La vicepresidenta Cristina Kirchner busca evitar en la Corte Suprema que vaya a Comodoro Py el caso del espionaje que salpica a las autoridades de la AFI macrista, en donde ella es una de las querellantes. Su abogado Carlos Beraldi presentó este miércoles el recurso extraordinario ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para que le habilite el camino para ir al máximo órgano judicial, tribunal que –aguarda– deje el expediente en los tribunales de Lomas de Zamora.

Justamente el caso se definirá entonces en la Corte, la misma contra la que Cristina Kirchner disparó el 9 de diciembre pasado al cumplir un año de gestión como vicepresidenta. Cualquier decisión se leerá en clave política.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, con la presentación de CFK, la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, analizará el recurso para definir si concede la apelación o si la querella tendrá que recurrir en queja.

El dato no es menor: es que si la presentación cumple los requisitos formales, el tribunal la analiza y concede el recurso, la causa permanecerá bajo la órbita de Lomas de Zamora hasta que la Corte Suprema revise la cuestión de competencia. Es decir: no llegará a Py de manera inminente, dijeron fuentes judiciales.

Es que fue el propio Borinsky el que le informó hoy al juez de Lomas de Zamora –que ya había ordenado que el caso fuera a los tribunales de Retiro– que solicite la devolución de las actuaciones hasta que se analice la cuestión.

Entre sus argumentos, Beraldi afirmó que la decisión de Casación del viernes pasado de enviar el caso a Comodoro Py se parece a una “sentencia definitiva, toda vez que irroga gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior”. “Si bien la resolución impugnada no pone fin a la causa ni se pronuncia de manera definitiva sobre el fondo del proceso, la naturaleza del gravamen que irroga exige una consideración inmediata, en tanto constituye la única oportunidad para obtener una adecuada tutela de la garantía del juez natural”, se sostuvo.

El abogado agrega: “La decisión que ocasiona el agravio invocado fue adoptada por vuestra Sala, la cual no debió haber tomado intervención en el caso, habida cuenta de que este proceso ya tenía previa radicación en la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal. Por otro lado, se privó a mi parte de la posibilidad de cuestionar la actuación de V.E. en esta litis, toda vez que se omitió notificar a las partes, como correspondía, de vuestra intervención, con carácter previo al dictado de la sentencia. Ello significó un inequívoco gravamen al derecho de defensa en juicio”.

Pero además Beraldi planteó que la decisión se tomó por mayoría, recordando que los jueces Borinsky y Carbajo votaron por el pase a Py pero su colega Angela Ledesma entendió que debía seguir en Lomas de Zamora y hasta cuestionó que la Sala IV fuera la que hubiera intervenido en la cuestión (porque Sala I ya estaba analizando una causa conexa).

“Ergo, es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes. Por todo lo expuesto, acude en la especie un caso inequívoco de gravedad institucional que también corrobora la pertinencia del presente recurso”, sostuvo Beraldi.

La querella descalificó “la importancia que pretende asignársele a la sede central de la AFI” en la Capital Federal, teniendo en cuenta que es “un centro desde el cual se dirigían las acciones ilegales al predio de CITEFA, ubicado en Villa Martelli” al igual que lo ocurrido en con la sede central del Servicio Penitenciario Federal y el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el cual se encuentra situado bajo la jurisdicción de Lomas de Zamora.

“Recapitulando. Los hechos expuestos hasta aquí demuestran que la decisión de apartar al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora de la presente investigación carece de argumentos serios y se opone rotundamente a las pruebas incorporadas a la causa. Concretamente, hablar de un ‘núcleo’ que habría tenido lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin explicar en qué habría consistido, cuando existen acreditados hechos delictivos concretos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, deriva claramente en un pronunciamiento arbitrario. Mucho peor, si se tiene en cuenta cuáles son las consecuencias directas e inmediatas que tal decisión habrá de aparejar”, afirmó Beraldi.

En sus palabras, el abogado de Cristina Kirchner aseguró que “aquí se investiga una maniobra de espionaje que no reviste antecedentes similares en tiempos democráticos”, se le suman “otras figuras delictivas que dan cuenta de la naturaleza de crimen organizado que reviste la maniobra” y “desde hace ya casi un año, por ante la jurisdicción de Lomas de Zamora se viene llevando a cabo una muy seria investigación, en la cual se han recibido decenas de declaraciones indagatorias, se han dictado procesamientos ya confirmados por Cámara y se encuentra pendiente de resolución la situación procesal de casi cuarenta personas”.

“Los fiscales que intervienen en el proceso conocen en detalle todo el trámite de la causa y han llevado a cabo una actividad procesal que hasta aquí ha dado importantes resultados –dijo–. Por ello, no cabe duda que un cambio de actores resultará significativamente perjudicial para el éxito del proceso”.

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces expresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de Whatsapp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el encargado de Contrainteligencia Martín Coste. En la investigación por los políticos y las cárceles están imputados Arribas y Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario Emiliano Blanco y el ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, entre otros, sumados a un grupo de agentes de la AFI, policías y penitenciarios y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo.

El juez Juan Pablo Augé debía resolver desde diciembre si hacía lugar al pedido de procesamiento por asociación ilícita que habían solicitado la fiscal Cecilia Incardona y otros querellantes. La decisión de Casación de remitir el caso a Comodoro Py, en donde quedaba en manos de la jueza María Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, sacudió al gobierno.

La decisión de Casación fue el viernes pasado. El sábado, el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo cuestionaron abiertamente al Poder Judicial y su credibilidad.