En el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martin, se tramita una causa por violación a la cautelar vigente de protección de la zona del islas y humedales del Delta inferior del Paraná.
Se trata de endicamientos levantados en establecimientos agrícolas privados –de La Rosa Blanca SA, Southern Fields SRL y Cardoso Octavio Juan y otros– que taponan el natural fluir de dos arroyos el Espinillo y Riacho Las Mangas. El dique se extiende por una longitud de más de 30 kilómetros, según datos de la constatación oficial a la que pudo acceder ERA Verde.
Luego de realizarse un relevamiento a campo, el magistrado ordenó que distintos organismos gubernamentales elaboraran informes técnicos para corroborar el daño ambiental. En este orden, se adelantó que si continúa el bloqueo de estos cursos de agua se podría poner en jaque el aporte de agua a la Laguna Grande, uno de los acuíferos más importantes de reproducción de peces y que también abastece de líquido para la potabilización de Victoria. De acuerdo a lo que trascendió, estas obstrucciones datan en el municipio desde el año 2022, pero cuentan con antecedentes que se remontan al año 2003 en el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) y la ex Secretaría de la Producción de Entre Ríos.
El 25 de julio se realizó una inspección in situ en establecimientos rurales en distrito Rincón del Doll, departamento Victoria, a raíz de las obstrucciones a los cursos naturales de agua: arroyo Espinillo y Riacho Las Mangas. Los taponamientos se deben al endicamiento que se extiende por más de 30 km aproximadamente y comprende terrenos propiedad de La Rosa Blanca SA, Southern Fields SRL y Cardoso Octavio Juan y otros.
La acción se realizó en el marco de una causa caratulada “Ν.Ν s/Resistencia o desobediencia a funcionario público”, que se tramita en el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Ángel Martín. Al lugar arribaron el magistrado junto con su secretario Penal, Nicolas Beltzer, empleados del Tribunal, que fueron guiados por agentes de agentes de la Delegación en Islas de la Municipalidad de Victoria y por guardaparques de Entre Ríos. Además, estuvieron acompañados por agentes de Prefectura Naval Argentina, personal de las Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, Dirección de Hidráulica y del Consejo Regulador de Fuentes de Agua (Corufa).
El relevamiento a campo se llevó adelante en establecimiento «Los Nardos», donde se ha consumado el bloqueo de dos cursos de agua mencionados que resultan de vital importancia para el ecosistema de islas. En caso de Riacho Las Mangas, se refirió que se extiende a lo largo de unos 73 kilómetros, desde su nacimiento en “La Azotea”, el departamento Diamante –dentro de la Reserva Paraná Medio, Ley provincial Nº 9.485–, hasta su desembocadura en la Laguna Grande, siendo unos de los “principales reservorios de agua y reproducción de peces” de Victoria.
En tanto arroyo Espinillo, que nace en Riacho Las Mangas, cuenta con un largo de 39 kilómetro y constituye “la división física entre la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas Victoria (ordenanza 4.221/23) y la zona rural del Área Natural Protegida (Ley Provincial 10.671/19), siendo tributario” de arroyos Las Ceibas, Salaverry, Manantiales y El Ceibo, entre otros.
Terraplenes
Así las cosas, en “Los Nardos”, se verificó la corte de arroyo Espinillo y “la obstrucción total” del “Riacho Las Mangas”. También se registró una estación de bombeo de agua que se embalsa y un campo de cultivo, así como una “retroexcavadora que habría estado realizando movimiento de suelo dentro de unos diques o terraplenes que rodean la zona o área de cultivo de cultivo”, se precisó.
Todas estas irregularidades se presentan en la “zona de amortiguamiento” de la Reserva de Usos Múltiples “Humedales e Islas de Victoria”, y por lo cual se encuentra con parámetros establecidos de resguardo e intervención.
Desde el Juzgado Federal se apuntó a ERA Verde que la investigación se lleva adelante por violación al amparo ambiental que el 1 de julio de 2020 dictó el Juzgado Federal 2 de Paraná, a cargo de Daniel Alonso. En esa manda dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria.
Reincidentes
No es la primera vez que se presentan este tipo de intervenciones ilegales e inconsultas en este lugar. En el repaso de antecedentes se recordó que la Municipalidad de Victoria inició actuaciones por las obstrucciones en el año 2022 y 2025. Y también el Corufa y la ex Secretaría de la Producción de Entre Ríos, en 2003, en el cual se le solicitó a los dueños del lote, La Rosa Blanca SA, la recomposición y restauración de la circulación del cauce del arroyo Espinillo y Riacho Las Mangas. Entonces, la problemática de los terraplenes redundaba en que se alteraban los cíclicos pulsos de inundación y sequias propios de la región, hoy recrudecidos por el cambio climático con el impacto en el humedal, impidiendo la depuración natural para la vida vegetal y acuática, así como la posibilidad del abastecimiento de agua para potabilizar para la ciudad de Victoria.
En la visita a campo, se verificó que los terraplenes se realizaron dentro del área natural que se debe preservar, cuyo daño puede traer consecuencias irreversibles por la intervención irracional de los flujos de agua, alterando la dinámica propia del humedal y generando sedimentaciones con efectos negativos para el ecosistema y la vida humana, impidiendo la disponibilidad de nutrientes para la flora y fauna, así como el aprovisionamiento de las comunidades.
Por otro lado, en el informe se señaló que estas alteraciones agravan la situación de abastecimiento del reservorio de agua de la “Laguna Grande”. El taponamiento de los arroyo contribuyentes, se suma al bloqueo producto de los sedimentos que son transportados por el dragado del acceso al puerto de Diamante, cuyo material refulado, por la dinámica por el arrastre y depósito de los succionado produce bancos y taponamietnos de las bocas de ingreso al Delta.
