Alcides Giménez Zorrilla, el fiscal que investiga al senador nacional Edgardo Kueider, detenido en Paraguay luego de trasladar una abultada suma de dinero sin declarar -200 mil dólares, 600 mil pesos argentinos y casi cuatro millones de guaraníes-, señaló que los delitos por los cuales se lo investiga prevén "una pena punitiva de seis meses a cinco años".

"En principio es tentativa de contrabando; una vez que tengamos algunos informes oficiales de las entidades tendremos un panorama mucho más claro de lo que realmente pretendió hacer, por no haber declarado el ingreso de la suma de dinero al país", dijo el fiscal y apuntó que lo que se investiga es "contrabando y como delito conexo sería lavado de activos".

En declaraciones a radio Continental, Giménez Zorrilla explicó: "En Paraguay tenemos una etapa preparatoria para un eventual juicio o acusación fiscal. Al momento de que la Fiscalía presenta imputación, ha requerido cuatro meses para tener ese panorama".

“Hemos solicitado al juzgado que tiene la causa que los dos imputados permanezcan dentro del territorio de la República de Paraguay mientras dure la investigación. La forma, modalidad y lugar ya le correspondería a la defensa y al juzgado ver y determinar el lugar. En este caso, los abogados defensores propusieron ese lugar y el juzgado lo aceptó”, respondió al ser consultado sobre el edificio de lujo en el que permanece Kueider junto a su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa.

Además, el funcionario paraguayo indicó que todavía se espera un informe para saber si existe o no la empresa a la que se refirió Kueider, al declarar que el dinero no era suyo y que acompañaba a Guinsel Costa a hacer un negocio en una empresa radicada en el país vecino.

"La investigación tiene una hoja de ruta y lo denominamos como la ruta del dinero, para saber su origen sea lícito o ilícito. Si no se justifica en forma legal, se extiende la investigación hacia otros tipos penales, en este caso lavado de activos", reiteró el fiscal.

Sobre una posible extradición del senador a la Argentina, afirmó que "eso ya es una decisión de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y un análisis jurídico que se pueda realizar sobre si es conveniente. El interés del Ministerio Público hoy es determinar la responsabilidad penal y, en su caso, si se demuestra, que reciba la sanción que determina la ley".