Por Luis María Serroels (*)

¿Qué está aguardando la ciudadanía sana en sus ideales y hastiada de tanto engaño, para hacer tañir las campanas del enojo y el hartazgo? ¿Se perdió de vista que la Nación no es propiedad de nadie en particular sino de todos y apenas si la tenemos prestada de nuestros hijos, nietos y los nietos de nuestros nietos…? ¿Se actúa acaso como sucede en las vizcacheras, mientras algunas van cayendo bajo el plomo certero del cazador, las demás permanecen ajenas ignorando que serán las próximas víctimas?   

¿No perturba el entendimiento y desafía la sensibilidad de nuestra sociedad, observar que en ámbitos gubernamentales se reconozca sin pudor alguno, que se está trabajando en desarticular el Poder Judicial e instalar un armado ad-hoc para que Cristina Fernández no sea condenada por graves causas vinculadas con la corrupción en el poder?

Todos sabemos quiénes son los cazadores que eligen como presa al pueblo para hacerlo víctima del gas paralizante de sus legítimas aspiraciones. La operación Cristina Absuelta no sólo está en ciernes sino que se la admite desvergonzadamente, señal de que se apoderó de la potestad de manejar jueces e incluso suplantarlos cuando inquietan. Quien maneja los tres poderes penetra en el túnel profundo de la tiranía. Un país donde los corruptos son electos en el cuarto oscuro aún a sabiendas de que el objetivo global es la suma total del mando, agravia descaradamente la historia y mancha la herencia de tantos prohombres que construyeron nuestra Nación.

A medida que transcurren los días de la gestión doble “fernandista”, más nítidamente van asomando las reales intenciones que abonaron la lucha por el retorno al poder del kirchnerismo. Aquí se copó un gobierno para poder manejar la justicia y así salvar a la millonaria “abogada exitosa” de ir presa. Las entidades que nuclean a los profesionales del derecho, los catedráticos universitarios de las ciencias jurídicas y los magistrados, no parecen reaccionar enérgica y orgánicamente para frenar una operación indigna que avergüenza a la República.

La tenue apreciación colectiva de que se pecó de un grosero irrealismo y exceso de optimismo durante la lucha electoral, es un fenómeno que salta a la vista cuando las soluciones prioritarias pregonadas no aparecen y anuncios grandilocuentes pierden sonoridad. Montos alentadores para la clase pasiva se frenaron de golpe por falta de muñeca tiempista (a la entrega de esta nota se aguardaba el anuncio oficial del porcentaje) y, junto a otras demoras, el reloj de arena se da vuelta tras vuelta postergando las promesas. Los ancianos no olvidan el manoseo cristinista cuando vetó la ley del 82 % móvil.

El más módico sentido común y la simple percepción alimentada por noticias periodísticas –no desmentidas por cierto-, muestran que el interés K se centra prioritariamente en que ningún juicio que perjudique a Cristina Fernández deba prosperar, que a los corruptos de la lista de los cuadernos de Oscar Centeno que ya habitan cárceles se les abran las puertas y que los dineros mal habidos sigan preservados sin riesgo al no existir extinción de dominio, ley que permite al Estado perseguir los bienes de origen o destinación ilícitos.

¿No resulta ridículo que se siga considerando a Julio de Vido –entre otros- preso político? Aceptemos que pueda discutirse su falta de condena firme, pero sus poderosos medios para salir del país le juegan en contra. Amado Boudou y Ricardo Jaime sufrieron condenas, incluso este último acordó una menor monta de encierro a cambio de confesar pormenorizadamente sus graves delitos.

Toda operación de cohecho no puede concertarse sin la participación de empresarios y funcionarios del Estado. Desde luego que en el ámbito oficial existe una pirámide entre cuyo pico y base operan sedientos de riquezas mal habidas y ejecutores avezados de maniobras tan viejas como aceitadas para nutrir cuentas en paraísos fiscales.

El caso de Rodrigo Alberto Sbarra, exfuncionario macrista del área del Ministerio de Producción, a quien le hallaron en su oficina un sobre con U$S 10.000 (algo insólito que alguien se olvide semejante suma y tan expuesta a ser advertida) parece mucho más grave que los U$S 4.600.000 descubiertos en una caja de seguridad del Banco Galicia y dos cajas de ahorro en la misma institución financiera con U$S 1.032.044 y $ 53.280 respectivamente a nombre de Florencia Kirchner y cuya  existencia negara su madre. No hace falta recodar que el recientemente fallecido juez Claudio Bonadío, fue la gran piedra en el zapato de Cristina Fernández vinculado con la causa “Dólar Futuro”. Tanto Máximo como Florencia están procesados e irán a juicio oral en las causas Hotesur y Los Sauces, donde su madre es la principal imputada y salpica a numerosas personas.

