F. M., padre de un niño de 10 años al que no puede ver hace 270 días, se comunicó con ANÁLISIS para denunciar lo que a su entender constituye “una falta grave y un exceso en las atribuciones” de un juez de Paz, que desoyó una orden de revinculación emanada de un Juzgado de Familia y dispuso una severa medida de restricción.

La situación se remonta a varios años atrás, cuando F. M. se divorció de la madre de su hijo. Desde entonces, afronta obstáculos para desarrollar un vínculo con el niño, al que en otro período no pudo ver durante un año.

En un Juzgado de Familia de Paraná tramita un expediente en el marco del cual una magistrada ordenó la revinculación de padre e hijo en el mes de noviembre pasado. “Pero cuando fui a buscar a mi hijo, tal como ordenó la jueza, la madre no solo no me lo dio, sino que ese mismo día hizo una denuncia en el Juzgado de Paz de Oro Verde y el juez a cargo dictó una restricción en base solo a un relato inverosímil e incongruente, demostrando en las ineptas manos que se encuentran todas las familias de esa comunidad”, contó F. M.

Lo que cuestiona es que el magistrado a cargo haya adoptado medidas en una situación que le es ajena, dado que desde hace años está en manos de un Juzgado de Familia. “Entiendo que tiene que recibir la denuncia, por supuesto, pero debería haber derivado las actuaciones al Juzgado de Familia, y no adoptar medidas desconociendo los antecedentes”, advirtió.

Antes, F. M. fue denunciado por la madre de su hijo en reiteradas oportunidades por diversos motivos y, según cuenta, consta en el expediente que “hasta el momento no se ha podido comprobar ninguno”. Considera que esto también debió ser tenido en cuenta a la hora de decidir una medida de tal magnitud que vulnera los derechos universales del niño.

El juez de Paz le impuso al padre una restricción por cuatro meses respecto de su hijo. Hubo un reclamo ante el magistrado y la respuesta fue, al término de la restricción, renovarla por tres meses más, pese a que la misma se encontraba apelada en el fuero de Familia.

“Es importante no solo denunciar estas situaciones, sino darlas a conocer porque nuestros niños y sus progenitores se encuentran en estado de vulnerabilidad de alguien que desconoce cuestiones básicas del funcionamiento legal, desoyendo a las partes y pasando por encima de jueces que entendían en el tema. Y lo más graves es que mantiene una medida preventiva sin tener pruebas y quitándole al mi hijo un tiempo valioso de su niñez que él y yo no recuperaremos jamás”, concluyó F. M.