El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley, junto a su par Marilú Quirós, para modificar el artículo 32 de la Ley 24.660 -de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, con el fin de elevar la edad de 70 a 75 años para otorgar la prisión domiciliaria a personas condenadas.
En los argumentos, el bonaerense señaló que "hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado”. En este sentido, agregó: “Hoy el promedio supera los 76 años, siendo considerablemente más alta en ciertos sectores socioeconómicos”
“Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, dan cuenta que la esperanza de vida al nacer en el país es de 76,6 años para el total de la población, y que en zonas urbanas y especialmente en ciertos estratos sociales, la expectativa de vida supera los 80 años”, apuntó.
Milman ahondó que "está documentado que se han otorgado prisiones domiciliarias, alrededor de un 58% según un informe del Ministerio Público Fiscal del 2021, a mayores de 70 años sin un examen médico independiente. Esto da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción”.
“El mejor ejemplo del mal uso etario, entre varios, es el de la prisión domiciliaria a la que accedió el exgobernador José Alperovich, de 70 años, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, sin una real evaluación de la necesidad del beneficio, pero, además, otorgándosela a un condenado que utilizaba el régimen de visitas higiénicas y/o íntimas, según se informó a través de diversos medios de comunicación”, expresó.
El diputado del Pro aseguró que "con este proyecto no se busca restringir derechos humanos ni vulnerar garantías, sino actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales, priorizando un uso más criterioso, fundado y excepcional de la prisión domiciliaria".
"Con un nuevo umbral de 80 años, preservaríamos el carácter excepcional del beneficio, evitando que sea utilizado por los condenados para eludir el cumplimiento efectivo de la pena”, finalizó.
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