El juez de Garantías Mariano Budasoff, rechazó otros planteos defensivos de los imputados Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herreros, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Fue este jueves, en la continuidad de las audiencias que tienen como objetivo discutir el requerimiento de elevación a juicio del legajo, pedido por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Las resoluciones judiciales comenzaron a exponerse este miércoles, tras todos los planteos defensivos elaborados por los abogados hace unos 15 días.
El exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros son investigados en un nuevo legajo judicial por el enriquecimiento ilícito del primero y la participación del segundo en ese delito. Ambos son coimputados también en otro expediente, junto a otros exfuncionarios políticos entre quienes se investigan presuntas coimas o dádivas en el marco de varias licitaciones públicas otorgadas durante las gestiones urribarristas en la provincia.
Rechazo de planteos
Budasoff refutó numerosos planteos orientados a señalar supuesta afectación de derechos de los imputados y pedidos de exclusiones probatorias. Este jueves completó las resoluciones con nuevos rechazos.
En efecto, decidió sobre un pedido de exclusión del contenido de un teléfono celular cuyo secuestro no figura en las actas de allanamiento ni en cadenas de custodia. El reclamo fue elaborado por el abogado José Velázquez, representante legal de Cardona Herreros. El letrado señaló que la Fiscalía le atribuye al empresario conversaciones de ese teléfono.
El juez rechazó el pedido. Revalidó el argumento de Fiscalía, organismo que explicó que ese dispositivo en cuestión nunca fue secuestrado, porque su contenido estaba en el back up de una computadora secuestrada debidamente. El juez consideró que el pedido defensivo no corresponde. “Los back up son respaldos que se usan regularmente. La información no queda sobre soporte físico, sino en nubes. Es información que puede ser recuperada, visualizada, sin necesidad de contar con los dispositivos electrónicos”, destacó el magistrado. Además mencionó la autorización de quien era el juez de Garantías durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Mayer, que avaló la extracción de todo el contenido almacenado en dispositivos electrónicos y hallazgos en nubes de respaldo. “No corresponde hacer lugar al pedido de exclusión”, remarcó.
El magistrado rechazó también un reclamo para que se excluyan informes telefónicos de la prueba que sostiene la acusación. El pedido fue elaborado el abogado Miguel Cullen, representante legal de Urribarri. Cullen también requirió exclusiones de dos testimoniales, algo que constituyó el último revés de la resolución judicial.
La causa
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Pero este tercer imputado, Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años para Martínez.
A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez le achacaron que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
