El diputado provincial Diego Lara (FpV) se refirió a la reacción de los vecinos de María Grande en rechazo a la prisión domiciliaria de los hermanos Siboldi. Por otra parte, confirmó su intención de participar en el concurso del Tribunal de Cuentas.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Lara se manifestó “preocupado, como la mayoría de la comunidad”. Ante ello, consideró que “debe haber una revisión del criterio del Ministerio Público Fiscal y cuando acuerda este tipo de medidas del cumplimiento de una medida restrictiva de libertad en un domicilio se tomen los recaudos para que no se autorice que esos domicilios no sean fuera de la ciudad donde el imputado vive; porque llevar estos casos a localidades del interior que son chicas, donde todos se conocen, genera problemas”.

Planteó que “hoy la sociedad está muy sensible y estas cosas para nada contribuyen a la paz social de una localidad del interior” y comentó que tuvo comunicación con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien “tratará de canalizar un diálogo con el Ministerio Fiscal y la Procuración para ver si se puede reconsiderar esta cuestión, porque la medida aún no se hizo operativa”. Se mostró “confiado en que haya una revisión”.

En este contexto, el legislador opinó que “la Justicia tiene que contemplar un criterio ecuánime y un equilibrio entre la seguridad pública, el bienestar del conjunto de la sociedad y también del imputado” pero se preguntó “qué seguridad le podemos dar a una comunidad con características totalmente diferentes a las de una gran ciudad como Paraná”.

Como ejemplo, planteó que “la gente que tiene la restricción domiciliaria y que no podrá salir, necesitará de gente que la asista, poniendo en riesgo al resto de la gente” y sostuvo que “la justicia tiene que adoptar también otras medidas en forma conjunta para brindar seguridad a la persona que tiene la prisión domiciliaria y también a los vecinos”.

“Debe haber determinados recaudos y medidas de protección para que a través de las fuerzas de seguridad estén controlados, pero esto de mandarlos a otra ciudad que nada tiene que ver al caso, no ayuda en nada y provoca las manifestaciones de los vecinos. Es una situación compleja pero la justicia tiene los resortes, las fuerzas de seguridad existen y las medidas que dispone un Juzgado deben cumplirse pero apelo a la responsabilidad y al equilibrio tanto del Ministerio Publico Fiscal como de la defensa porque acá también hay que velar por la seguridad y la integridad del imputado”, reflexionó.

Asimismo, apuntó a la necesidad de “buscar un criterio de razonabilidad en cualquier medida” y opinó que “lo más razonable sería disponer un arresto domiciliaria en la propia ciudad pero no en el mismo barrio donde se produjo el hecho”. “En una ciudad grande como es Paraná donde se suscitó el conflicto hay otra idiosincrasia y otra forma de vida que en una localidad del interior, donde se genera una conmoción social como la de anoche, y para los imputados tampoco es lo más apropiado”, indicó.

“Tenemos que ser respetuosos de la libertad de los poderes del Estado pero también hace bien al diálogo, que se permitan sugerencias y en eso confió en la autoridad política de la ministra que iba a trasladar esta preocupación al Ministerio Público para ver si se puede rever esta medida”, sentenció.

Concurso del Tribunal de Cuentas

En otro orden de cosas, Lara confirmó que se inscribió al concurso para presidir el Tribunal de Cuentas pese a ser diputado provincial electo. “Primero hay que concursar y luego hay que ganarlo, es un concurso público de oposición y antecedentes que guarda bastante similitud con los que lleva adelante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, y es la primera vez que se da este concurso en el Tribunal de Cuentas porque la reforma de la Constitución estableció la conformación de sus autoridades”, explicitó.

En tal sentido, destacó: “Vengo estudiando la temática desde hace un tiempo porque trabajamos en una reforma integral a la orgánica –una nueva ley orgánica- del Tribunal de Cuentas, que pueda regular entre otras cosas –por ejemplo- las contrataciones de alta significación económica o la nueva composición del Tribunal que pasaría de tres miembros a cinco; y por eso cuando salió el concurso me inscribí pero hay otros aspirantes que son muy respetables desde todo punto de vista”.

Además, sostuvo que “la igualdad de condiciones está garantizada por la Constitución que dispone que el jurado estará conformado por diferentes estamentos como representantes del Colegio de Abogados, del sector académico, de las universidades, de las ONG, y es un concurso con todas las garantías, con el proceso establecido en la ley y todas las posibilidades de impugnaciones y demás”.

Adelantó que “una vez evaluados, se verán los puntajes y se elaborara una terna para que luego sea el Poder Ejecutivo sea el que designe uno con acuerdo del Senado” y advirtió: “Si participo –porque falta mucho todavía-, lo haré en igualdad de condiciones y no será para nada fácil porque hay aspirantes muy prestigiosos, y llegado el momento tendré que hablarlo con el gobernador”.

“Es un tema que me gusta y me interesa como es el control de los gastos públicos, el control de los actos de gobierno de todos los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado. También integro el Jurado de Enjuiciamiento que me ha permitido tener una visión más amplia de esta temática que es muy apasionante; sobre todo en la época y en la sociedad en que vivimos, que exige el derecho a la transparencia, el acceso a los actos de gobierno y exige a los funcionarios públicos el cumplimiento de las normas y el control de la inversión y los gastos públicos”, concluyó.