La Justicia condenó al ex subjefe de la Departamental La Paz de Policía, Sandro Gazali, por haber utilizado un vehículo de la dependencia para un viaje de placer. El hecho fue descubierto el 9 de febrero de 2019, cuando el comisario pasaba por el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe.

En el marco de un juicio abreviado, Gazali reconoció que ese día regresaba de Mar del Plata junto a su hija menor donde había vacacionado y que lo hacía a bordo de automóvil policial marca Chevrolet, Modelo ONIX LTZ, dominio OYX 142. Por ello, aceptó una pena leve que pone fin a la historia: dos años de prisión condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 100 mil pesos. El delito que se le endilgó fue el de peculado, ya que utilizó un bien del Estado para un fin particular.

Un amparo que llegó hasta la Corte

Antes de que el caso se resuelva por la vía penal, el comisario intentó volver a su cargo con un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La batalla legal comenzó al poco tiempo de ser apartado de su cargo por el entonces Jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein.

En su acción de amparo, Gazali solicitó que se declare la nulidad, inconstitucionalidad, ilegitimidad, arbitrariedad y/o invalidez de la resolución de Maslein que ordenó el secuestro del automóvil y de todas las demás medidas dictadas en consecuencia, como la del 15 de febrero de 2019, que lo relevó de su cargo y una de 18 de ese mes que se dispuso el sumario administrativo.

Para Gazali, el secuestro del vehículo no podía ser ordenado por el jefe de Policía, sino por un juez de Garantía y por requerimiento de un fiscal. También calificó como arbitraria su baja de la Policía, dispuesta por el Titular de la fuerza, por entender que esa facultad sólo la tiene el gobernador.

Por ello exigió se lo restablezca la calidad activo efectivo y se lo devuelva a su cargo de Sub Jefe Departamental La Paz. Por otra parte, consideró que su situación “es una sanción encubierta pues no se ha determinado cuál es el acto que se le imputa en forma precisa”.

Sin embargo, la Justicia le rechazó el amparo en todas las instancias. El 12 de marzo de 2019, el entonces vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, rechazó por improcedente la acción de amparo por entender que la Policía actuó correctamente. La resolución fue confirmada el 29 de ese mes por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por los jueces Miguel Ángel Girgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

Y, finalmente, el 22 de diciembre de 2020, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de Gazali para intentar revocar la resolución del STJ. La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Daniel Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti.

Fuente: diario Uno