La abogada y empleada del Poder Judicial Marta Cecilia Miño solicitó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos la apertura de un juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina. La presentación, registrada en el Expediente Administrativo N° 3580, constituye la tercera denuncia contra la magistrada, luego de otras dos que ya se encuentran en tratamiento en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
La nueva denuncia atribuye a Medina mal desempeño, abuso de autoridad y violencia institucional, a partir de una serie de hechos que —según se detalla en el expediente— incluyeron un traslado compulsivo, hostigamiento laboral, la apertura de un sumario contra la propia denunciante y un grave deterioro de su estado de salud.
Traslado sin fundamentos y vaciamiento de funciones
Entre los hechos denunciados, Miño señala que en octubre de 2023 fue trasladada de manera unilateral e inconsulta desde la Sala Civil y Comercial N° 2 a la Oficina de Gestión Única (OGU), mediante la Resolución N° 758, firmada por la propia Medina.
Según la presentación, el traslado se concretó sin asignación de tareas específicas, lo que es caracterizado como una sanción encubierta y una forma de vaciamiento funcional.
La denunciante vincula esta decisión con su renuncia al sindicato judicial UEJN, organización gremial a la que Medina estaría políticamente alineada.
Hostigamiento en la Oficina de Gestión Única
Una vez en la OGU, Miño afirma haber sido víctima de mobbing laboral por parte de la coordinadora del área, Cecilia Palavecino. La denuncia describe episodios reiterados de destrato, descalificaciones, omisiones deliberadas en la comunicación y expresiones discriminatorias, entre ellas el uso del término “mogólicos” para referirse a errores laborales.
Estos hechos dieron origen a un expediente por violencia laboral (Expte. N° 16/2025), que —según consta en la presentación— contó con dictámenes técnicos favorables a la denunciante.
De denunciante a sumariada
Uno de los puntos centrales del pedido de juicio político es que, lejos de activarse mecanismos de protección, el Superior Tribunal de Justicia —bajo la presidencia de Medina— habría dispuesto la apertura de un sumario administrativo contra la propia denunciante.
La presentación sostiene que esta decisión implicó una inversión de la carga institucional, en contradicción con la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los protocolos vigentes en el ámbito judicial.
Además, se acusa a Medina de haber intervenido directamente en resoluciones que rechazaron recusaciones y recursos presentados por Miño, lo que —según la denuncia— configuró una situación de falta de imparcialidad, al actuar simultáneamente como autoridad acusadora y decisora.
Deterioro de la salud y conflicto por licencias médicas
El expediente también documenta un deterioro significativo en la salud física y psíquica de la denunciante. Entre los certificados médicos acompañados figuran diagnósticos de hipoacusia neurosensorial bilateral, atribuida al ambiente laboral, además de cuadros de estrés, depresión y cefaleas persistentes.
Miño sostiene que Medina desconoció dictámenes médicos y psicológicos que recomendaban su apartamiento del entorno laboral hostil, promovió juntas médicas y la habría amenazado con sanciones disciplinarias por inasistencias justificadas.
Los cargos formulados
En función de los hechos detallados, la denunciante solicita la destitución de Susana Medina por:
- Abuso de autoridad y desvío de poder
- Violencia institucional y de género
- Violación del debido proceso y del derecho de defensa
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
La presentación sostiene que esta nueva denuncia se suma a otras dos ya ingresadas y en análisis legislativo, en un contexto en el que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados deberá evaluar si corresponde avanzar con el procedimiento previsto por la Constitución provincial.