De allí que el sábado 9 de este mes se conocieron a través de un matutino porteño, datos muy precisos sobre las maniobras en marcha. Empresarios de sociedades involucradas en delitos habrían sido designados en organismos oficiales para desviar las investigaciones y algunos funcionarios están siendo presionados para separar y trasladar a subalternos que iniciaron las investigaciones.

Los hijos de la actual vicepresidenta dicen que su mamá les donó prácticamente toda su fortuna, entonces es ella quien debe dar cuenta del origen de tanta plata. El caso de Sbarra está en plena investigación y el de la actual vicepresidenta chapalea en causas que difícilmente podrá sortear en la medida que jueces y fiscales corajudos pongan lo que se debe poner.

Se acepte o no, queda claro que en el riñón del poder gobernante no se han podido transparentar ciertos roles y ello se suponía que se había acordado al momento de integrar la fórmula presidencial.        

Existen –suponemos- pautas acordadas con la debida antelación en términos de cobertura de cargos. Ello requiere evaluar capacidades, asignar funciones acordes y paralelamente ser cuidadosos a la hora de generar confianza en la opinión pública.

Llamó la atención que desde Cuba (no desde El Calafate) -en uno de sus periódicos viajes a visitar a su hija-, CFK hizo un llamado al FMI reclamándole casi con tono de intimación, que la reestructuración de la deuda externa “debe contemplar una quita sustancial”. Más allá de su argumento de que ese préstamo efectuado al gobierno anterior “es ilegal” y que el organismo se niega porque su Estatuto prohíbe hacer quita, se supone que esta cuestión debería encararla el presidente, tras sus recientes pedidos a jefes de Estado de Europa y al Papa para que intercedan (no es fácil suponer una respuesta generosa, en tanto el FMI está lejos de ser una entidad de beneficencia y nuestros gobernantes un dechado de formalidad).

Hay chisporroteos internos producto de una coalición tejida a las apuradas que no se basó tanto en principios y coincidencias de largo alcance, sino en la distribución –a veces a regañadientes- de cargos donde incluso no se advierte la necesaria pericia política. Hoy no es sencillo para Alberto Fernández convencer de que es él y no Cristina quien maneja el poder.

No pocos recuerdan la historia negra del exministro de Economía y ahora gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con zafarranchos de alto voltaje junto a Cristina en la reestatización de YPF que demandó pérdidas al Estado por U$S 5.000 millones en carácter de indemnización a Repsol (que nunca habría solicitada) cuando debió ser a la inversa por daños ambientales y además se hizo cargo de una emisión especial de bonos entregados a la empresa por U$S 9.000 millones. Cristina ha sido denunciada por maniobras que hoy generan demandas en el extranjero.

Kicillof  le canceló al Club de París indebidamente casi el doble de un crédito por 4.500 millones de dólares (intereses del 100%), cuando debía ser muchísimo menos. Además se le acusa de arreglar un acuerdo que hoy significa deber U$S 2.000 millones al 9% anual. El blooper de atribuirle a su antecesora María Eugenia Vidal un préstamo que fuera contraído durante la gestión de Daniel Scioli, es producto de su supina ignorancia.

Frutilla del postre: a principios de esta semana los abogados de la AFIP confirmaron que el dueño del Grupo Austral Construcciones, Lázaro Báez, lavó dinero “con fondos provenientes de los contratos de obra pública que se le otorgaran entre 2003 y 2015”.

Esto agrava la situación de CFK  en el juicio iniciado en 2019, por “favorecer a Báez con obras públicas viales” (los hoteles de los Kirchner se usaron para el retorno de fondos públicos). Se habla de un perjuicio al Estado por 673 millones de pesos.

En la justicia habla de “un derrotero criminal y un plan tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero de origen delictivo”, explicándose que “todo tuvo origen en una matriz de corrupción institucional”.

Como colofón, la quebrada empresa postal OCA y el Estado nacional, le adeudan a la AFIP la friolera de 17.000 millones de pesos. Coadministrada con el Sindicato de Camioneros y con un plantel de 6.076 empleados (5.800 afiliados a dicho gremio) es un verdadero cáncer que crece y afecta el bolsillo de todos los contribuyentes argentinos. ¡Aguante el Moyanismo!

(*) Especial para ANÁLISIS