A través de la ley Nº 10.092 el Ejecutivo entrerriano instrumentó un nuevo sistema para la explotación de unas 200 mil hectáreas de lotes públicos en el humedal, que desde 2007 a 2009 estuvieron arrendados bajo estrictos parámetros de protección: sólo debían utilizarse para ganadería, apicultura, turismo y prohibía la agricultura y el uso de agroquímicos y plaguicidas.

Estos criterios desaparecieron con la derogación de la ley Nº 9.603, dispuesta en la polémica ley sancionada a mediados de diciembre último, sin tratamiento previo y con la abstención de voto de varios legisladores de la oposición, que se quejaron porque no tenían siquiera la copia del proyecto respectivo.

La sociedad anónima que tendrá una vigencia de 99 años y que estará facultada para seleccionar a los explotadores de las islas a través de un concurso nacional, no fija pautas de protección de uno de los pocos humedales vírgenes que quedan en el planeta. En todo caso, hace hincapié en la necesidad de "transformar" esas tierras "improductivas". Y el nombre de la sociedad pareciera decirlo todo: "Arroz del Delta Entrerriano".

En sus objetivos, la iniciativa establece "la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales". Asimismo, fija "la concesión para el mejoramiento, ampliación de la capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos".

Privatización. Para el senador Lifschitz, la implementación de la sociedad anónima "significará una virtual privatización de enormes superficies de humedales y abrirá la posibilidad de una explotación intensa de carácter comercial que generará daños muy importantes en el ecosistema natural y en la biodiversidad de esta región".

El legislador advirtió que presentará un proyecto en la Cámara de Senadores "para que la Legislatura manifieste su rechazo", y también buscará "una intervención directa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia para plantear objeciones al gobierno entrerriano y mostrar la preocupación por la manera en que la empresa va a operar en el territorio".

"Está claro que el objetivo es económico y de explotación comercial y agropecuaria de la zona del Delta y que no considera en absoluto el cuidado del medioambiente y la protección de la biodiversidad", agregó Lifschitz.

La oposición. En el ámbito político entrerriano, la oposición partido gobernante también se manifestó en contra de la ley 10.092. El presidente del Comité Provincial de la UCR, José Artusi, advirtió que "es confuso y peligroso" el texto de la norma, porque se abre "una ventana a la posibilidad de la privatización de los puertos entrerrianos, dirigida por una sociedad anónima en manos de unos pocos grandes empresarios. Los riesgos de este dislate son enormes y la ciudadanía entrerriana debe estar al tanto de estas maniobras consumadas por el oficialismo entre gallos y medianoche".

Por su parte, el diputado socialista entrerriano Lisandro Viale consideró que a través de la polémica legislación "el Estado renuncia a manejar sus tierras fiscales y puertos y entrega, por un siglo, la posibilidad de explotarlos a una sociedad anónima que de modo inexorable estará en manos de los grandes. Un negocio redondo para pocos: trabajar la tierra sin comprar y, además, recibiendo soporte económico del Estado", concluyó.

Derribando leyes

La nueva disposición no sólo deroga la ley Nº 9.603 de arrendamientos sino que, según advierte, será vetada “toda otra norma que se oponga a los fines” del proyecto en cuestión. Ello implicaría entonces, el avasallamiento de toda una batería de normas establecidas, por ejemplo, en el plan de ordenamiento de Victoria —que contiene gran parte de las islas fiscales— y la propia constitución entrerriana reformada en 2008, publicó La Capital.