Por Carlos Pagni
(publicado en La Nación este martes)

Estamos ante un nuevo proyecto de estatización por parte del kirchnerismo y es el primero para Alberto Fernández, quien salió hoy a defenderlo. Vamos a analizar con detenimiento qué significa esto y cuánto nos puede costar. Porque remite a otras historias que deberíamos tener presentes dada su aparición reciente en las noticias.

Hablamos de un proyecto de ley para estatizar, aunque por ahora es una intervención, y es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Pero es un avance sobre un sector privado importantísimo para la política y en especial para el imaginario kirchnerista: el agro. El kirchnerismo se definió a sí mismo en el año 2008 con una saga: el conflicto con el campo que determinó buena parte de su identidad ideológica y de sus alianzas sociales y políticas. Estamos hablando, entonces, de una estatización en ese campo, de una empresa que es Vicentin.

Se trata de la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. Con una producción de 29.500 toneladas por día y de ventas por 3000 millones de dólares. Más del 85% de esas ventas, en el último ejercicio exitoso que tuvo Vicentin, fueron exportaciones. Es la mayor productora de biodiesel del país, lo que podría traducirse en el interés que puede tener YPF sobre ella.

Vicentin se encuentra entre los diez principales exportadores de la Argentina y es el quinto de su sector: oleaginosas, granos, soja, aceite. En el año 2016 batió un récord y fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. La empresa tiene dos terminales portuarias y en el año 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, al año siguiente el 27%. La compañía se ubica en el sexto puesto del ranking de exportadores agroindustriales.

El 4 de diciembre de 2019, Vicentin les planteó a sus acreedores que estaba ante una situación financiera por la cual le resultaba imposible pagar la deuda. A partir de ese momento, comenzó un enorme problema, un gran cimbronazo en el sector empresarial argentino, sobre todo en el ámbito ligado a los negocios del agro. Hubo también algún escándalo porque dos días antes, sin que nadie supiera, había vendido una parte de Renova a Glencore, empresa de la que ya era socia, pero con el objetivo de hacerse de un dinero. Esto ocurrió pocos días antes de anunciarles a los acreedores la imposibilidad de pagar la deuda.

Vicentin tiene una gran deuda con la banca argentina, pero especialmente con el Banco Nación. En decir, una empresa pública le prestó a Vicentin y ahora al estatizarla no sabemos si se va a estatizar la deuda también. Para decirlo en términos kirchneristas: no se sabe si esto es parte de una política de endeudamiento en la que los argentinos tendremos que asumir la deuda de este grupo privado. Estamos hablando de una deuda de 1600 millones de dólares en total, de los cuales 300 millones son la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación.

También le debe al Banco Provincia, al Ciudad, al BICE y al Banco de Santa Fe, ya que la matriz de la empresa está situada al norte de esa provincia.

Vicentin también le debe a bancos mixtos como al Hipotecario y a privados como Macro e Itaú. Por otro lado, hay además en juego 428 millones de dólares con la banca internacional. Un dato muy importante es que el 26% de la deuda de esta empresa está contraída con productores de granos que no han cobrado las ganancias y probablemente sea por ello que el gobernador santafesino Omar Perotti estaba muy interesado en que el Gobierno le otorgue una solución a este tema. No sé si esta solución, si es que fuera una solución. Como no podía ser de otra manera para una empresa con problemas, le debe 9500 millones de pesos al estado nacional en concepto de impuestos.

Cristina Kirchner está obsesionada con esta compañía, al igual que su hijo Máximo y de ellos nació el proyecto de expropiación. Ella le encomendó a Oscar Parrilli, en el Senado, que constituyera una comisión para investigar la situación de Vicentin y su deuda con el Banco Nación. Ahí hubo una posición muy fuerte de Claudio Lozano, director del Banco, que en su momento denunció por corrupción al gobierno de Cristina Kirchner, pero que ahora le marca un poco la política a la administración actual en esta materia.

Alberto Fernández conoce bien el tema, y se interesó por él temprano. Hay una versión que dice que en la primera o en la segunda conversación larga que mantuvo con Mauricio Macri le preguntó por Vicentin y por el líder de la empresa Sergio Nardelli. El exmandatario aparentemente trató de quitarle peso al problema. Nardelli es muy amigo de Macri, y es uno de los empresarios que más cerca de él ha estado durante las campañas electorales y también durante su gobierno. Por su parte, Macri siempre estuvo interesado en el negocio de los biocombustibles.

Más allá de esto, da la impresión, si uno mira gestualmente la conferencia que hoy brindó el Presidente, de que él no está de acuerdo con la salida de la estatización. Y para ello uno podría recordar un antecedente. De cuando Néstor Kirchner era presidente e intentó la estatización de un grupo empresarial también muy endeudado con el Banco Nación: el Grupo Yoma, de Emir Yoma, el cuñado de Carlos Menem. Kirchner quería estatizar las curtiembres de Emir Yoma, y el que se opuso y logró torcerle el brazo fue Alberto Fernández. ¿Con qué estrategia? Lograr que el juez del concurso ponga un interventor en el grupo Yoma.

En Vicentin, por lo menos hasta hace tres días, ignoraban que se desencadenaría la medida durante este fin de semana. Ellos estaban viendo de vender algunos activos e ir manejando el concurso de acreedores, donde el empresario concursado tiene una participación importante, distinta de la que le corresponde cuando ya quebró. Había varios tiburones que olían negocios alrededor de la empresa y querían de alguna manera quedarse con negocios del grupo. A la cabeza, estaba José Luis Manzano, que suele hacer negocios con plata ajena.

Ahora, la empresa que se va a estatizar, se interviene. Se pone en manos de YPF Agro y se le encarga a Gabriel Delgado, que es un economista, que tuvo responsabilidades durante el gobierno de Cristina Kirchner. Delgado iba a ser ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fernández, pero alguien lo trabó desde el entorno de la vicepresidenta. Lo cierto es que el Presidente lo recuperó para su entorno hace más o menos 10 días.