El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.
El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA. La solicitud del fiscal Basso ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.
Esto terminó de comprobarse luego de que cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía. La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Los procesamientos
Los diez iraníes y libaneses sobre los que se pidió el procesamiento son los mismos sobre los que el juez Rafecas ya había resuelto aplicar el juicio en ausencia. Están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Los acusados son: Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.
Todos ellos integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entidad gubernamental que autorizó la realización del ataque terrorista mediante una reunión reservada celebrada a mediados de agosto de 1993, momento que coincidió con avances en procesos de paz en Medio Oriente.
La lista de eventuales procesados sigue con diplomáticos en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada. La investigación de la UFI AMIA señala que este grupo conformó una red de espionaje encubierta bajo fachadas oficiales. Su labor fue vital para compilar datos sobre el blanco elegido, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales e incluso facilitar el ocultamiento posterior a la explosión, aprovechando su inmunidad diplomática para moverse sin despertar sospechas.
La lista de acusados se completa con los miembros de la organización armada libanesa Hezbolá. El principal es Salman Raouf Salman, terrorista que dirigió las acciones finales en nuestro país. Este hombre ingresó clandestinamente a la Argentina para organizar la llegada, el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor, según se desprende del dictamen fiscal. Habría operado junto a su hermano Abdallah Salman, responsable de manejar grandes sumas de dólares destinados a financiar actos ilícitos. Por último, Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay, entregó certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.
Fuente: Infobae.
