De ANÁLISIS
El Tribunal Oral Federal de Paraná, condenó este martes a tres profesionales que asesoraban para evadir impuestos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata del abogado Roberto Ibáñez Izaguirre y los contadores públicos Salvador Luis Morelli y Sergio Oscar de Araquistaín, quienes recibieron la inmediata prisión preventiva domiciliaria morigerada bajo control de tobillera o pulsera electrónica y responsabilidad de un tutor.
El TOF constituido por Noemí Berros, Roberto López Arango y Mariela Emilce Rojas (subrogante), arribó al veredicto por unanimidad y lo comunicó este mediodía. Los fundamentos completos se conocerán el 8 de junio a las 13.
Los vocales rechazaron los planteos defensivos y absolvieron a la abogada y empleada de AFIP, Alicia Ibáñez (madre de Roberto Ibáñez) de los delitos de autora de la Asociación ilícita fiscal, por el que fue acusada por la querella en el plenario. Además, dispusieron el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ella.
En cambio, el tribunal decidió condenar a Roberto Mario Izaguirre coautor penalmente responsable del delito de Asociación ilícita fiscal como miembro o integrante y lo condenó a 5 años y 3 meses de prisión y le impuso 90 mil pesos de multa.
También condenaron a Morelli como coautor del mismo delito que Izaguirre y le impusieron 5 años y 3 meses de prisión y multa de 90 mil pesos.
Declararon a De Araquistaín como coautor de la Asociación ilícita fiscal como miembro o integrante y lo condenaron a 6 años y 3 meses de prisión y le impusieron 90 mil pesos de multa.
Los jueces decidieron, además, revocar las excarcelaciones y decretaron prisión preventiva domiciliaria morigerada para Izaguirre, Morelli y De Araquistaín hasta que la condena adquiera firmeza. La medida se hizo efectiva de modo inmediato.
El tribunal determinó, también, el decomiso de bienes de los condenados, conforme fueron individualizados en el proceso. Asimismo, se intimó a los condenados a que efectivicen las multas a los diez días de quedar firme la sentencia.
El veredicto del TOF también ordenó extraer los testimonios de tres testigos, de apellidos Heguel, Rodríguez y Petrucci y enviarlos al agente fiscal federal para que investigue el presunto delito de falso testimonio.
Inmediata prisión domiciliaria morigerada
En otro orden de cosas, el tribunal dispuso la inmediata prisión domiciliaria morigerada de los tres condenados y dio los fundamentos. Los jueces destacaron que los condenados transcurrieron el proceso excarcelados y dispusieron que el control de la restricción impuesta se ejerza con tobillera o pulsera electrónica y tutor responsable.
“Se trata de examinar si las condiciones de los condenados, autorizan a presumir la existencia de algún riesgo procesal”, consideró el tribunal y agregó que los condenados “son sujetos altamente socializados”, con “altos niveles socioeconómicos”, que alcanzaron títulos universitarios y tienen “recursos simbólicos”, económicos, de “elevado estatus social”, posición “media alta” y “buen pasar económico”, que ostentan vínculos de amistad en el país y el extranjero. Cualquier persona con esas condiciones y las penas podría intentar eludirlas, circunstancias que habilitan a los jueces a advertir la posibilidad de fuga.
El caso
Los condenados llegaron al TOF investigados por delitos de cuello blanco, simulaciones de pago a la entidad recaudatoria ofrecidas a distintas empresas y una defraudación que superó los 10 millones de pesos durante 2011, cuyo cálculo a la actualidad equivaldría al millón de dólares. Las firmas contactadas por los abogados y contadores son todas del rubro de la construcción y hubo compensaciones para Caballi SA de Miguel Marizza; Constructora del Norte (actualmente disuelta) de Guillermo Galeazzo; T&H Construcciones de Héctor Ricardo Turco Salé.
El juicio comenzó en febrero pasado ante el tribunal que preside Noemí Berros e integran Roberto López Arango y Mariela Emilce Rojas. Los representantes del Ministerio Público Fiscal son Ignacio Candioti y Juan Podhainy. Y los defensores José Velázquez; Miguel Cullen y Damián Petenatti y Francisco Avero.
Gustavo Bordet aseveró que no tiene nada que ver con los hermanos Tórtul, investigados en una causa por corrupción que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Los fiscales Gamal Taleb y Leandro Dato coincidieron en señalar que la denuncia de la defensa del ex gobernador es “claramente de una pretensión de –indebidamente- dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri”.
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