Córdoba está conmovida: después de décadas de búsqueda se logró identificar a doce personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de La Perla y, desde entonces, permanecían desaparecidas. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja fue quien comunicó la noticia. Él sabe a la perfección qué implica buscar verdad y justicia: es parte de una familia diezmada por el terrorismo de Estado. Quizá por eso decidió ser él mismo quien les comunique a los familiares que finalmente encontraron los restos de sus seres queridos. En medio de ese proceso –desgarrador, reparador y muy esperado–, Vaca Narvaja conversó con Página/12 y confirmó que los trabajos del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continuarán este año.
—¿Qué significa para el juzgado haber llegado a identificar a víctimas de La Perla?
—En primer lugar, creo que es una compensación a todo el esfuerzo de tantos años. Hace veinte años que estamos buscando los restos y ya se hicieron doce campañas de búsqueda. Desde que yo estoy en el juzgado, ésta fue la sexta. Cada campaña es un acto de cooperativismo institucional. Salimos a buscar recursos: hablamos con el EAAF, después pedimos fondos al Consejo de la Magistratura, al gobierno de la provincia, a la municipalidad. Todo se convierte en una especie de cooperativa dedicada a la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
—Pero esta vez esta búsqueda, este esfuerzo colectivo, dio resultados…
—El año pasado tuvimos la compensación de encontrar. Durante muchos años era seguir buscando sin resultados positivos, y ahora los tuvimos. Eso nos llena de energía. Cada identificación es un bálsamo para todo este esfuerzo. La verdad es que estamos muy contentos y satisfechos de poder darles a los familiares esta noticia después de cincuenta años de búsqueda. Ellos ya sabían, a partir de los juicios, los testimonios y las pruebas reunidas, cuál había sido el destino de sus seres queridos. Pero ahora tienen la certeza de que ese pequeño fragmento de hueso pertenece a su familiar. Eso es sumamente trascendente y movilizador.
—En particular para usted, que viene de una familia tan golpeada por la represión, ¿qué implica ser el juez que les da esta noticia a los familiares?
—Hay un grado de empatía muy importante y también una movilización a nivel familiar. Cuando se enteraron, todos empezaron a preguntar. Siempre está la esperanza de que entre las personas que podamos identificar aparezca algún familiar.
—En esta oportunidad se muestra toda la dimensión de la justicia: no solo investigar para sancionar, sino también para reparar.
—Claro. Hay que acordarse de las condenas de la Corte Interamericana contra la Argentina, que obligan al Estado a reparar a las víctimas y a poner en su conocimiento todo lo que pasó con sus familiares. Esto forma parte de eso. Es parte de una política de Estado en materia de derechos humanos y también de la imprescriptibilidad de estos crímenes. El Estado argentino y la justicia tienen la obligación de llevar adelante todas estas investigaciones.
—¿Cómo definiría lo que fue La Perla dentro de la represión en Córdoba y en el país?
—A través de los juicios —en los que yo fui querellante— pudimos reconstruir mucho de lo que pasó. Trabajé mucho con María Elba Martínez. Ella empezó con estas causas en los años ochenta, incluso antes de que terminara la dictadura. Ya estaba trabajando en la justicia federal y colaboraba con Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Años después asume Néstor Kirchner; se toma la decisión política, la justicia empieza a actuar. Todo esto fue muy reparador para mucha gente, porque permitió conocer la verdad. Se sabía qué había pasado con muchas de estas personas, pero no se tenía la certeza de dónde estaban. Las identificaciones ayudan justamente a eso: a saber con certeza dónde están y a comunicarlo a las familias. Además, la represión en La Perla fue tremenda. (Luciano Benjamín) Menéndez fue uno de los represores más encarnizados y comprometidos con el terrorismo de Estado. También tenemos claro que ese terrorismo de Estado se implementó para imponer un modelo económico y social. Eso se vio en el programa económico de (José Alfredo) Martínez de Hoz: el aumento de la deuda, la ley de entidades financieras, los privilegios a determinados sectores económicos. Ese modelo se impuso mediante un disciplinamiento social a través del terrorismo de Estado. Una de sus herramientas centrales fue la desaparición. La desaparición generaba una angustia enorme en las familias y, al mismo tiempo, un miedo extendido en toda la sociedad, porque cualquiera podía pensar que podía ser la próxima víctima. Fue una herramienta fundamental de la dictadura genocida.
