José Carlos Elinson
(Especial para ANÁLISIS)

La culpa nunca es del chancho. Lo hemos afirmado en innumerables oportunidades.

La culpa es de los dueños del chiquero, esto es, los que le dan de comer al chancho.

Los dueños del chiquero tiran basura y los chanchos comen sin diferenciarse demasiado en sus gustos por los placeres del paladar. Aun así, no todos los chanchos son iguales. Bueno, no todos los hombres son iguales. Más aún, algunos ni siquiera son iguales ante la ley.

De la “imprecisión y vaguedad” a una Santa Inquisición all uso nostro.

Abordamos el controvertido caso, con ribetes patéticos, que tiene como protagonistas al vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Chiara Díaz, a sus pares y a los diputados de esta provincia. En realidad hay más integrantes del elenco con significancias colaterales de diversa envergadura.

A principios de julio de 2016 ingresó en la Cámara de Diputados una denuncia por mal desempeño con más el pedido de iniciar el procedimiento de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Chiara Díaz. Impulsaron el trámite ex referentes del justicialismo provincial desde un espacio denominado Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos. La demanda estaba firmada por los ex senadores nacionales Augusto Alasino y Héctor Maya; el ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el ex legislador provincial Hugo Oscar Berthet; Aníbal José Vergara; Sergio Paz; y el abogado victorense Carlos Guillermo Reggiardo.

Los denunciantes pedían la apertura del procedimiento de suspensión y remoción del juez denunciado para culminar en su destitución. Los integrantes de Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos entendían que legitimaba su actitud para impulsar la denuncia el hecho de ser personas o particulares con activa participación política. “Somos lo que se dice `militantes políticos´", dijeron.

A fines de agosto se conoció que el Frente para la Victoria (FPV) había decidido rechazar in limineel pedido de juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, argumentando "la imprecisión y vaguedad que impera en el relato de los hechos que se endilga al denunciado y la falta de entidad que revisten los mismos para configurar una causal de juicio político”. La comunicación del FPV llevaba las firmas del titular de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara, y de otros siete integrantes del bloque oficialista: Rosario Romero, Pedro Báez, Ángel Vázquez, Gustavo Guzmán, Marcelo Bisogni, Juan José Bahillo y Juan Navarro.

(Más información en la edición gráfica número 1052 de la revista ANALISIS del jueves 8 de diciembre de 2016)