Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio, Pedro Galimberti, de Entre Ríos; Hugo Romero, de Córdoba; y Fernando Carbajal, de Formosa, presentaron un proyecto de ley en la Cámara Baja para reducir, del 21% al 10,5% el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al gas, la energía eléctrica y el agua regulada por medidor.

La reducción se aplicaría cuando la prestación se efectúe a "domicilios destinados exclusivamente a vivienda, casa de recreo o veraneo o terrenos baldíos". La iniciativa opositora también propone bajar la alícuota del 27% al 21% para los usuarios que sean sujetos categorizados como Responsable Inscripto o para quienes optaron por el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes ante la AFIP.

Al fundamentar el proyecto plantearon la necesidad de "bajar el costo fiscal a los pequeños contribuyentes que al no tener declaración jurada de IVA, no les queda otra alternativa que trasladar la alícuota del 27% a sus costos de producción, disminuyendo su rentabilidad, o trasladarlo al precio del producto/servicio final que ofrecen al mercado".

"De esta manera buscamos que se pueda atenuar el impacto económico del aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas, energía eléctrica y agua en un contexto de inflación, pérdida de poder adquisitivo en los salarios y quita de subsidios a la energía", argumentaron los legisladores.

Asimismo, consideraron que en la distribución actual los subsidios a la energía son "regresivos" porque aumentan con la capacidad de consumo, es decir que quien más consume, más subsidio recibe, "provocando una transferencia de ingresos desde los sectores con menos ingresos a los más altos"; "inequitativos" a nivel geográfico, porque los precios de la energía en el interior tienen aumentos mayores que en el AMBA; "inflacionarios", teniendo en cuenta que el gasto en subsidios a la energía se financia con emisión monetaria; y "desincentivan la inversión y bajan la calidad del servicio" en aquellas empresas sometidas a congelamiento o retraso tarifario.

También recordaron que el gobierno adelantó que los aumentos en el 2022 y 2023 de las tarifas estarán entre 22% y 45% y un 10% de los usuarios dejará de recibir subsidios. A su vez, por la quita de subsidios, "según estimaciones privadas" deslizaron, las subas tarifarias residenciales en los servicios de energía eléctrica y gas natural rondaron 21% para los usuarios de ingresos bajos, 42% para los de clase media y entre 130% y 170% para los de más alto poder adquisitivo.