La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que ratifica el ingreso del gobierno provincial al Consorcio Interjurisdiccional Regional denominado Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná, una iniciativa que apunta a dar una respuesta regional y de largo plazo a la problemática de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de la capital entrerriana y zonas próximas.
El expediente había llegado en revisión desde el Senado y fue trabajado en las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales, que preside la diputada María Elena Romero (JxER), y de Recursos Naturales y Ambiente, encabezada por el diputado Juan Rossi (JxER). La norma valida el convenio constitutivo del consorcio y formaliza la creación del Parque Ambiental del Gran Paraná y Zonas Próximas.
El ente estará integrado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, los municipios de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, junto con las comunas de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, estas últimas del departamento Diamante.
Durante el debate en el recinto, Romero subrayó el carácter estratégico del proyecto y remarcó que “hablar de esta iniciativa es hablar de tres conceptos fundamentales que deberían guiar toda política pública responsable: consenso, economía circular y austeridad”.
En ese sentido, la legisladora sostuvo que “los problemas complejos no admiten soluciones individuales” y que el cuidado ambiental debe estar vinculado al desarrollo y al trabajo, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.
La diputada señaló que se trata de “un proyecto de ley de enorme trascendencia institucional, ambiental y social para nuestra provincia” y aclaró que el convenio “no es solo una herramienta administrativa, sino una decisión política estratégica frente a una problemática que atraviesa límites municipales y requiere respuestas colectivas, planificadas y sostenidas en el tiempo”.
Uno de los aspectos centrales destacados en el debate fue el amplio consenso político e institucional que dio origen a la iniciativa. El proyecto surge del acuerdo entre el gobierno provincial, municipios y comunas del área metropolitana del Gran Paraná y zonas próximas, que reconocieron una realidad compartida: la gravedad ambiental, social y económica que generan los vertederos a cielo abierto y la ausencia histórica de políticas regionales integradas para el tratamiento de los residuos.
Ese diagnóstico común, remarcaron los legisladores, constituye uno de los principales valores de la propuesta. “Este proceso se apoya firmemente en nuestra Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de Municipios, que alientan la conformación de consorcios y entes interjurisdiccionales para abordar problemáticas comunes”, expresó Romero, quien enfatizó que “lejos de vulnerar autonomías, este esquema las fortalece, porque permite a los gobiernos locales cooperar desde la igualdad, con reglas claras y bajo un marco legal sólido y transparente”.
En el mismo sentido, la diputada defendió la figura jurídica adoptada. La mancomunidad, establecida por la Ley N.º 10.853 y ampliada por la Ley N.º 11.216, fue considerada “el instrumento más adecuado para este desafío”, tras un análisis técnico que incluyó experiencias similares en otras provincias del país. Según se explicó, el modelo prioriza la eficiencia y la austeridad, evitando la creación de estructuras innecesarias y nuevas cargas presupuestarias para municipios y comunas.
La economía circular aparece como uno de los pilares del proyecto. No solo como un concepto ambiental, sino como una política de desarrollo. La reducción, reutilización y reciclado de residuos, junto con su valorización económica, permitirían transformar un problema estructural en una oportunidad concreta para generar empleo, innovación y sostenibilidad, reduciendo de manera progresiva el volumen de residuos destinados a disposición final.
Desde esa perspectiva, el Parque Ambiental del Gran Paraná y Zonas Próximas se proyecta como un espacio estratégico donde confluyan la planificación territorial, la inversión pública y privada y la participación ciudadana. “No se trata únicamente de disponer residuos, sino de cambiar el paradigma de gestión, incorporando tecnología, indicadores claros y educación ambiental”, sostuvo Romero, al tiempo que remarcó la necesidad de una mirada de largo plazo que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.
Otro de los puntos valorados fue la institucionalidad construida a partir de la conformación de la Mesa de Gobernanza, integrada por representantes de cada una de las jurisdicciones que forman parte del consorcio. Se trata de un ámbito que viene funcionando sobre la base de acuerdos, reglamentos internos y la posibilidad de incorporar nuevos municipios, como expresión de una dinámica de diálogo y trabajo conjunto.
En ese marco, también se reconoció el trabajo de los equipos técnicos y de coordinación. En particular, se destacó la participación de Javier Manzo, coordinador del consorcio interjurisdiccional del Gran Paraná, como referente de un proceso que busca articular voluntades políticas y capacidades técnicas para que el proyecto no quede en una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en políticas públicas concretas.
“Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar en una política ambiental moderna, cooperativa y profundamente entrerriana”, afirmó Romero al cerrar su intervención. Y concluyó: “Sancionar este proyecto es ratificar un modelo de gestión basado en el consenso, la austeridad responsable y la economía circular como eje de desarrollo. Es asumir que los grandes desafíos se enfrentan mejor cuando lo hacemos juntos, desde cada territorio, pero con una visión regional, solidaria y de futuro”.
