Por Mariana Carbajal (*)

Las cifras de maltrato y de abuso sexual en las infancias son abrumadoras en el país. El brutal asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años, por parte de su madre y la novia de ella, dejó al desnudo y de la peor forma conductas violentas que, lamentablemente, son más frecuentes de lo que como sociedad preferimos reconocer.

Lo muestran encuestas, registros oficiales de denuncias, y también las cifras de femicidios vinculados donde el perpetrador, además de asesinar a la madre de sus hijxs, les quita también la vida a ellxs: entre 2019 y 2020, al menos 49 niñas y niños fueron asesinados en Argentina en contexto de violencia de género, de acuerdo al Observatorio de Femicidios Ahora Que Sí Nos Ven.

Pero para aquellos que ven en los feminismos el demonio, es mejor pensar que la madre y su novia son las únicas personas capaces de perpetrar esas violencias extremas sobre un cuerpo infantil, indefenso. Porque eso tranquiliza. Son ellas, lesbianas, las asesinas, las monstruas.

Es muy triste pero el problema es mucho más extendido. Y, obviamente, no es culpa de los feminismos.

Un informe especial de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema publicado en noviembre analizó 6.805 denuncias de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por violencia doméstica durante la pandemia (entre 2020 y 2021). La mitad de ellos fueron evaluados como de riesgo alto y altísimo. El 30 por ciento de esas denuncias correspondió a NNyA afectados con una frecuencia de violencia diaria y en el 58 por ciento de los casos, semanal. Sus principales agresores fueron varones (73%), en la mayoría de los casos se trató del progenitor.

¿Qué hacemos ahora que la problemática profunda del maltrato y el abuso en las infancias nos estallaron en la cara?

Lo más preocupante es que el Estado lo sabe. El 59 por ciento de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF (2019/2020), el 42% castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). A su vez, el estudio afirma que 11% de las mujeres (15 a 49) sufrieron violencia sexual durante su infancia. En una consulta que hizo UNICEF a 1500 adolescentes a través de la herramienta U- report estas tendencias se mantuvieron en 2022.

“La prevención parece una palabra en desuso: hace años que no hay campañas sistemáticas de prevención y concientización contra las violencias hacia niñas y niños”, cuestionaNora Schulman, directora ejecutiva Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña (CASACIDN), con más de tres décadas de trabajo en la temática. Pero lo más grave, subraya, es la actuación de la justicia. “No escuchan a los chicos y chicas, a pesar de que jueces y juezas están obligados por ley. Lo que vemos con más frecuencias es que cuando los chicos y chicas van a la justicia, no les creen, sobre todo en casos de abuso sexual cuando el victimario es el padre. Además, el hecho de que una mujer pueda parir no significa que pueda maternar. No podemos idealizar a las madres y la justicia debe advertir esa situación”, dice Schulman.

La ausencia de perspectiva de género en la Justicia conspira contra las niñeces también.

Schulman además señala que otro problema es la falta de involucramiento de profesionales de la salud que no detectan o no denuncian --porque tienen miedo de tener problemas judiciales luego-- y prefieren mirar para otro lado cuando hay signos de maltrato o abuso y así impiden una intervención oportuna para ponerles freno a las violencias.

La vida de Lucio Dupuy no hay forma de devolverla. Sus ojos vivaces, su sonrisa fresca, nos quedarán grabadas, dolorosamente grabadas en la memoria. Que nunca se nos olviden las torturas y atrocidades que padeció. Es necesario un compromiso social y político amplio --sin grietas, sin fakenews, sin campañas de desinformación y de odio, sin mezquinos aprovechamientos partidarios-- para prevenir las violencias --en cualquiera de sus formas y modalidaes-- hacia las niñeces. Por Lucio. Por todxs.

“Hay que capacitar en alertas tempranas, hacer nuevos protocolos de actuación y renovar los ya existentes. Los indicadores de abuso y violencias no son tan lineales. Hay que escuchar a lxs niños y niñas por lo que dicen pero también por lo que callan”, señala a Página 12 la abobada Marisa Graham, defensora nacional de NNyA. Pero sobre todo, dice, hay que trabajar para “desnaturalizar las microviolencias cotidianas que persisten en hogares a veces en aras de corregir o educar a niñas, niños y adolescentes y también son consecuencia del patriarcado que impone la creencia de que las chicos y los chicos son propiedad de los padres”. No se percibe a los NNyA como ciudadanas y ciudadanos.

El maltrato físico es el motivo más frecuente (el 21 por ciento) entre las llamadas a la Línea 102, de acuerdo con la información --correspondiente a 2022-- suministrada por los servicios provinciales a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y casi el 8 por ciento se refieren a situaciones de abuso sexual contra niñeces: la mayoría de estos hechos, se sabe, ocurren en el ámbito intrafamiliar y por parte de un varón conocido de la víctima.

Cuando la violencia se advierte y los dispositivos de protección actúan más o menos a tiempo se separa a NNyA de sus hogares violentos. Hay actualmente unos 9200 NNyA bajo medidas de “abrigo”, alejados de sus progenitores en su mayoría por causas de maltrato y abuso sexual, al cuidado de familias sustitutas o en hogares o residencias públicas o a cargo de ONG con convenios con el Estado. Luego, claro, viene otro problema: aquellos que crecen en instituciones y ya nadie quiere adoptar porque tienen más de 5 años, o alguna discapacidad o forman parte de grupos de hermanos. Hay unos 2800 chicos y chicas con declaración de adoptabilidad y nadie pide por ellos, aunque hay 2200 parejas o individuos anotados para adoptar, pero solo buscan pequeñxs de menos de 3 años.

La Ley 26061 de Protección Integral de las Infancias obliga a la SENAF a llevar adelante capacitaciones. El organismo viene realizando actividades de formación, pero solo el 1 por ciento de las que dio en 2021 fueron sobre temáticas de violencia y maltrato y apenas el 4 por ciento en el primer trimestre de 2022 sobre “prevención y abordaje de violencias y promoción de buen trato”, de acuerdo a las publicaciones oficiales.

La SENAF será ahora el órgano de aplicación de la llamada Ley Lucio, que cuenta con media sanción de Diputados y que fue incluida para ser tratada durante las sesiones extraordinarias en el Senado. El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la formación será obligatoria para funcionarixs y empleados estatales (en la reglamentación se deberá determinar su verdadero alcance). También obliga al Estado a llevar adelante campañas preventivas y de concientización.

Nora Schulman además plantea la necesidad de profundizar la Educación Sexual Integral como una herramienta fundamental. Sectores y voceros antiderechos que apuntaron contra los feminismos y algunas referentes feministas en estos días queriendo adjudicarles responsabilidad en el asesinato de Lucio son los mismos que suelen oponerse a la ESI detrás de la campaña regional #ConMisHijosNoTeMetas. “En los lugares donde se aplica la ESI enseguida se abre el tema y saltan las denuncias de parte de alumnas y alumnos que están sufriendo violencias en sus casas”, destaca Schulman. Y especialmente reclama “mayor compromiso de la política pública y de la justicia” para enfrentar el problema de las violencias hacia las niñeces y adolescencias.

Que no sea un tema pasajero. Que la conmoción social que generó el asesinato de Lucio, nos dure. Para actuar. Y dejar de mirar para otro lado.

(*) Esta columna de Opinión de Mariana Carbajal fue publicada originalmente en el diario Página/12.