Desde el Centro Docente de Jubilados y Pensionados de Paraná hicieron público “el repudio al cercenamiento de la palabra en la Legislatura ante el tratamiento en el Senado del proyecto de reforma de la Ley 8732/93 de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”, se informó a ANÁLISIS.
Integrantes del Centro Docente de Jubilados y Pensionados de Paraná expresaron ante ANÁLISIS: “Hemos recibidos azorados la respuesta negativa del senador Gustavo Vergara al negarnos la palabra en el debate parlamentario en lo que concierne poner en riesgo nuestros derechos previsionales”.
Al respecto, recordaron que “hace un mes y medio presentamos un documento de análisis de los vectores, que no obtuvo ninguna respuesta ni devolución" y contaron que "como integrantes de la Multisectorial firmamos la solicitud para poder intervenir en la Legislatura. Transcurridos los días, al ver que no aparecíamos en la grilla, presentamos una nota el lunes 8 de junio para que nos incorporen”.
No obstante, criticaron que “la respuesta fue que elevemos por escrito nuestra posición, motivo por el cual nos consideramos agraviados desde el punto de vista democrático, y por ello decidimos hacer público lo que teníamos preparado para la intervención en la Legislatura, que no nos permitieron presentar”.
A continuación, se reproduce el texto enviado a este sitio, que los docentes jubilados tenían previsto exponer ante las comisiones del Senado:
Marco general
En las cátedras que se desarrollan hoy día se encuentra el principio valor de la soberanía popular, es decir que el poder del Estado emana directamente del pueblo. Los ciudadanos, los vecinos de Entre Ríos, somos los verdaderos detentores de la autoridad a quienes le delegamos el ejercicio de sus funciones, que no es un cheque en blanco. Rousseau, en su obra “El Contrato Social”, planteó que la soberanía pertenece a un ser colectivo –el pueblo- y que ésta debe expresarse como una “voluntad general” orientada al bien común, y en este caso se quiere romper ese contrato social previsional. Acá en Entre Ríos, integrante de la Liga de los Pueblos Libres, la voz más legítima, federal y popular es la de José Gervasio Artigas, que sostuvo con entrega y su cuerpo la máxima: “Mi poder emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana”, en referencia a su cargo de Protector de los pueblos libres.
Otro principio republicano muy tratado dentro de las instituciones escolares es la independencia de los poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. La realidad indica todo lo contrario en Argentina y Entre Ríos, dada la connivencia y delegación en los Ejecutivos cual una monarquía vertical.
El regresivo proyecto de reforma previsional del Ejecutivo es deshumanizado, cruel y perjudicial para los trabajadores/as jubilados y activos. Este proyecto está enmarcado en las lógicas del mercado, del capital, considera a los jubilados como sobrantes, violentando los derechos humanos fundamentales. O se gobierna con el manual del FMI o se gobierna para la ciudadanía argentina. La política debe dejar de ser intermediaria del poder económico. Ustedes deben decidir el lugar que quieren ocupar.
Es un pésimo mensaje a las generaciones activas el achique del Estado, el desmantelamiento de la salud y educación pública, los miserables sueldos, la demagogia de los partidos políticos que han gobernado la provincia, los desfalcos financieros del Estado nacional, los pagos inconstitucionales “en negro”, los fraudes laborales que no tributan, la falta de aportes patronales de Municipalidades, comunas, y entidades privadas. Un Estado con menos personal, con menos ingresos, con ajustes permanentes a los que menos tenemos, no va a tener ninguna chance de sostener ningún sistema previsional y elevando las edades cercena el ingreso de la juventud mayormente afectada por la desocupación. Quizás muchos de ustedes no van a tener ese problema familiarmente, pero sí lo tiene la generalidad de la población.
Marco específico
Esta reforma es falaz. Significa un razonamiento incorrecto, engañoso o falso que aparece como sólido o convincente con el fin de manipular o persuadir.
Es falaz porque:
- Agravia la seguridad social, propiedad, igualdad, razonabilidad, tutela judicial efectiva, protección de los adultos mayores.
- Afecta derechos de naturaleza alimentaria, previsionales, salariales, patrimoniales y constitucionales.
- Altera las reglas sobre aportes, haber inicial, movilidad, pensiones, edad jubilatoria, años de servicio, regímenes especiales y contribuciones al sistema.
- Violenta la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 22 que protege a las personas mayores con el plexo normativo de los tratados internacionales de derechos humanos.
- Señala a los trabajadores activos y jubilados como responsables del déficit. No olvidemos que somos los trabajadores entrerrianos quienes aportamos el 38% entre aportes patronales y personales mientras que el estándar es el 22%.
- Se afirma que todos los entrerrianos sostienen el “privilegio de los empleados públicos”, estigmatizando, culpabilizando y responsabilizando. ¿O el gobierno piensa desentenderse de su inherente responsabilidad de la salud, la educación, la seguridad, etc?
- Se dice que los derechos adquiridos no se tocan, pero se desconoce la afección profesional del envejecimiento prematuro de la labor docente.
- No se modificaría el 82%.
