Renglón seguido, consideró que la gente “cada día se informa más y está al tanto de la existencia de estos ámbitos, donde todo ciudadano que consume bienes y servicios tiene la posibilidad, ante una eventualidad, de plasmar el reclamo”, subrayó.

Sobre ruedas

En este “proceso de adaptación” que transita, Albornoz destacó el trabajo mancomunado que llevan adelante con los municipios, con los que, en su gran mayoría, tienen convenios firmados. “Interactuamos con toda la provincia, y llegamos por medio de las oficinas que habilitan para tal fin que, con personal de la mismo comuna, atienden y solucionan las demandas”.

En consonancia con ello, mencionó que en una corta recorrida que efectuó días atrás por la provincia pudo comprobar cómo es que trabajan y resuelven conflictos, “hasta en un 90%”, garantizó. “Es muy importante el trabajo que hacen estos organismos municipales, por eso estamos tratando de extender este servicio, sobre todo, porque hay localidades que aún no cuentan con este servicio”.

Ante este panorama, Albornoz anticipó que están trabajando sobre un proyecto que aspira a poner en marcha una oficina móvil que recorra la provincia, con personal capacitado para atender las demandas que surgen en lugares donde aún no hay dependencias. “Va a ser muy importante concretar esta iniciativa, que viene muy bien encaminada y confiamos que dentro de poco tiempo lo podremos llevar adelante”, vislumbró.

Pasos

Como primera medida, cualquier persona que aspire dejar constancia de su reclamo debe conservar los boletos de compra de los bienes y/o servicios, porque es la herramienta con la que cuentan para hacer cualquier tipo de queja. Con esa constancia, deben arribar hasta la Dirección General de Defensa del Consumidor y Libertad Comercial de la Provincia, o bien hasta la dependencia municipal para dejar sentada la denuncia.

Allí, completan un formulario donde exponen su problema y dejan constancia de los datos personales. El paso que sigue es la convocatoria a una audiencia de conciliación.
Si el denunciado no asiste, o se niega a resolver el pedido, se avanza en la instancia judicial, a través de la Fiscalía de Estado.

En tanto, los municipios que no logran un acuerdo, también elevan al organismo provincial las denuncias no resueltas; debido a que la ley establece que la Dirección General de Defensa del Consumidor y Libertad Comercial de la provincia es la que tiene la libertad de sancionar.

“Nos elevan las actuaciones y el cuerpo de abogados dictamina la aplicación de multas, de acuerdo a la falta”, agregó Juan Carlos Albornoz.

Sede

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Libertad Comercial de Entre Ríos tiene su sede en calle San Martín 746, planta alta, de Paraná. El servicio que allí se presta es gratuito, informó El Diario.