N.B. de ANÁLISIS

Dos abogadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alegaron este martes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, en el marco de un debate que enjuicia a un grupo de cuatro personas que asesoraba para evadir impuestos.

Las abogadas Marina Núñez y María Florencia Sieber pidieron la prisión preventiva para los imputados. Este martes, ante el TOF, describieron la responsabilidad de los abogados Alicia Aurora Ibáñez y Roberto Ibáñez Izaguirre (madre e hijo); y los contadores públicos Salvador Luis Morelli y Sergio Oscar De Araquistaín.

Para De Araquistaín, solicitaron 7 años y medio de prisión, al considerarlo jefe y organizador de una asociación ilicita que tenía como objetivo engañar al fisco a traves de simulaciones de pago de impuestos por parte de empresas de la construcción.

Para Morelli y Roberto Ibáñez las abogadas solicitaron 6 años y medio de prisión, al considerarlos organizadores de la asociación ilícita. 

Por último, para Alicia Ibáñez (exfuncionaria de AFIP, está jubilada) pidieron 3 años y medio de prisión, al considerarla integrante de la asociación ilícita.

Cabe subrayar que las querellantes pidieron la prisión preventiva para los cuatro, algo poco común cuando se trata de presuntos responsables por delitos de cuello blanco. Además, reclamaron el decomiso de bienes de De Araquistaín, que posee viñedos en Mendoza y el decomiso de bienes de Morelli, con propiedades en Estados Unidos. Las letradas de AFIP consideraron que se trata de propiedades y cuentas bancarias producto de la defraudación al Estado.

Núñez y Sieber alegaron sobre simulaciones de pago a la entidad recaudatoria, ofrecidas a distintas empresas y una defraudación que superó los 10 millones de pesos durante 2011, cuyo cálculo a la actualidad equivaldría al millón de dólares. Las firmas contactadas por los abogados y contadores son todas del rubro de la construcción y hubo compensaciones para Caballi SA de Miguel Marizza; Constructora del Norte (actualmente disuelta) de Guillermo Galeazzo; T&H Construcciones de Héctor Ricardo Turco Salé.   

El juicio comenzó en febrero pasado ante el tribunal que preside Noemí Berros e integran Roberto López Arango y Mariela Emilce Rojas. Los representantes del Ministerio Público Fiscal son Ignacio Candioti y Juan Podhainy. Y los defensores José Velázquez; Miguel Cullen y Damián Petenatti y Francisco Avero.

El debate pasó a un cuarto intermedio y se retomará el próximo martes con los alegatos de los fiscales.

Maniobras y roles

La abogada Núñez aseguró que AFIP Paraná detectó en 2011 “maniobras para defraudar al fisco por parte de empresas constructoras”. Contó cómo hicieron para descubrir un patrón común, que observaron secuencias de declaraciones juradas que incluían retenciones, advirtieron que las retenciones existían, que los agentes y las agencias de retención también pero no coincidía el sujeto retenido.

Núñez y Sieber se apoyaron en filminas que exhibieron  en la sala de audiencias, donde se fue graficando un esquema de maniobras y roles de los imputados.

“Detectamos una simulación dolosa de pagos”, dijo y señaló que el control de AFIP se vio dificultado. Contó que las transacciones fueron efectuadas por “transferencia virtual”, luego de que los empresarios cedieran las claves fiscales. “Fue como entregar las claves del cajero automático”, comparó y agregó: “Se modificaron las declaraciones juradas al efecto de las retenciones”.

La abogada advirtió que las empresas mencionadas precedentemente no fueron “los únicos clientes de este grupo” y nombró también a Szczech & Szczech y Dimet, algunas de las cuales tuvieron causas abiertas que concluyeron por la “aplicación de la ley más benigna”. “Procesos con defraudaciones que quedaron por debajo del umbral de 500.000 pesos”, acotó. Dijo que aplicaron un sistema de control de AFIP, llamado SICORE, a partir del cual obtuvieron información de interés para la investigación. Habló de “retenciones falsas o mellizas”, es decir que los imputados “duplicaron las retenciones” de las empresas.

Núñez recordó una denuncia anónima que señalaba a los imputados, de octubre de 2014, recordó allanamientos y retomó mensajes de whatsapp y anotaciones personales de los abogados y contadores. “En algunas anotaciones e habla de las preocupaciones, por ejemplo porque Marizza ya había advertido que si no aparecía el dinero que le debían, cantaba. Y no le pagaron y cantó”, apuntó la abogada de AFIP.

Refirió después a una cooperativa que habían armado los imputados, llamada CAEL, a la cual calificaron de “fachada”. “No eran cooperativa, tenían monotributistas de asociados que no sabían que lo eran. Mencionó distintas firmas con un mismo domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y señaló que cuando la causa se abrió en la Justicia Federal local, no fue sencillo encontrar a un juez que pueda hacerse cargo. “La estrategia de defensa cuando se descubrió fue atacar a todos y con algunos funcionó pero no con todos”, apuntó.

La abogada describió una “organización para defraudar al fisco, estamos en presencia de una organización criminal perpetrada para cometer delitos contra el fisco”.

Por su parte, la abogada Sieber se ocupó de describir el rol de cada uno de los imputados y aseguró que “los fondos fueron para sus bolsillos porque al fisco no ingresó”. “Hubo maniobras desplegadas para afuera y para adentro de la cooperativa (CAEL)”, indicó.

Dijo que Roberto Izaguirre estaba ocupado de “captar clientes y ofrecer el mecanismo para defraudar el fisco. Un mecanismo de no fácil comprensión y los clientes pagaron por ese servicio, se ganaron la vida a través de estos mecanismos”. Agregó que Morelli tenía un rol más activo dentro de la cooperativa CAEL y también se ocupaba de “captar clientes” y “traer el negocio”. Ibáñez, en tanto, “usaba los accesos a AFIP para traficar información”.

Un empresario fue condenado por simular pagos a la AFIP mediante certificados falsos