N.B. de ANÁLISIS

Defensores alegaron este jueves por 13 imputados en el juicio que ventila las causas conocidas como narcomunicipio y narcoavioneta. En casi todos los casos pidieron absoluciones o que sus pupilos sean condenados por penas menores a las pedidas por los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada. Hubo serios cuestionamientos a las imputaciones globales, sin distinción por persona.

Además, el abogado Gastón Storero pidió la aplicación de una resolución emitida en noviembre por la Comisión Bicameral para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Esa resolución refiere a la aplicación de varias medidas previas antes del encierro de una persona.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, escuchará mañana a las defensas del ex concejal Pablo Hernández y los hermanos Ghibaudo, entre otros. En tanto, para el lunes se esperan los alegatos defensivos de Griselda Bordeira y Sergio Varisco.

El 26 de diciembre podrían agendarse las réplicas y duplicas y se espera un adelanto de sentencia antes de fin de año.

“Proceso nulo”  

Las defensoras oficiales Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri aseguraron que hubo múltiples nulidades en distintos períodos de la investigación que derivó en imputaciones.

Miguel Carmelo “Cebolla” Leguizamón fue el primer defendido este jueves, pasada las 13, cuando inició la audiencia. A Leguizamón se lo acusó de coautoría del comercio de estupefacientes y se pidió 8 años de prisión. La hipótesis acusatoria lo vincula a él y su esposa, Miguela Fidelina Valde con los hermanos Celis. De hecho, Leguizamón es quien habría trasladado droga en camiones sin GPS del municipio a San Benito, según se ha dicho.

Para Quiroga la intervención telefónica a Leguizamón fue infundada, basada en información que no se sabe dónde se obtiene y en informes policiales producto de charlas con vecinos. “Esto no tiene asidero. Lo vigilaron durante cinco meses y no consiguieron ningún dato de interés”. “La primera orden de intervención telefónica a Leguizamón fue de marzo de 2016. Las tareas restantes no probaron el comercio concreto, preciso y consumado. Eso no puede servir de indicio para dar lugar a una condena por comercialización”, alegó. Por eso pidió la absolución y en caso de que sea condenado, que le imponga el mínimo legal.

Continuó la defensa de Miqueas Córdoba, para quien la Fiscalía pidió 6 años de prisión por considerarlo coautor del comercio de estupefacientes agravado. Según la hipótesis fiscal, Córdoba era una especie de colaborador y persona de confianza de Miguel Ángel “Titi” Celis. “Córdoba no tenía dominio del hecho, en todo caso recibía de Celis tenía que sí tenía poder de mando sobre él. No se lo puede condenar como coautor”, marcó la defensora.  

De inmediato rememoró las escuchas telefónicas donde el propio Córdoba lo reconoce a Celis como “el patrón”.

Por eso pidió que se le aplique una pena de ejecución condicional. “En caso de que sea efectiva, que se le conceda libertad condicional por el tiempo que lleva preso”, pidió.

En tercer lugar se defendió a José Marcial Caballero, para quien la Fiscalía pidió 4 años y medio de prisión por considerarlo coautor del delito de comercio de estupefacientes. Para Caballero la Fiscalía pidió menos pena que al resto porque declaró como arrepentido y aportó datos importantes. “No se demostró certeramente cuál fue el rol de Caballero. No existen escuchas ni lo mencionan los testigos. Tampoco se le intervino una línea. Su situación es fungible, secundaria, sólo acordó con una persona de apellido Gamarra para que descienda la avioneta. No se le puede aplicar el agravante. Brindó datos útiles que fueron sumamente relevantes y si hubiese seguido con investigación se habría llegado a eslabones superiores”, se cuestionó y pidió que se le mantenga la prisión domiciliaria.