—¿Qué impacto tuvo en Córdoba el testimonio de José Julián Solanille, que, como trabajador rural, declaró a comienzos de la democracia y señaló el lugar donde ahora se encontraron los cuerpos?
—Fue un testimonio impactante. Recuerdo haber estado en el juicio con la doctora María Elba Martínez. Ella ya conocía ese testimonio porque Solanille había declarado en la instrucción y me dijo: “Ahí está Solanille, es un baqueano de la zona”. Contaba cosas realmente estremecedoras. Por ejemplo, que en algún momento sus perros le acercaban restos humanos. Fue un testimonio muy fuerte, como lo fueron muchos otros: los del D2, las descripciones de las torturas, la sistematicidad de los métodos —la mojarrita, la capucha, la picana eléctrica—. Todo eso salió a la luz a través de los juicios. Quienes hoy difunden discursos negacionistas evidentemente no han tenido el valor de escuchar esos testimonios. Esos discursos solo pueden sostenerse por dos razones: por ignorancia absoluta sobre lo que ocurrió o por un compromiso con los objetivos de aquel proceso cívico-militar que transformó la economía del país y cuyas consecuencias seguimos pagando hasta hoy.
—Cuando se hizo la megacausa La Perla existía la presunción de que los cuerpos estaban enterrados en el predio. Con estos hallazgos, ¿se cierra ese círculo?
—Sí. Estos hallazgos son la confirmación absoluta de lo que ya sabíamos por los testimonios. Sabíamos que las víctimas habían sido enterradas allí y que luego los restos fueron removidos. Lo que hemos encontrado son pequeños fragmentos de esos restos. Ahora, con las nuevas excavaciones que vamos a realizar este año, esperamos encontrar en algún momento fosas con restos completos. Pensamos que en 1979, cuando se preparaban para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pudieron haber dejado algún sector sin remover por el apuro.
—¿La idea es retomar los trabajos pronto?
—Sí. La idea es retomarlos el mes próximo. Entre abril y septiembre tenemos la ventana climática para hacerlo. Ya están comprometidas las instituciones que colaboran habitualmente: el gobierno de la provincia, la Municipalidad de Córdoba, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Universidad de Río Cuarto y el Poder Judicial de Córdoba. Toda esta cooperativa de recursos que se arma cada vez que iniciamos una excavación. La articulación la hace el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos. Estamos en condiciones de garantizar que este año los trabajos se van a retomar.
—¿Ya habilitó la partida el Consejo de la Magistratura?
—Solo falta la partida del Consejo de la Magistratura, que ya fue solicitada y está en proceso de aprobación. No creo que haya problemas.
—¿Es especial que las identificaciones se produzcan en la víspera del 50º aniversario del golpe, particularmente cuando los organismos están lanzando la consigna “que digan dónde están”?
—Sí, por supuesto. A nivel personal, como alguien que ha militado durante años en las causas de derechos humanos y que siempre quiso saber qué pasó y cuáles fueron las consecuencias del terrorismo de Estado. Dentro de todas las tareas de este juzgado —que es multifuero— este tema tiene para mí una trascendencia primordial. Es muy gratificante integrar equipos que trabajan con estos objetivos y poder dar buenas noticias a las familias de las personas identificadas. Es importante tanto desde el punto de vista institucional como personal. Yo mismo se lo transmito a las familias cuando las notificamos.
—Porque la verdad repara, ¿no?
—Sí, ayuda a reparar. Tal vez no repara completamente, pero ayuda. Termina con esa incertidumbre. Después comienza un proceso de reparación y de duelo que llevará tiempo. A partir de la noticia, las familias saben con certeza qué pasó con su ser querido. Y en el corto plazo —porque esa es nuestra idea— podrán recibir esos pequeños restos para darles sepultura. Tener aunque sea una pequeña parte de la persona que perdieron.
