Por Hugo Alconada Mon
(Publicado en el diario La Nación)

¿En qué se apoyan para plantear esto incluso varios asesores de Macri? En los antecedentes más recientes de América Latina. El Lava Jato, la gran investigación brasileña contra la corrupción, redujo el PBI de ese país entre 1 y 2,5 puntos porcentuales cada año desde que estalló en 2014. En Perú, el escándalo costó ya un punto de su PBI. Y en Panamá, el país que más creció de toda la región durante los últimos años, provocó una merma de 0,5 punto porcentual.

¿Qué podría ocurrir, entonces, en la Argentina, si la recesión actual se combinase con el capítulo argentino del Lava Jato y, encima, con la investigación sobre los cuadernos de la corrupción, que cada día parece sumar un nuevo empresario “arrepentido” o alguna otra novedad procesal portentosa?

Ir a fondo contra la corrupción, insisten en el planteo incluso algunos laderos del Presidente, podría provocar que la máxima responsable de uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas retorne, con gloria, a la cúspide del poder.

Pero ¿es en verdad así? Una primera e irreflexiva respuesta sería afirmativa. Es probable que una ofensiva a fondo contra la corrupción sistémica que azota a este país enfríe aún más la economía argentina. En particular, porque podría conllevar la caída de grandes empresas, la suspensión de algunos proyectos de obra pública y todo tipo de sanciones judiciales y administrativas millonarias.

Una mirada más profunda, sin embargo, ofrece una respuesta con todo tipo de matices. Para empezar, porque la lucha contra la corrupción podría sumarle votantes, no restárselos, a Macri, aunque eso implicaría tomar decisiones incómodas, incluso personales.

Robert Klitgaard, uno de los más grandes estudiosos del flagelo de la corrupción en el mundo, planteó hace años que una premisa básica para erradicar las malas prácticas es “freír unos cuantos peces grandes”, pero con una aclaración inmediata: “Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas contra la oposición, los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder”.

Esa jugada, claro, sería por demás riesgosa, como así también sería riesgoso para la economía suspender a empresas corruptas del registro nacional de constructores o rescindir de pleno derecho todo contrato obtenido mediante sobornos -como lo impone el artículo 10 del régimen de contrataciones con la administración nacional-, o fijar multas millonarias por cartelización en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Es riesgoso? Sí. Pero si Klitgaard se combinara en la Argentina con el ecuatoriano Jaime Durán Barba, acaso su receta sería la siguiente: “Si la economía ya está mal y puede que empeore, ¿podemos al menos mostrarles a nuestros potenciales votantes que vamos a fondo contra la corrupción, aún si eso supone que vayan a prisión empresarios amigos o incluso familiares?”.

Si un gobierno tomara esas decisiones, reforzaría también la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Al fin y al cabo, procedería tal y como lo impone la legislación vigente. Y de paso enviaría esa señal a los “mercados”, tanto locales como internacionales. Mercados en los que ante una necesidad -o un contrato rescindido- siempre hay otra empresa dispuesta a ocupar el vacío.