El cuarto turno fue para Luis Céparo, acusado por la Fiscalía como supuesto coautor y con un pedido de 4 años y medio de prisión. Céparo es quien contactó a los hermanos Ghibaudo para que ofrezcan su campo para el aterrizaje de la avioneta. “El solo posibilitó o hizo posible que otros lleven a cabo la comercialización. En tal sentido, debe ser calificado como partícipe secundario”, pidió y señaló: “Los Ghibaudo sí son coautores. Porque conocían el campo, lo facilitaron y era para que baje la avioneta. Los Ghibaudo ejercían el contralor del caso y no encuentro justificativo lógico, en cuando a que fueron engañados y que pensaban que eran agroquímicos si ellos estaban en el lugar cuando estaba la avioneta”. Por eso reclamó que “se le aplique el mínimo de facilitación del lugar. Sin agravantes y se le devuelva el vehículo secuestrado”.

Siguió Gisela Cancilleri con el alegato sobre Yamila Corradini, a quien la Fiscalía acusó de coautora y pidió 5 años de prisión. Corradini es la pareja de Miguel Ángel “Titi” Celis. “A Corradini la imputan porque es pareja de Celis y cuñada de un hombre con apellido Perezlindo, a quien se le sindica un cargamento de marihuana secuestrado en los Alemanes del Volga y otro en el predio de la Fiesta de Disfraces. “Resulta arbitraria la prevención fiscal. Por las relaciones familiares se deduce que Corradini participa en la comercialización. Creo que la detuvieron por casualidad, porque llegó a su casa con sus hijos el día que la estaban allanando. La orden de allanamiento decía que la finalidad era la detención de Celis. Y ella justo llegó con sus hijos menores”, aseguró la defensora y solicitó la absolución e inmediata libertad. Si fuera condenada, que se le apliquen cuatro años y se mantenga la prisión domiciliaria. Además que se le devuelva el Vento.

El sexto defendido fue Marcos Velázquez, a quien la Fiscalía consideró coautor y pidió 6 años de prisión. Se le sindica buscar campos para el aterrizaje del avión. “Los campos que señaló Velázquez nunca fueron utilizados ni puestos a disposición de Miguel Celis, porque nunca llegaron a un acuerdo. Sólo fueron a verlos. Tampoco recibió dinero ni él, ni el dueño de esos campos. Eso es un principio de ejecución”, alegó. Por eso pidió la absolución o un cambio de calificación por la figura de facilitación de lugar. Si se lo condena, la defensora reclamó que se aplique el mínimo de la pena.

En séptimo y octavo lugar defendieron a Julio César Vartorelli y Jonatan Romero. Para el primero la Fiscalía pidió 7 años de prisión al considerarlo coautor; y para el segundo la Fiscalía pidió 6 años de prisión también como coautor. “No se les secuestró estupefacientes. No existía plan común ni organización para comercializar entre ellos, no compartían beneficios ni pérdidas, en todo caso había contactos ocasionales y de ninguna manera organizados”, dijo Cancilleri y solicitó la absolución o que se aplique el mínimo de la pena.

Después se alegó en defensa de María Laura Zurita. La fiscalía la consideró coautora y pidió 6 años de prisión. La defensora pidió que se declare la nulidad de la intervención a su teléfono. “Tuvo una sola charla con Orundes Ayala de sesenta segundos. Al momento de intervenirse esta línea, no se sabía ni el nombre de esta persona. La escucharon varios meses y no captaron nada. Se intervino su teléfono el 23 de noviembre y recién el 10 de marzo supieron que se llamaba Laura Zurita”. Por eso pidió la absolución y en caso de condena que sea por participación secundaria.

La décima defendida fue Miguela Fidelina Valde. La pareja de Leguizamón, a quien la Fiscalía consideró coautora y pidió 6 años de prisión. “Solicito su absolución. La imputaron por ser esposa de Leguizamón. Eso se ve desde el inicio de la investigación. Ella pasó desapercibida en el debate. Descabelladamente se la imputó como coautora de la comercialización agravada. Mi defendida tiene relación con Celis, es una madre del corazón. No hay nada para atribuirle a Valde. Se la acusó de almacenar, comerciar y transportar. Se dijo que tiene una hija que fue condenada por narcotráfico, eso es para dar una imagen negativa de ella. Necesitan hacerlo porque se hicieron seguimientos y vigilancias y no surgió nada. Por eso pido la absolución lisa y llana”, alegó.  

