Por Guillermo Michel (*)

El 20 de diciembre de 2024 se promulgó la ley 11.176, por la que se establece el Presupuesto General para la Administración para el Ejercicio 2025. La ley fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos el 3 de enero de 2025.

La ley fija las erogaciones del presupuesto de la Administración Provincial para el ejercicio 2025 con destino a los gastos corrientes, entre ellos los gastos de personal, y de capital.

Por el artículo 28 se aprueban los cuadros y planillas anexas donde se detallan los importes determinados para los organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social. En dichas planillas se detallan los sueldos que la legislatura aprueba para cada nivel de funcionario provincial.

A pesar de toda esa normativa, el 2 de enero de 2025 se refrenda el Decreto 1/2025 –que a la fecha no ha sido publicado en el Boletín Oficial- por el cual se crea, en su artículo 17, la “Unidad de Compensación Económica (UCE)” destinada a otorgar un sobresueldo a los funcionarios del gabinete provincial.

El segundo párrafo de dicho artículo establece que la UCE tendrá carácter remunerativo y bonificable, para el personal de Gabinete. Por su parte, el cuarto párrafo expresa que el tope máximo del total que se pague en concepto de UCE será del 0,5% del total del crédito vigente de la partida Personal.

Considerando que el artículo 1º de la ley 11.176 establece como Gastos en personal el monto de $ 2.002.595.742.000 ($ 2 billones), la partida total considerando el tope del 0,5% sería de $ 10.012.978.710 anuales, es decir $ 835 millones mensuales. Asimismo, la distribución de las unidades será una facultad del Secretario de la Gobernación.

Los entrerrianos venimos escuchando un discurso de campaña del gobierno provincial (sí, aún hoy) vinculado a la transparencia y a la reducción del gasto político.

Ahora bien, esta medida claramente no es transparente (aún no fue publicada en el Boletín Oficial) ni ayuda a la reducción del gasto político: son $ 50 millones diarios por día hábil para disponer de manera discrecional por parte del Secretario de la Gobernación.

La discusión de la remuneración de los funcionarios políticos de un gobierno es un tema que requiere un debate maduro sin entrar en demagogias, pero el debate debe ser de cara a la sociedad y con las normas publicadas en el Boletín Oficial.

(*) Esta columna de Opinión de Guillermo Michel fue publicada originalmente en el portal de Infobae.