- Desconoce la jerarquía y la antigüedad cuando se afirma que un jubilado cobra más que un activo. Obvio que para el Excel es así, pero para la carrera de los humanos, no. Además, cuando se plantea llevar a 20 años el prorrateo incurre en el mismo ajuste desmejorando los ingresos futuros.
- Hay dudas y no se explicita en el proyecto cuánto es el aporte patronal actual. Ahora se propone elevar un 3% sin especificar sobre qué base.
- La expectativa de vida crece, pero si los ingresos disminuyen llevan a una vida miserable e indigna. No hay que olvidar que los medicamentos, según las estadísticas promedio, se llevan el 25% del salario.
- Sin explicitar quieren armonizar los requisitos provinciales con los de la Anses.
- El gobierno nacional es corresponsable constitucional de atender la previsión jubilatoria.
- Una ley que habilite al Ejecutivo a definir luego el alcance real del sacrificio previsional no brinda seguridad jurídica. Es regresiva porque afecta directamente el patrimonio.
- Quieren tapar la caída de la recaudación, la inflación, y el aumento impagable de bienes y servicios.
- Este proyecto se plantea como única alternativa, y como todos saben la Multisectorial ha presentado un proyecto para gravar la renta extraordinaria de las multinacionales, grandes empresas extractivistas, terratenientes, impuesto a la herencia, entre otros. Achicar los ingresos es empobrecer aún más a los jubilados y es achicar el mercado interno de Entre Ríos. Porque plata hay; hay que buscarla en los sectores de mayor concentración económica, y hay que gobernar para toda la colectividad entrerriana.
Defensa de los/as trabajadores de la educación
Una maestra –cargo testigo, referencia de las negociaciones salariales- cobra apenas $750.000 y una maestra jubilada con la Ley 8732/93 apenas supera $1.090.000 con el 120% de antigüedad. Como se ve si sacan cuentas, no se está cumpliendo ese porcentaje por políticas salariales históricas y regresivas no remunerativas especialmente no bonificables.
Con la pretendida reforma un maestro en ese mismo cargo, sólo sumando la antigüedad y sin haber ejercido cargos de conducción, cobraría jubilado actualizado durante 13/15 hasta llegar a los 65/68 años $890.000, producto del “aporte solidario” del 19% hasta cumplir los requisitos de la jubilación ordinaria común. Lo mismo ocurre con los docentes que acceden a cargos directivos en los últimos años de la carrera aportarían en ese lapso de tiempo el 19% pero se agravaría porque el prorrateo a 20 años, en vez de los últimos 10 años actuales, disminuyendo sensiblemente el haber.
De hecho, la sacrificada conquista del régimen especial docente se está perdiendo, aunque no se explicite. La interpretación de conservar la edad es limitada a criterios financieros. En el año 2024 este gobierno sacó el Decreto 1.576 obligando a los docentes a aportar el 3% de sus magros sueldos hasta llegar a los requisitos de la ordinaria común. Es decir, restar haber hasta cumplir 62 años los varones y 57 años las mujeres (dentro de la 8.732). Ese ataque a la jubilación especial se profundiza con el proyecto oficialista, en más años, y más aportes, ya no con un 3% sino con el 19% más allá que se reserve la edad del retiro. Si se le suma el prorrateo de los últimos 20 años y con la opción de seguir en los cargos traerá como consecuencia negar el puesto laboral a la juventud atravesada por la desocupación sino también arremeter con las enfermedades producto del desgaste y del envejecimiento prematuro, declarado enfermedad profesional.
No se puede permitir la reformulación del artículo 71. ¿En qué cabeza cabe que la movilidad se aplique sobre los haberes previsionales a partir de los 60 días?. ¿Por qué se van a quedar con dos meses? Ustedes bien conocen las necesidades de los jubilados y en el marco inflacionario en el que estamos envueltos. Alertamos que el gobierno ha creado en el sector docente dos códigos que no remuneran y no llegan a los jubilados, Conectividad y Fopid. Dejar abierta esa puerta le permite al Ejecutivo poner plata en esos códigos sin tributar a la Caja, y que no llegue a los jubilados.
Y después se rasgan las vestiduras de los resultados de calidad educativa con un salario/jubilación que no alcanza ni para sobrevivir. ¿Quién puede vivir, trasladarse, formarse, recrearse, con ese sueldo? ¿Les parece poco que también quieren reducir las pensiones?
Gran parte de los jubilados asistimos a un ataque a las condiciones de vida que nos llevan a una crisis humanitaria por violencia económica e institucional. Toda inversión social en calidad de vida es considerada por los tecnócratas como un gasto. La barbarie del Estado viene a quebrantar todas las reglas y conductas morales. Nos quieren sumisos y obedientes, que toleremos y naturalicemos lo intolerable, que vivamos un presente sin proyectos futuros ni memoria.
Les recordamos que es el Estado el responsable indelegable de garantizar una vida digna, tiene bajo su tutela a toda la sociedad y estos derechos están enmarcados en tratados internacionales de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La convención interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de los adultos mayores es un tratado que reconoce y protege los derechos de las personas mayores. Al desconocer estos derechos los gobiernos caminan por una cornisa que vira entre la vida y la muerte.