“No se puede meter todo en la misma bolsa”

Gastón Storero defendió a Gastón De la Fuente, alias “El cordobés”. A De la Fuente se lo acusa de coautoría y se pidió una pena de 8 años de prisión. La Fiscalía lo ligó a “Titi” Celis y sostiene que colaboró en la búsqueda de pistas de aterrizaje. “Hay ausencia de fundamentación para solicitar penas. A todos se los imputó de forma general”, cuestionó. Y detalló: “Acusaron que camiones sin GPS fueron con droga. No hay nada que pruebe eso. Mencionaron causa Perezlindo. Una condena a Godoy donde la droga en teoría era de Leguizamón, se mencionó el tema de los bidones de nafta, el movimiento de droga que habría o hubo entre Corrientes y Entre Ríos. Se lo acusó a Celis de tener 100 kilos de cocaína porque en una escucha habló de 100 kilos de azúcar. ¿Saben cuánto salía el kilo de cocaína en 2017 y 2018? La cuenta da una cifra que espanta. El kilo sería 3000 o 4000 dólares, a razón de 25 pesos el dólar. 75.000 pesos por kilo”, razonó.

Consideró que los “hechos no están probados ni comprobados”. “Mencionan supuestos contactos de una persona de Paraguay con De la Fuente. No se encuentra determinado quién es esa persona. No podemos tomar ese elemento”.

Más adelante dijo que “no es admisible que se pida a distintas personas la misma pena”. “De la Fuente no tiene antecedentes, Baldi tiene antecedentes. Pero piden lo mismo para los dos. No se puede meter todo en la misma bolsa. Hay que determinar las penas de forma personal. La fundamentación, por eso, es arbitraria. No hay razones o fundamentos”.

Reclamó igual trato para su defendido en referencia a Varisco. “Para él se pidió el arresto domiciliario. Ahora bien, que se aplique similar criterio a mi cliente. No se trata de una opinión personal, sino de resolución que sacó el 13/11/2019 la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Esa resolución prevé y establece la aplicación para todos los tribunales con competencia penal. Había una injusticia al solo aplicarla Salta y Jujuy”, reclamó. La resolución recomienda aplicar 7, 8, o 9 medidas distintas previas al encierro, con lo cual “pido que se aplique el mismo criterio que se mencionara para Varisco”.

Sobre Esther Márquez

El abogado Guillermo Vartorelli se refirió a la imputación contra la consejera espiritual Esther Márquez, sobre quien la fiscalía no formuló acusación. “Se la imputó porque valiéndose de su profesión de curandera, indujo la voluntad de los hermanos Ghibaudo para que aterrice la avioneta con droga. ¿Cómo va a entender que la consultaban por el aterrizaje de una avioneta con droga? En una oportunidad, los Ghibaudo le dicen a Esther que los vecinos decían que la avioneta bajaría droga. Y ella les recomendó no hablar con los vecinos. Doña Esther nunca supo o entendió que la avioneta iba a traer sustancia, en cantidad, calidad o tipo de producto al que se hacía referencia los hermanos Ghibaudo cuando le preguntaban”, alegó.

“En grado de tentativa”

Por último alegó Augusto Lafferriere por Miguel Ángel Celis. “No está probada la organización y comercio de estupefacientes. No hay fotos ni filmaciones. No hay actos de comercio expreso. Cuando una persona compra algo, no está comerciando, sólo compra. Entendemos que ese acto no logró llegar a ser comercio de estupefacientes, quedó en tentativa”, manifestó respecto del aterrizaje del avión con 317 kilos de marihuana.

Agregó que “no hay tenencia con fines de comercialización porque a los 317 kilos de marihuana nunca los tuvo”, dado que los desbarataron después de pasar la marihuana del avión a la camioneta. “No hay organización, sí participación con otros. Pero no hay coordinación. Y la pena de 12 años pedida es excesiva. ¿Es lo mismo la consumación que la tentativa del comercio? Es cierto que es una gran cantidad de droga pero no es lo mismo. Además el expediente está carente de prueba”.

Por eso pidió que se le devuelvan los vehículos secuestrados y se le otorgue prisión domiciliaria hasta que adquiera firmeza de la sentencia.