En medio de las controversias institucionales generadas por los recientes intentos de juicio político contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la diputada provincial Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento de este mecanismo previsto en la Constitución provincial.
La iniciativa apunta a ordenar el proceso que deben seguir la Cámara de Diputados y el Senado cuando se activa este instrumento de control institucional, estableciendo reglas procesales, plazos y garantías que actualmente no se encuentran detalladas en la normativa vigente.
En los fundamentos del proyecto, Lena vincula directamente la propuesta con los antecedentes recientes en la provincia. Señala que en los últimos años se registraron distintos pedidos de juicio político, entre ellos los presentados contra las vocales del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y Susana Medina de Rizzo, situaciones que evidenciaron dificultades prácticas en la tramitación del mecanismo.
“Al cumplimentar con los artículos de la Constitución Provincial advertí con mis pares diferentes vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir para sobrellevar un juicio político, que es de carácter excepcional”, sostuvo la legisladora en el texto de la iniciativa.
Según plantea el proyecto, la Constitución entrerriana define las causales y el esquema institucional del juicio político —con una etapa de investigación en Diputados y otra de juzgamiento en el Senado— pero deja vacíos respecto del procedimiento concreto que debe seguirse.
“Los anteriores juicios políticos han demostrado que la Constitución carece de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice principios y garantías constitucionales”, argumenta Lena, quien menciona entre ellos el debido proceso, la defensa en juicio, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
El proyecto establece que el pedido de juicio político podrá ser presentado por cualquier persona humana o jurídica que invoque hechos que, en principio, puedan encuadrarse en las causales constitucionales. La denuncia deberá presentarse por escrito ante la Cámara de Diputados y contener una descripción clara de los hechos, los fundamentos y la prueba disponible.
La comisión investigadora deberá resolver en un plazo breve si corresponde abrir el proceso o rechazar la denuncia. En caso de avanzar, se habilitará una etapa probatoria limitada en el tiempo y se garantizará al funcionario denunciado el derecho a ejercer su defensa, ofrecer pruebas y ser oído.
Luego de esa investigación, la Cámara de Diputados deberá decidir si formula o no la acusación, para lo cual se requieren los dos tercios de los votos. Si la acusación prospera, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio del cargo y el caso pasará al Senado, que actuará como tribunal de juzgamiento.
El proyecto también regula cómo debe desarrollarse el juicio político en la Cámara alta, incluyendo la lectura de la acusación, la posibilidad de ampliar la prueba, el derecho de defensa del acusado y el procedimiento para dictar sentencia, que igualmente requiere una mayoría de dos tercios.
Para Lena, el objetivo central de la iniciativa es dotar al mecanismo de un marco procesal claro que evite interpretaciones discrecionales.
“Los artículos de la Constitución carecen de un proceso claro y detallado y este proyecto de ley viene a suplir esa falencia”, afirma la diputada en los fundamentos.
Y concluye: “Este proyecto busca otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”.
