La presencia de la pastera UPM-Botnia sigue siendo motivo de conflicto ambiental y social y su rechazo se funda en su carácter contaminante del rio Uruguay y su entorno.
La postal se repite cada año, pero lejos de desgastarse, suma capas de sentido. Este 26 de abril, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú protagonizó su 22ª marcha al Puente Internacional General San Martín, en una nueva manifestación contra la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos. La jornada combinó movilización, memoria y denuncia, con una proclama extensa y contundente que volvió a poner en agenda un conflicto ambiental de más de dos décadas.
La protesta -que este año tuvo el lema “Sin agua no hay vida”- se desarrolló bajo la modalidad de caravana automovilística. A las 17, decenas de vehículos partieron desde Arroyo Verde -lugar histórico del reclamo- rumbo a la cabecera argentina del puente que conecta con el vecino país y que atraviesa el río Uruguay, símbolo central de la disputa. Tras llegar al enlace internacional, los manifestantes regresaron al punto de partida, donde se leyó la proclama consensuada por los asambleístas.
Una lucha que no se diluye
“No nos convoca la costumbre, nos convoca la urgencia”, afirmaron los organizadores en el inicio del documento. La frase sintetiza el espíritu de una movilización que, pese al paso del tiempo, insiste en denunciar lo que considera un daño ambiental persistente. El reclamo no es nuevo, pero sí renovado en sus argumentos: contaminación del agua, emisiones al aire, impactos acumulativos y falta de controles efectivos.
El eje más fuerte de la proclama volvió a ser la crítica a la actividad de UPM. Según la asamblea, la planta continúa vertiendo efluentes con sustancias como fósforo, nitrógeno y metales pesados en niveles que consideran preocupantes. También denunciaron episodios recientes, como derrames químicos y emisiones de gases con olor, que -afirman- afectan tanto a Gualeguaychú como a Fray Bentos.
“El río no es una cloaca industrial”, remarcaron, en una de las consignas más repetidas. La frase resume una postura histórica: el rechazo a la instalación de industrias consideradas contaminantes en la cuenca compartida.
Reclamos a dos orillas
La protesta no apuntó únicamente contra la empresa finlandesa. También hubo críticas hacia los gobiernos de Argentina y Uruguay, a quienes la asamblea acusa de complicidad o inacción. En particular, cuestionaron el funcionamiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada del monitoreo ambiental.
Entre los principales reclamos se destacan:
-La exigencia de monitoreos “reales y transparentes”.
-La defensa de la “soberanía ambiental” por sobre acuerdos comerciales.
-La implementación de políticas públicas sostenidas en materia de cuidado del agua.
-La instalación de sensores de calidad del aire prometidos hace más de 15 años.
La Asamblea denunció además que la información ambiental se publica con retraso, lo que impide conocer en tiempo real el estado del río y del aire.
El trasfondo legal: La Haya en discusión
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2010, que resolvió la controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación de la planta. Si bien el tribunal no ordenó su cierre, sí estableció obligaciones de control y cooperación, que nunca se cumplieron tal como se diseñaron.
Para la asamblea, ese fallo está lejos de cumplirse. En la proclama sostienen que Uruguay ha modificado estándares ambientales de manera unilateral y que el monitoreo conjunto no funciona adecuadamente. “El fallo es hoy un papel mojado”, afirmaron con dureza.
Un conflicto que se amplía
A diferencia de los primeros años del reclamo, la protesta actual incorpora nuevos elementos. Uno de ellos es el impacto acumulativo de UPM 2, ubicada en Paso de los Toros, sobre el río Negro. Según la asamblea, los efluentes de esta segunda planta agravan la situación del río Uruguay al sumarse a los de Fray Bentos. La contaminación acumulativa, un concepto elemental pero que, para las autoridades de la CARU, pareciera ser un jeroglífico indescifrable. Así, las autoridades siguen subestimando a los pueblos ribereños mientras ellos cobran miles y miles de dólares por mes.
Los asambleístas también alertaron sobre la proliferación de cianobacterias -algas tóxicas vinculadas al exceso de nutrientes-, que afectan la fauna y limitan el uso recreativo del agua. En ese sentido, describieron un escenario de “estrés hídrico” agravado por sequías y por el modelo productivo basado en monocultivos forestales.
Nueva preocupación: HIF Global
Otro de los ejes centrales de la marcha fue el rechazo al proyecto de HIF Global, que planea instalar una planta en Paysandú, frente a la ciudad de Colón. La asamblea considera que, bajo la etiqueta de “energía verde”, se esconde un nuevo foco de impacto ambiental.
Entre las principales preocupaciones mencionaron el uso intensivo de agua, la posible contaminación térmica y química, y el impacto sobre el paisaje y el turismo. “No nos engañan con el rótulo de sustentable”, advirtieron.
Dimensión local y política
La proclama también incluyó críticas a decisiones políticas en Argentina. En particular, cuestionaron la derogación de la llamada “Ley de la Madera”, que -según la asamblea- facilitó el abastecimiento de materia prima para la industria pastera.
Además, señalaron a emprendimientos locales como la Estancia El Potrero, por su producción de eucaliptos destinados a la planta de UPM. Para los manifestantes, esto refleja una contradicción entre el discurso ambiental y ciertas prácticas económicas en la región.
Más allá de las papeleras
El documento no se limitó al conflicto con UPM. También abordó problemáticas más amplias vinculadas al modelo productivo y la crisis ambiental:
-La protección de humedales y glaciares.
-El impacto de los agrotóxicos.
-La privatización del agua.
-La extracción de arena del río Paraná.
A nivel local, exigieron mejoras urgentes en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano (que tiene que ser por separado) y la planta de tratamiento de efluentes industriales (hoy bajo el escrutinio de la Justicia Federal), así como mayor transparencia en los controles.
Persistencia y símbolo
A más de veinte años del inicio del conflicto, la marcha al puente sigue siendo un símbolo potente en Gualeguaychú. No solo por lo que denuncia, sino por lo que representa: una comunidad organizada que sostiene su reclamo en el tiempo.
“Gualeguaychú no baja las banderas”, afirmaron en el cierre de la proclama. La frase resume una identidad construida en torno a la defensa del río, que trasciende gobiernos, coyunturas y generaciones.
La jornada concluyó sin incidentes, con la lectura del documento y la reafirmación de una consigna que atraviesa toda la protesta: “El agua no es una mercancía, es un derecho humano”.
En un contexto global donde las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental se intensifican, el caso de Gualeguaychú sigue siendo un ejemplo de conflicto abierto. Y también, para quienes marcharon este domingo, una advertencia: la lucha -aseguran los vecinos- está lejos de terminar.
La proclama
