El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, por mayoría, destituir al titular del Juzgado Laboral Nº 1, de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores.

Flores fue denunciado por violencia laboral y mal desempeño de su función por Ángel Amadeo Fernández, Matías Melgares y María Natalia Bordín.

El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por la abogada Verónica Mulone e integrado además por el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y Luis Leissa por el Colegio de la Abogacía

Por el Ministerio Público Fiscal participó el procurador general Jorge Amílcar García, mientras que la defensa técnica de Flores fue ejercida por la abogada Patricia Valín y el abogado Miguel Ángel Cullen.

El juicio se desarrolló entre el 2 y el 8 de mayo pasados en el Salón de Actos del STJ, difundiéndose a través del Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación los alegatos de apertura y de clausura, publicó Entre Ríos Ahora.

La acusación estará a cargo del procurador general de la provincia Jorge Amilcar García y Miguel Ángel Cullen será el abogado defensor de Flores.

En diciembre último, y con voto unánime, los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento resolvieron abrir causa al juez Flores, denunciado por los abogados Ángel Amadeo Fernández, Matías Exequiel Melgares y María Natalia Bordin, patrocinados por Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, bajo los cargos de “mal desempeño, incumplimientos funcionales y/o graves desórdenes de conducta”. El Jurado, además, dispuso apartar al magistrado de sus funciones, y retenerle el 30% de su salario, medida que se mantendrá hasta el inicio del proceso de jury en su contra.

Flores, oriundo de La Paz, lleva varios años en el Poder Judicial: estuvo en los tribunales de Paraná y desde 2017 está a cargo del Juzgado Laboral Nº 1, de Concepción del Uruguay.

La acusación más dura proviene de la abogada María Natalia Bordin, contra quien –aseveran los denunciantes- el juez “ha emprendido una cerril, ilegal, ilegítima y hasta patológica persecución y sistemático plan de denigración y desgaste, a quien no bastó con sus acosos laborales para obligarla a renunciar a su cargo de Secretaria Letrada interina, sino también a su propio cargo titularizado de Oficial Principal, sin perjuicio de que en la actualidad, aunque parezca inverosímil y desopilante, le ha prohibido su ingreso físico al juzgado, lo que no sólo la mortifica y discrimina de modo alevoso e impropio, sino que además le impide el libre ejercicio de su profesión de letrada del foro, habiendo el denunciado, de modo artero, falaz y miserable, efectuado una denuncia penal contra ella, aduciendo que lo habría amenazado, a lo que adicionan que este último hecho suma un suceso singular como lo es que el propio juez resulta sujeto activo del delito de falsa denuncia”.