El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a los reclamos de la provincia por incumplimientos de la Nación respecto del envío de fondos. También habló de la situación por deudas con Enersa en el municipio de Santa Elena, de la licitación de la Hidrovía y la sustanciación de sumarios en la administración estatal.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes explicó que “hay movimientos procesales significativos en las dos demandas que se presentaron hace poco más de un año. en el caso de Salto Grande la reformulamos este año, ampliamos el monto, llegamos a hacer un cálculo de más de 700 millones de dólares, y el trámite estaba en la Procuración General de la Corte Suprema para que se dictamine sobre la competencia. Eso llevó un tiempo, la Procuración se declaró competente y ayer la Corte en el caso de Anses dictó la resolución por la cual se declara competente y ordena la notificación de la demanda. Ese es el paso sustancial procesalmente hablando”.
“Por otro lado, nosotros pedimos una audiencia de conciliación porque tenemos apuro por discutir este tema de todas las maneras que sea para intentar regularizar el flujo de Salto Grande normal que nos deben como de Anses, que también nos deben, por el déficit de la Caja de Jubilaciones”, agregó.
Como ejemplos, mencionó que “las provincias de Córdoba y Santa Fe presentaron sus demandas en 2023. Santa Fe tuvo audiencias de conciliación donde no logró conciliar nada; Córdoba tuvo también audiencias y concilió un cronograma para hacer las auditorias que debe hacer la Caja de Jubilaciones de Córdoba con el Anses. Nosotros estamos más avanzados porque administrativamente porque la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos ya hizo auditorías con Anses”.
Al respecto, explicó que “Anses no financia cualquier déficit, lo que financia es un déficit que surge de una simulación de equiparación. En ese trabajo se avanzó, con lo cual creería que si la Corte este año fija audiencia existen posibilidades de arrimarnos bastante a un acuerdo con Anses. Sé que es arriesgado sostener esto, pero confió en que técnicamente se avanzó más que otras jurisdicciones y que se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Con Salto Grande lo veo más difícil, es mucho más importante la pretensión nuestra y además hay que hacer una declaración de inconstitucionalidad de normas, pero seguimos adelante con nuestro planteo”.
Agregó que “en Entre Ríos tenemos un déficit de 25.000 millones de pesos por mes, que no es el déficit que debe financiar Anses porque eso surge de un trabajo de auditoría. El reclamo que tenemos retroactivo de 150.000 millones aproximadamente es desde 2017 al 2024 actualizado. Lo que planteo es la posibilidad de llegar a un acuerdo no sobre el retroactivo sino de normalizar los flujos futuros, es decir que el Anses cumpla el pacto fiscal de 2017 y envíe las remesas fijadas en ese pacto. Tengo expectativas de establecer, por lo menos, un número razonable de aquí en adelante a título de anticipo y después se harán las liquidaciones finales; tengo expectativa de que en algún momento de este año podamos sentarnos en la Corte y proponer una regularización”.
Consultado por la existencia de trámites judiciales de muchos años, el fiscal de Estado reconoció que “hay casos eternos” y mencionó: “El tema de la letra de cambio, del gobierno de Mario Moine en 1993, todavía sigue. El proceso está vigente porque la letra nunca se recuperó y, en consecuencia, por más que nosotros decimos que estaría totalmente prescripto, el tema no tiene una conclusión todavía”. Agregó que “estas causas del sistema previsional devienen de los pactos fiscales del 92 o 93, con lo cual son más de 30 años de procesos administrativos y judiciales”.
“Ese es un gran problema. El sistema de juicios, procesalmente hablando, es lento, los derechos se discuten mucho y lleva muchísimo tiempo obtener resultados”, definió.
Deuda de Santa Elena y polémica
En otro orden de temas, Rodríguez Signes aclaró que Fiscalía de Estado “no ha tenido ninguna intervención” en la situación de la Municipalidad de Santa Elena donde el intendente, Domingo Daniel Rossi, pretende saldar una deuda millonaria de alumbrado público con Enersa mediante la cesión de un inmueble municipal.
De todos modos, adelantó: “Creo que vamos a tener que tomar intervención porque efectivamente hay un principio de acuerdo. Por un lado, hay un crédito importante que tiene Enersa, que es una empresa del Estado entrerriano, y por otro lado habría un tema de disposición de inmuebles que está regulado en la Constitución de la provincia. Si bien los municipios son autónomos, hay que ver esa situación”.
