Por Antonio Tardelli (*)

Nada más atractivo en los últimos tiempos que la investigación judicial que examina la monumental maniobra de adulteración de contratos de obra montada durante al menos una década en la Legislatura de Entre Ríos. Mucho nos dice la causa de los denominados Contratos Truchos acerca de los valores que inspiran la política de esta era.

A cifras actualizadas, la operación comportó para el erario público un perjuicio que se calcula, según diferentes pericias, entre los 38 y los 53 millones de dólares. No se sabe a qué bolsillo grandote fue a parar semejante cantidad de dinero.

Se trata de un desfalco millonario en una provincia que experimenta postergaciones en salud, educación, vivienda, promoción de la economía, asistencia social y en todos los rubros enumerables. Con procedimiento de hormiga, disciplina de abeja y seguridad de león en la Legislatura de Entre Ríos se robaron una animalada de plata.

Es espantosa la descripción de los hechos: unos setecientos contratos ficticios, una asociación ilícita con decenas de integrantes, al menos cuatro directores contables involucrados, algunos estudios de contadores encargados de emprolijar el desfalco y un ejército de legisladores como testigos (indiferentes o ciegos) de una estafa que se desplegaba delante de sus ojos.

Es una historia de peces gordos, por ahora no debidamente identificados, y de peces pequeños, soldaditos del saqueo. Se eludieron controles, se simularon endosos, se falsificaron firmas y se desviaron recursos. Precavida, la organización se encargó de montar una estructura para atender la cuestión impositiva. Es una medida de seguridad que las bandas criminales no desatienden por lo menos desde los tiempos de Al Capone.

Se ha infligido un enorme daño económico. Pero el perjuicio a la política –a su credibilidad y a sus posibilidades transformadoras– es imposible de cuantificar.

Los controladores fueron ineptos o se sumaron al comportamiento delictivo. Ningún vicegobernador advirtió nada extraño entre 2008 y 2018. No vieron anomalía alguna los sucesivos presidentes de la Cámara de Diputados. Los legisladores que permanecían afuera del negocio no intuyeron tampoco que delante de sus narices pudiera estar sucediendo algo irregular.

Se discute acaloradamente si los ladrones robaron para financiar la actividad política o si lo hicieron para entregarse a una vida de placeres. Al final del camino sólo interesará saberlo para que a la valoración jurídica se le puedan añadir algunos apuntes de orden ético. En todo caso personas de alguna u otra forma vinculadas a la política asoman en los diferentes niveles jerárquicos de la banda criminal que materializó el desfalco entrerriano.

Se trata de individuos que, si tienen un relativo nivel de exposición en el escenario político, alardean de sus nobles propósitos. Son personas que se hacen gárgaras (o personas que responden a gente que se hace gárgaras) con la vocación de servicio, la entrega al bien común y los sacrificios que exige la patria. Referentes políticos encumbrados –o allegados a esos referentes, o colaboradores de esos referentes, o punteros de esos referentes– quedan ahora expuestos en su cinismo.

De manera incalificable han actuado desde el poder o desde los suburbios del poder.

Más de quinientas páginas insume la acusación. Quiere uno creer que el modus operandi descripto es apenas una dimensión marginal, secundaria, de la política. Si toda la política fuera así, si toda la política gubernamental fuera así, o si gran parte de la política fuera así, la política se habría convertido en algo vomitivo. Asqueroso.

El escrito de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry ya ha generado controversia. Un ex fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, Rubén Pagliotto, y legisladores de la UCR creen directamente que se intenta consagrar la impunidad. Es porque, al menos hasta acá, los cabecillas de la organización brillan por su ausencia.

Salvo que se piense –según alegan– que los máximos responsables del latrocinio son quienes componen la heterogénea lista de 32 imputados. Pero da toda la sensación, en efecto, de que la pirámide delincuencial no encuentra su vértice entre quienes son acusados en la pieza del Ministerio Público Fiscal.

El sentido común indica que una operatoria de esa naturaleza no pudo avanzar un día, y mucho menos prosperar durante diez años, sin el guiño, la complicidad o el aliento de una instancia superior de la política.

Pero no son tantos los nombres de los pesos pesado que aparecen mencionados en el escrito acusatorio.

Entre los imputados se halla, sí, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri. En algún momento del período investigado Aguilera se desempeñó como secretario de la Cámara de Senadores.

Efectivamente el texto incluye alguna referencia muy directa a Urribarri. Según los fiscales, el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, les solicitó a tres diputados (Juan Navarro, Daniel Ruberto y Juan Carlos Darrichón) que fraguaran una decena de contratos. Una decena de contratos cada uno. Que falsificaran, pues, treinta documentos.

Yedro y Aramberri aseguran que Cardoso actuó así porque seguía expresas instrucciones en tal sentido formuladas por Urribarri.

El problema de las responsabilidades (por lo menos) políticas asoma también en un párrafo muy significativo de la extensa solicitud de la elevación a juicio.

Se consigna: “Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia, que suscribieron los respectos contratos sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

¿Podrá en algún momento la investigación levantar la vista y mirar hacia arriba?

¿Podrá detenerse en instancias más elevadas de la política?

¿Podrá identificar a quienes hasta ahora no ha podido identificar?

¿Habrá causa Contratos I y luego eventualmente Contratos II y más tarde si cabe Contratos III?

Y más: ¿le interesará a la sociedad entrerriana lo que en lo profundo expresen las eventuales causas Contratos I, Contratos II y Contratos III?

Las sospechas proliferan.

Los indicios parecen certezas.

Sabe el futuro si habrá determinación de responsabilidades penales.

Y juicios sobre la conducta de los gobernantes.

Sólo el tiempo conoce si de este lodazal emergerá algo que tenga un cierto aire de familia con la justicia.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.