Luego de que el proyecto de “ficha limpia” perdiera estado parlamentario el pasado 30 de noviembre, debido al rechazo del ahora bloque oficialista, el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut) volvió a presentar la iniciativa, que busca que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

El 21 de noviembre último, la oposición intentó aprobar en el recinto la iniciativa, que contaba con dictamen favorable desde el mes de agosto, pero la sesión especial fracasó por falta de quórum y fue así que el proyecto caducó, por lo que ahora Menna insistió en reactivar el debate.

El nuevo proyecto, que fue acompañado por varios representantes de Juntos por el Cambio, recoge algunas observaciones que recibió el dictamen, agregando que tampoco puedan ser candidatos quienes estén condenados por delitos vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El texto contempla a aquellas personas que tengan condena penal confirmada en segunda instancia, y no solo aplica a los cargos electivos sino también a los partidarios.

Además de Menna, firmaron los diputados Álvaro De Lamadrid, Roxana Reyes, Alejandro Cacace, Karina Banfi, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gabriela Burgos, Ignacio Torres y María Carla Piccolomini.

Menna recordó que la propuesta surgió el año pasado de “una iniciativa auspiciada por un grupo de ciudadanos liderados por el profesor Gastón Marra en la plataforma www.change.org, y que ha reunido hasta el momento casi 350 mil firmas de adhesión”.

Según explicó el chubutense, el proyecto de ley “propicia una modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298 con la finalidad de introducir un supuesto de inhabilidad para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos que hoy no se encuentra expresamente previsto ni en esta norma ni en el Código Electoral”.

Esta causal, precisó, es “que el aspirante haya sido condenado judicialmente por hechos que perjudican al Estado y que genéricamente reciben el nombre de delitos de corrupción, como así también aquellos que implican alzarse contra el orden constitucional, ambas situaciones contempladas en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

Además “se propicia la modificación del Código Nacional Electoral en su artículo 60 bis, con la finalidad de incorporar como una de las atribuciones del juez con competencia electoral a la hora de oficializar una precandidatura o candidatura, la de verificar la inexistencia de condenas penales de las previstas como inhabilitantes”.

Menna aclaró, asimismo, que “la inhabilidad que se propone se extiende también a la elección o designación para el ejercicio de cargos partidarios”. La particularidad de la propuesta reside en que esa inhabilitación se prevé para aquellas condenas no firmes.

Concretamente, se incluyen los delitos contra la seguridad de la Nación; delitos contra los poderes públicos y orden constitucional; los delitos previstos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los delitos contra el orden económico y financiero.

“Las normas electorales y de partidos políticos deben asumir la situación e impedir que sean parte de la competencia electoral y eventualmente integrantes de cargos de representación popular, aquellas personas en conflicto con la ley penal por, cuanto menos, delitos dolosos por hechos de corrupción”, sostuvo Menna.

Agregó en este sentido, como antecedente, que “la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Cámara Nacional Electoral, con fundamento en la cláusula constitucional, consideró que una condena penal por cualquier tipo de delito doloso resultaba inhabilitante para una candidatura, aunque hubiese recursos pendientes”.