Marcelo Lischet y Daniela Brumatti.
El abogado Pablo Testa, apoderado y secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia y pidió que investigue a los responsables de las empresas que forman la Agrupación Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte público urbano hasta el 6 de diciembre inclusive. En efecto, los mencionados en la presentación judicial son Marcelo Lischet en su carácter de Socio Gerente de Trasporte Mariano Moreno SRL; y Daniela Brumatti en su carácter de Gerente General de ERSA Urbano SA. Ambos fueron denunciados por tres hechos que podrían encuadrar en “delitos de Entorpecimiento de Servicios Públicos (Art. 194 del Código Penal) e Intimidación Pública (Art. 211 del Código Penal)”.
Dieron de baja del control de monitoreo a la Municipalidad
Según se relató en la denuncia a la que accedió ANÁLISIS, desde el municipio tomaron “conocimiento de que los permisos que tenía esta Municipalidad para acceder al sistema de Control por Monitoreo EFISAT, fueron dados de baja por parte de los responsables de las empresas concesionarias, sin aviso previo y justificación alguna. Tal situación, menoscaba y entorpece el normal funcionamiento del trasporte de pasajeros urbano de la ciudad de Paraná, como así también hay una clara desobediencia a la autoridad administrativa, por incumplimiento a obligaciones asumidas frente a este municipio por parte de los denunciados”.
En la presentación judicial se recordó que el contrato de Prestación de Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, con Buses Paraná Agrupación, tiene “fecha 2/01/2018 como consecuencia de haber sido adjudicatarios de la Licitación Pública Nª 46/17”. “Mediante dicho documento, ambas partes asumieron obligaciones recíprocas dentro de las cuales las empresas concesionarias del servicio se obligaron a permitir y cooperar en las tareas de fiscalización y contralor que disponga efectuar el órgano de aplicación, en todo lo que haga a la explotación del Servicios, al cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas y Resoluciones y especialmente al de las condiciones de la Concesión. Asimismo, se menciona en dicho contrato que los funcionarios o agentes encargados de la fiscalización podrán requerir la intervención judicial para asegurar el cumplimiento de sus funciones. También la concesionaria se obligó a cumplir con las órdenes emitidas por la Autoridad de Aplicación. Asimismo, cabe remarcar que el contrato se encuentra vigente hasta el 6 de diciembre de 2025”.
Habrían llevado menores alcoholizados a la Rotonda del Indio
El segundo episodio relatado en la denuncia especifica que el “23 de noviembre de 2025, tal como surge del informe de novedades de la Policía de Entre Ríos, se ha suscitado un hecho en el cual intervino una unidad de la empresa concesionaria, en el marco de la falta de control acaecida por la baja del sistema EFISAT. El parte novedades de la Policía d Entre Ríos, menciona lo siguiente: “D.G.D.P- DPTAL. PARANA (Cría. Primera) Fecha y hora: 23/11/2025- 06.10. Asunto: Concentración masiva de jóvenes en el Rosedal / Rotonda Danza del Indio. Hecho: Se detectó una llegada masiva de jóvenes en colectivos de la empresa ERSA al Rosedal y la Rotonda de la Danza del Indio. La mayoría de ellos son menores de edad y presentaban señales de intoxicación alcohólica. Los colectivos hicieron descender a los jóvenes en un sector no habilitado (Rotonda de la Danza del indio), sin protocolo de seguridad ni supervisión, según registraron las cámaras del 911. Este descenso sin control constituye un grave riesgo para la integridad física de los menores. El chofer del interno 3839, P.E.M. (NdR: sus datos personales se omiten en la pieza periodística), declaró que se trataba de ‘viajes privados muy bien pagos’ y que continuarán operando pese al ‘descontrol total’. Personal de Comisaría Primera intervino para garantizar la seguridad de los menores y la tranquilidad de los vecinos, y realizará un informe para que se notifique formalmente a la empresa ERSA sobre la gravedad del evento, advirtiendo posibles responsabilidades legales”.
En la denuncia lo entendieron como “actos realizados de manera deliberada y en una clara acción de boicot contra este gobierno municipal que ha hecho enormes esfuerzos para la puesta en marcha de un nuevo sistema de trasporte urbano de pasajeros el próximo 7 de diciembre”.
“Deberá en este punto la Fiscalía evaluar la citación de los responsables de las empresas entendiendo que, no es posible que esto haya sucedido sin su directa intervención. Es evidente que los incumplimientos previamente relatados en relación a la baja de manera unilateral del usuario del Sistema de Control EFISAT indispensable para el monitoreo en tiempo real de unidades y servicios, ha impedido la fiscalización de los mismos con el claro fin de realizar acciones como las ocurridas en el Parque Urquiza”, subrayaron.
Advirtieron que impedirán la salida de nuevas unidades
Por último, en la presentación judicial se informó que “en fecha 18 de noviembre de 2025, recibimos por parte de la nueva concesionaria San José S.A. Unión Transitoria, por medio del Expediente Municipal Nª 26849/2025, el planteo de una situación en donde representantes del Sindicato de los Conductores han manifestado que impedirán la salida de las nuevas unidades de la empresa que operará a partir del 7 de diciembre, y que bloquearán tal operación, bajo la pretensión de que esta cocesionaria incorpore la totalidad del personal de la prestataria saliente”.
“Está claro que las acciones denunciadas y las manifestaciones realizadas por parte de representantes de UTA, en una clara connivencia con la empresa ERSA URBANO S.A. Y BUSES PARANÁ, no hace más que reflejar un claro acto de intimidación pública, tipificado en el Código Penal en el artículo 211, como corolario a la suma de acciones que se han venido dando en la no prestación del servicio, dado que la empresa saliente no ha logrado –como otras veces-, una prórroga de la concesión -casi automática- para seguir lucrando a pesar de la pública y notoria irregular prestación del servicio”, consideraron en la denuncia.
Plantearon como “indispensable las actuaciones de la Procuración General y con ello la debida intervención de la fuerza pública con todo el poder que el Estado tiene, a los fines de garantizar la paz pública y evitar que los ciudadanos de Paraná nos veamos en la situación de rehenes de algunos inescrupulosos, que con el solo fin de defender sus intereses particulares utilizan a trabajadores y ponen en riesgo a menores y ciudadanos transportados, para intimidar a las autoridades públicas”.
