El abogado, ex juez y ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Enrique Pita, analizó la designación por decreto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Pita planteó que “realmente es sumamente preocupante desde el punto de vista de la regularidad institucional, que el Presidente haya recurrido a esta previsión constitucional que, lamentablemente, no fue revisada en la reforma del ‘94”. “Como coincide la mayor parte de los constitucionalistas, esta norma que le otorga al Presidente de la República la facultad de designar en comisión funcionarios o empleados que requieran acuerdo del Senado, no aplica a los jueces, y menos a los jueces de la Corte. En ese sentido, hay que recordar que la propia reforma constitucional del 94 estableció un procedimiento de designación de los jueces, tanto de la Corte como de las instancias inferiores, con una serie de requisitos que no traía la Constitución histórica”, advirtió.
Explicó que “la designación termina indefectiblemente el 30 de noviembre, al finalizar el periodo de sesiones, pero hay un vacío de la propia norma constitucional respecto a que, si después del 30 de noviembre en el Senado no le han dado acuerdo a los propuestos, ratifica y dicta un nuevo decreto prorrogando la designación provisoria. Es decir que esto puede tener una continuidad muy nociva en la medida en que son jueces designados que tienen una muy frágil situación institucional, porque puede terminar en cualquier momento y además, lo que el constituyente prevé que es jueces designados en forma vitalicia mientras dure su buena conducta les da una seguridad para las decisiones que adopten, pero en este caso tienen la espada de Damocles que en cualquier momento el Senado les niega el acuerdo o el Presidente al vencimiento no los prorrogue. Eso es una anomalía institucional bastante severa”.
Asimismo, consideró que “no hay diferencia” con lo ocurrido en la Presidencia de Mauricio Macri que intentó nombrar jueces de la Corte por decreto “porque las mismas críticas que uno le puede hacer al Presidente Milei por la decisión de designar en comisión a Lijo y a García Mansilla, se le hizo en su momento a la propuesta de Macri con Rosenkrantz y Rosatti”. “La única diferencia que puede constatarse es que la propuesta que hizo Macri apenas asumió, en el mismo decreto pedía el acuerdo, cosa que acá no ocurre porque el acuerdo estaba pedido antes”, advirtió.
En cuanto a “la trayectoria y reputación” de los nombrados en aquel momento y ahora, opinó que “es un tema difícil de evaluar, pero a simple vista, en el caso de Rosenkrantz es un jurista reconocido, que intervino en la Convención Constituyente del 94 y viene de la actividad profesional, y en el caso de Rosatti también es un constitucionalista destacado, profesor de derecho constitucional en la Universidad del Litoral desde hace mucho tiempo y que tiene un tratado de derecho constitucional muy reconocido. Los niveles científicos y estándares académicos estaban cumplidos. En estos casos de ahora, por lo que se ve y se puede constatar, García Mansilla responde un poco a ese perfil, no así el caso de Lijo que es la figura más controversial de este proceso”.
En este marco, consideró que los actuales jueces de la Corte “tienen facultades” para frenar esta situación “y la Corte en otros casos ha actuado en forma inmediata, como fue ante la ley de democratización de la justicia que promovió Cristina Kirchner, y decretó la invalidez de esa norma”. “Me llamó un poco la atención la decisión de ponerlo en funciones a García Mansilla, y eso nos está indicando que la Corte no advierte inconvenientes. Incluso hay amparos y planteos de medidas cautelares en trámite por la vulneración del equilibrio de la paridad de género, al no haber incorporado ninguna mujer. Y hay una ONG muy activa que ha hecho un planteo, pero la decisión de la Corte de ponerlo en funciones nos está indicando que los tres miembros actuales de la Corte no advierten claramente una infracción de tipo constitucional”, refirió.
Agregó que “pareciera que la única disidencia que se ha planteado es respecto a Lijo, pero no hacia su persona sino al hecho de la licencia que pidió como juez federal de Comodoro Py, la cual se la concedió, teóricamente en primer lugar, la Cámara Federal de Casación, y sin duda ahora en la Corte hay opiniones encontradas. Es probable que Lorenzetti esté a favor de la licencia de Lijo y los otros dos ministros no, cosa que complica la situación porque si ahora se incorpora García Mansilla hay que ver qué opina de esa licencia. A lo mejor quedan dos a dos”.
Consultado por las coincidencias con lo sucedido con la Corte durante el menemismo, Pita afirmó: “Yo no lo advierto por ahora, porque mientras tanto tenemos tres ministros de la Corte que tienen pergaminos suficientes y además tienen estabilidad en el cargo. Pero, obviamente que ese camino equivocado que, en alguna medida, quiso enmendar la reforma constitucional del 94, se puede volver a recorrer”. “Acá lo que ocurre es que la política en general debe ponerse de acuerdo y buscar nombres, hombres o mujeres, con los cuales todo el mundo esté de acuerdo, y es fácil encontrar eso. Decir alguien que no pertenece a mi línea política, no suscribe a mis ideas políticas, pero es una persona que tiene diplomas académicos y un indiscutido comportamiento personal y profesional. No es tan difícil”, sentenció.
Sobre el camino legislativo necesario para que Lijo y García Mansilla sean designados, explicó que “ninguno de los dos pliegos está aprobado, pero tampoco están rechazados. Lijo tiene, por un voto, dictamen favorable de la comisión de acuerdos del Senado, y ahora tiene que ir al pleno del Senado y reunir los dos tercios de los votos para la designación como pide la Constitución. Mientras que García Mansilla sí fue a las entrevistas que se hicieron, con todo el tramite previo, pero no tiene dictamen favorable de la comisión de acuerdo del Senado”.
Justicia provincial
En otro orden de temas, sobre la situación de la justicia entrerriana y las causas por corrupción, Pita evaluó que “al menos en la conformación institucional el Superior Tribunal de Justicia está completo, y hay algunas decisiones polémicas que hay que ver qué curso siguen”.
“Yo actué como defensor de la doctora Cecilia Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento y ese es un tema que también nos preocupa, pues la Corte se pronunció en el sentido de que el procedimiento mediante el cual fue removida Goyeneche fue irregular y tiene serios vicios de trámite. La Corte ya lo resolvió, quedó sólo una cuestión accesoria y secundaria que son las cosas que es lo que está demorando que el expediente baje a Paraná. Esto es importante, porque una pieza central en la investigación de los delitos, sobre todo los que afectan a la administración pública, es el Ministerio Público Fiscal, y creo que la resolución por unanimidad de la Corte es un hecho que va a modificar todo y la reincorporación de la doctora Goyeneche en el Ministerio Público Fiscal va a dinamizar todas estas cuestiones y procesos pendientes”, concluyó.
