La Municipalidad de Concepción del Uruguay ya protagonizó un episodio de impedimento a la información pública ambiental, cuando hace pocas semanas se la negó al vecino Gustavo Baccon quien pretendía acceder a un relevamiento sobre los humedales de esa localidad.

La Municipalidad contrató por 150 mil pesos y de manera directa a la Universidad de San Martín para realizar un informe sobre los humedales de Concepción del Uruguay; pero al momento de disponer esa información al público, niega su acceso.

Baccon para realizar ese trámite tuvo que pagar un sellado, algo que no está contemplado en las leyes vinculadas con el acceso a la información pública ambiental. Cuando presentó una segunda nota, esta vez al Honorable Concejo Deliberante, desde el Municipio le volvieron a exigir el pago de un sellado. Al señalar su derecho, el empleado consultó con un funcionario y desde arriba se bajó la orden que esta vez lo haga de manera gratuita. Esa nota está para análisis de los concejales, de los cuales algunos ya manifestaron que adherirán al pedido de acceso a la información y requerirán conocer dicho estudio sobre los humedales.

Es el caso de Aldo Montañana (partido vecinalista “Uruguay se puede”), quien compartió su preocupación por la situación. Indicó que supo de la negatoria para acceder a la información pública y del mismo modo manifestó que la situación no le era extraña ante la falta de cultura democrática que muchas veces expresa el Departamento Ejecutivo.

Desde el Departamento Ejecutivo manifestaron que por el momento no darán a conocer dicho informe porque forma parte de una estrategia judicial que presentarán ante la Cámara Contenciosa Administrativa, donde se sustancia una queja de un privado a raíz que el propio Municipio le impidió el uso de suelo que lo habilitaba para realizar un estudio de impacto ambiental.

Si en ese predio –propiedad privada- el municipio impide toda construcción antrópica porque dice que brinda un servicio ambiental, entonces el Estado no puede simplemente inmovilizar un capital de esa manera y, en cambio, debería expropiar, razonan desde el sector privado.

Nuevo pedido

Ahora, quienes realizaron un nuevo pedido de acceso a la información pública ambiental son dos instituciones clave de Concepción del Uruguay: la Cámara de Desarrolladores y el Centro Comercial (Cecom). En efecto, el 28 de julio ambas instituciones le remitieron al presidente del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, Ricardo Vales, un pedido de información pública ambiental, referido al informe sobre los humedales que dicho municipio encargó a la Universidad de San Martín y que por el momento nadie conoce sus alcances.

Este pedido de informes fue remitido por la Cámara de Desarrolladores Urbanos y por el Centro Comercial de Concepción del Uruguay, de acuerdo a la documentación a la que accedió ANÁLISIS, donde nuevamente debieron pagar tan solo para presentar dicho escrito.

El pedido de acceso a la información pública está relacionado con esta suerte de inventario de los humedales que se le requirió a la casa de altos estudios, pero ambas instituciones lo consideran de vital importancia en el marco de las ordenanzas que pretenden actualizar el Código de Ordenamiento Urbano, que también fue convocado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Ambas instituciones celebraron la iniciativa de modernizar el Código de Ordenamiento Urbano (COE) y desde su convocatoria vienen manteniendo una serie de reuniones con sus representantes y técnicos, pero ahora han manifestado su preocupación por el ocultamiento de información que consideran pertinente analizar para encuadrarla en los objetivos de una ciudad más ordenada desde lo urbanístico.

El propio Municipio de Concepción del Uruguay se comprometió por Ordenanza que para definir las zonas de protección ambiental “se tomará el inventario de humedales elaborado por la Universidad de San Martín ad hoc para el ejido Municipal”. Por eso tanto los Desarrolladores como el Centro Comercial se sorprendieron por este cambio de actitud y que se expresa en la negativa de dar a conocer algo que debería ser público, “es una clara falta a las leyes vigentes e incluso a la propia Constitución Nacional y Provincial”, se quejaron.

Por otro lado, la documentación a la que accedió ANÁLISIS, refleja que tanto los Desarrolladores como el Cecom le recuerdan al Municipio que “la información pública ambiental conforme la ley de presupuestos mínimos (21.381) y la Ordenanza N° 9876, habilita que la información requerida sea compartida con la ciudadanía en general y con nuestra institución en particular y no pueden ser negadas por no encontrarse dentro de las excepciones del artículo 7° de la Ley 25.831”.

Es más: el 12 de mayo pasado, el intendente Martín Oliva y el secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos, Miguel Arturo Toledo, emitieron la Resolución N° 48.390, donde dice textualmente: “Que, el Coordinador de Salud Ambiental Dr. Francisco Savoy, aclara que, debido al volumen de páginas del informe entregado, no se adjunta el Informe final recibido. Sin embargo, el mismo ya fue por él revisado y se encuentra disponible para cualquier consulta en la Dirección de Salud Ambiental”. Pero, esto tampoco lo están cumpliendo, de acuerdo a la dirigencia del sector mercantil y la vinculada con las constructoras y las inmobiliarias.