Por José María Varangot (*)

“Si sienten que me desvío, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”. (Alberto Fernández, Diciembre 2019) Nuestra ciudadanía percibe la enorme deuda que mantiene la dirigencia política con ella, desde el comienzo de la democracia en 1983. Sin embargo, hay actitudes de los últimos gobiernos, de distinto signo político, que han contribuido a transformar el descontento y desilusión de la gente, en demostraciones de resentimiento y profunda desazón, ya sea a través del discurso o incluso mediante acciones concretas.

El pueblo, al votar a un nuevo presidente lo hace porque le transmite confiabilidad, que se traduce en la esperanza de estar mejor, en lo personal y como país; pero lo que sorprende es constatar que, si bien, la economía anda peor, la educación no arranca, aumentan la inseguridad e impunidad, se profundiza la grieta, factores que, los sufrimos desde hace tiempo, hoy, estamos inmersos en un ambiente de paulatino descreimiento hacia el sistema democrático, que es mucho más que concurrir a las urnas cada 2 años a votar. Esta situación que atravesamos, de sensible desgaste anímico, va más allá de la actual pandemia y extensa cuarentena y sus resultados de eficiencia. Comenzamos a dudar si nuestros gobernantes cumplen su función con apego al estado de derecho. El normal funcionamiento de instituciones como justicia independiente, división de poderes, inviolabilidad de propiedad privada, prensa sin censura previa, tendrían que tener plena vigencia junto a otras. De no garantizar los derechos fundamentales, en poco tiempo, estaremos restándole legitimidad al ejercicio del poder del gobierno que sea, pues se atacan Instituciones que los argentinos reconocemos como principios fundacionales de nuestra cultura como sociedad.

La clase media, cada vez más vapuleada, se ha nutrida históricamente de los logros de los abuelos inmigrantes, producto de su trabajo, enviando a sus hijos a la universidad. Ya profesionales, en función de sus méritos, materializados en trabajo, educación y sacrificio conformarían la fundamental clase media argentina. Pese a ello, el presidente Fernández ha manifestado que “la meritocracia premia a los privilegiados y que el esfuerzo y el éxito, no dejan ver las desigualdades de todo tipo”. Se trata del desprecio por el mérito personal pues nosotros crecimos convencidos, que la igualdad social y de oportunidades se logra en democracia, con libertad y desarrollo económico. Ahí radica el mérito que el presidente ya no advierte….

Otra fotografía instalada en la opinión pública, es la del gobierno tratando de someter al Poder Judicial, manejando la totalidad de las comisiones del Congreso Nacional, que tengan que ver con el despliegue de la Justicia; operando para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura de manera de controlar los nombramientos y destitución de Jueces; intentar el traslado de Jueces, para apartarlos de causas en las que están involucrados importantes funcionarios del anterior Gobierno, incluida la actual vicepresidente. El asedio a la justicia se ve reflejado en un sinnúmero de circunstancias, los ataques al procurador Casal, críticas a la Corte Suprema de la Nación, liberación indiscriminada de presos con penas por delitos graves, los que una vez en libertad, reincidieron en robos y violaciones. Asimismo, resulta impactante y sospechoso, la reiteración de hechos de usurpación de terrenos, campos, públicos y privados, siempre alentados por conocidos militantes del oficialismo, el consiguiente silencio de las autoridades o en su caso, contradicciones entre ellos o peor aún, las insólitas conclusiones del jefe de Gabinete al afirmar que “la toma de tierras es delito sólo si hay una sentencia firme”. ¿Acaso conoce el ministro Cafiero cuándo una sentencia es firme en Argentina? No sabe que hay doctrina que considera que la sentencia es firme cuando ya no queden instancias superiores para apelarla, es decir, una vez que haya fallado la Corte Suprema de la Nación y para que ello ocurra, seguramente la causa tramitará en Tribunales por muchos años. Con sus dichos ha quedado instalado en nuestra sociedad que, la justicia es prácticamente impotente para restablecer el derecho a la propiedad, amparado por nuestra Constitución Nacional. Para ser claro, la sociedad argentina comienza a temer que existe un estado de indefensión, frente a determinados delitos.

Nadie duda de la legalidad o “legitimación de origen” del gobierno de Alberto Fernández, pero la gente comienza a restarle la “legitimación del ejercicio del gobierno” y ello se refleja en el ánimo de la clase media, de múltiples maneras y la más evidente, son las protestas ocurridas en todas las fechas patrias durante el corriente año. Sr. presidente, gran parte del pueblo argentino está demostrando su hartazgo, frente al intento de lograr un “periodismo controlado”, una “justicia complaciente con el poder político”, el abandono de la garantía de la propiedad privada, el desaliento del trabajo y el mérito personal como motor del progreso. Están saliendo a la calle para avisarle de su desvío….

(*) Abogado y Productor Agropecuario de Santa Elena.