Otro punto angustiante a destacar es la afección de la salud mental por el contexto y las condiciones de existencia impactando en las personas, en su bienestar y en su calidad de vida (Ley de Salud Mental 2010). Los factores socioeconómicos, políticos y culturales actúan como determinantes sociales de la salud mental, volviéndose un problema de salud pública. Disminuir los tratamientos médicos o sus medicinas es criminal. Salir a trabajar jubilado es un atentado a la salud, a la recreación, placeres mundanos o familiares, y un desprecio al aporte que hicimos como activos generando riqueza. No tienen idea o nos les interesa lo que significa contener, sostener y acompañar a una persona quebrantada en su salud física, mucho menos en la salud mental.
La ideología de la argamasa jerárquica patriarcal –lo que no se ve o no se quiere ver- ha quedado al descubierto intentando llevar las jubilaciones a 65/68 años. Desconocer que dos tercios del total son jubiladas en una sociedad jerárquica desigual y expropiadora de plusvalía es de “dinosaurios”. El poder masculino está haciendo un exhibicionismo de su poder. La seudo igualdad de las edades oculta, quiere invisibilizar, seguir con los pactos silenciosos del patriarcado. Negar las desigualdades persistentes y estructurales de recarga laboral, del cuidado de las maternidades, las niñeces y tareas hogareñas es macabro. El proyecto es un ataque delictivo es sistemático y generalizado contra la mujer.
A los Legisladores
La corporación política es la que nos llevó a esta situación de tragedia social y quiere descargar su incapacidad/mezquindad sobre los sectores más vulnerables. No dejen pasar, ni minimizar, ni naturalizar este embate cruel y deshumanizante.
No permitan los súper poderes legislativos en el Ejecutivo que se auto-habilita a modificar aportes, cambiar partidas y meter mano en el sistema por decreto, licuando el control de la Legislatura bajo el argumento de la "fuerza mayor".
Adiós al control de los trabajadores. La conducción colegiada queda reducida a un rol consultivo decorativo. Quiebre definitivo de la paz socio-institucional: al suprimir las facultades de veto, co-gestión y codecisión que históricamente ejercía el bloque representativo de vocales trabajadores (activos y jubilados) dentro de la conducción de la Caja, la reforma rompe el contrato social previsional entrerriano. La preeminencia exclusiva otorgada a las disposiciones complementarias y resoluciones interpretativas directas del presidente de la repartición (Art. 9 inc. l del proyecto) cancela en los hechos los mecanismos democráticos de contralor interno, clausurando la vía administrativa para frenar resoluciones unilaterales o confiscatorias.
La delegación amplia en el Poder Ejecutivo genera un debilitamiento del principio republicano, de la división de poderes y del control democrático sobre decisiones que afectan directamente el patrimonio y la vida de miles de personas.
La Constitución Provincial prohíbe la delegación de funciones sin autorización legal y establece la responsabilidad de los funcionarios por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones. Además, el principio republicano exige que las cargas públicas y las limitaciones a derechos fundamentales sean definidas por ley formal, con contenido suficiente, debate público y precisión normativa.
Conclusiones provisorias. Propuestas
- Es neurálgica la participación efectiva y control social de nuestra Caja de Jubilaciones. Hay que sostener la autonomía en serio, y el recupero de la autarquía perdida en 1994. Si hay delegación sin control de trabajadores activos y jubilados no habrá sistema posible.
- La derogación del artículo del 3 por 1 no tiene argumentación ni explicación razonable. Para acceder con esas dañinas condiciones de edad estarían coartando que un agente con 38 años de aportes no podría reducir un año de edad. Un disparate.
- Es necesario, como medida prioritaria, despejar de la ley algunos subsistemas sin aportes como EPEER, Banco de Entre Ríos, Municipal, Mérito Artístico, Veteranos de Malvinas, amas de casa, etc. También a la policía y el Servicio Penitenciario, si bien tienen su propia ley, se carga el déficit al conjunto. En estos casos proponemos se cree un sistema propio con los recursos necesarios específicos.
- Hay plata en los sectores concentrados de la economía que son los que pagan poco y/o están exentos por leyes como el RIGI y el RINI. Es la voluntad política de las Cámaras dónde quieren ubicarse o de qué lado del mostrador están. Los jubilados acompañamos el proyecto de la Multisectorial de creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER). Allí encontrarán los recursos para atender los problemas financieros.
Mensaje final
Este proyecto no va a prescribir en el tiempo y los responsables tendrán que dar cuenta de la violación a los derechos humanos previsionales. Esta situación de problemas financieros no es atribuible a los trabajadores sean activos o jubilados sino responsabilidad de los gobernantes.
Finalmente esperamos que no pase como con el IOSPER, que se hicieron audiencias y luego se votó a libro cerrado. Además, estamos esperando de los senadores la eliminación de las jubilaciones de privilegio que aún perciben el gobernador y su vice.
Centro de Docentes Jubilados y Pensionados de Paraná
