Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la decimonovena, desde que el 26 de enero se inició el proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada, publicó Parlamentario.

Según pudo saber parlamentario.com, está confirmada la presencia de Silvio Robles en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”de la Cámara de Diputados. No está confirmado en cambio que Marcelo D’Alessandro asista a la reunión.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.