“En el decreto 969 de la Nación se estableció un sistema de compensación de créditos y deudas entre la Nación y las provincias, y está mencionada la posibilidad de la entrega de inmuebles entre las partes. Pero eso es una declaración e instrumentarlo requiere, generalmente, de la actuación legislativa. En el caso de la provincia de Entre Ríos, hace poco se creó la Agencia de Bienes del Estado y hubo un debate muy profundo acerca de cómo se dispone de los bienes, tanto para su salida como para su ingreso al patrimonio público. Esto es un tema carísimo a los intereses de la provincia, lo he vivido en el tema de islas y por lo tanto hay que ser muy prudentes y pedirles opinión a todos los organismos de control antes de hacer un acuerdo que después haya que dejar sin efecto”, refirió.
Licitación de la Hidrovía
Por otra parte, el fiscal de Estado sostuvo que “la provincia ha sido invitada a todas las reuniones que se hicieron” respecto del proceso de licitación de la Hidrovía. “Todas las reuniones están documentadas, allí planteamos incorporar el río Paraná Guazú a la vía navegable troncal, que es la pretensión más importante de la provincia, si bien hay otras cuestiones como la ambiental que hay que analizar también. Tenemos entendido que los pliegos se están redactando, pero no nos han notificado todavía de los nuevos pliegos”.
“Yo no sé más que eso. Estamos esperando que la Agencia de Puertos y Vías Navegables dicte una resolución para aprobar los pliegos y allí conocer las condiciones. De todos modos, creo que todavía faltan algunas reuniones más, alguna audiencia pública antes de sancionar los pliegos, y me parece que todavía falta un recorrido. Este año el proceso no se va a poder cumplir de licitación y adjudicación”, opinó.
Sumarios
Consultado por la situación de los sumarios en la administración pública, sostuvo que “se incrementaron las cesantías, pero no por la cantidad de sumarios, sino porque el Poder Ejecutivo está aplicando las sanciones que la comisión asesora de disciplina propone. Es un mecanismo que no estaba bien aceitado”.
Especificó que “el mecanismo es que la autoridad de nombramiento pide la sustanciación de un sumario, luego el sumario se realiza en la Dirección de Sumarios, se pronuncia la comisión asesora de disciplina y finalmente la autoridad de nombramiento decide si aplica la sanción. Todo ese mecanismo estaba bastante desarticulado, a punto tal que hay casos en los que se verifican ausencias por más de 100 o 150 días cuando la ley establece que al 11° día de ausencia injustificada corresponde cesantía. Eso se ordenó mucho y en lo que va del año llevamos más de 250 cesantías, que es bastante”.
En este marco, sobre las casi 200 ausencias de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina que denunció la Revista ANALISIS, Rodríguez Signes explicó que “son regímenes distintos, una cosa es la ley 9.755 que establece derechos y deberes para el empleado público, y otra cosa es el régimen de los funcionarios sometidos a juicio político, como para los vocales del STJ, o a jury de enjuiciamiento para los jueces de menor jerarquía. Eso es un tema para juicio político, no de sumario”.
Causas de corrupción
Por otra parte, aclaró que “la Fiscalía de Estado no se constituyó como actor civil” en la causa por coimas contra el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. “Somos actores civiles en la causa de los contratos. Esto es una posibilidad que tenemos y generalmente no lo hacemos; la excepción fue en la causa Contratos porque por una cuestión de la investigación convenía que fuéramos actores civiles. En la causa de las coimas lo que hacemos es esperar la sentencia y ver bien cuáles son los pasos que debemos dar para la reparación patrimonial. Tuvimos una intervención indirecta porque una de las personas imputadas que fue a juicio abreviado, Guillermo Smaldone, concurrió a la Fiscalía de Estado, ofreció la reparación económica, nosotros iniciamos el expediente porque se necesita la conformidad del Poder Ejecutivo, y se está tramitando esa autorización correspondiente”, explicitó.
En este marco, planteó que “respecto a la cuestión de la reparación, siempre verificamos que en este tipo de casos haya embargos y medidas cautelares trabadas que, el día que haya una sentencia, nos permitan ir contra un patrimonio que exista y no contra una entelequia. En eso estamos coordinados con el Ministerio Público Fiscal y estamos seguros de que tenemos con qué respaldar una acción de reparación”.
