto, se entiende acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad que le cabe a Gustavo Horacio Dalla Tea, a partir de su intervención en los mismos”.

Al empresario Hugo Dragonetti, dueño de la firma Panedile, Ercolini le dictó la falta de mérito.