El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, brindó un panorama de la realidad de la institución.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Cañete explicitó que “en el 2020 hubo una pandemia estricta pero el 2021 se hizo notar porque la gente comenzó a distenderse y a animarse a ir al consultorio a atenderse y hacerse cirugías, y eso genera demanda” y planteó que hubo un incremento de presentaciones judiciales contra la obra social motivado por “el conflicto que se suscitó con la Federación Médica”.

“En 2021 fue producto de esa apertura o esa vuelta al consultorio y al quirófano lo que generó mayor demanda”, aseveró.

Informó asimismo que “en total se ha hecho una inversión en prestaciones de 1.100 millones de pesos durante 2021” y puntualizó que “de lo que ingresa a la obra social el 88% se destina a prácticas prestacionales –recurso que en su mayoría queda en la provincia-, el 9,7% a salarios y el 2,3% en gastos operativos; con lo cual hoy estamos totalmente equilibrados financieramente”.

A ello, agregó: “Estamos en condiciones de asumir otro tipo de compromisos dado que se ha jerarquizado el sistema de auditorías médicas, lo que significa que tenemos un médico auditor por cada una de las especialidades médicas y eso nos lleva a poder debatir con el profesional de igual a igual. Eso nos ha permitido hacer la obra social previsible, organizada y sustentable desde el punto de vista financiero”.

Consultado por los conflictos con diversos sectores de profesionales, Cañete confirmó que “el conflicto existente hoy con IOSPER pero también con otras obras sociales es por la falta de acuerdo con el Círculo Odontológico de la provincia”. “Ninguna obra social ha podido firmar convenio con odontólogos, y si bien desde el IOSPER hemos tratado de aunar criterios con otras obras sociales para buscar alternativas, pero lamentablemente hasta hoy no se ha podido firmar. Sé que algunos círculos quieren firmar pero están impedidos por el Colegio de Odontólogos ya que establecieron un arancel determinado que las obras sociales no aceptan y si los profesionales trabajan por menos de esos valores, el Colegio les quita la matrícula y por eso los odontólogos no pueden firmar convenio”.

También recordó que “el tema de anatomopatólogos fue discutido el año pasado donde ellos requirieron aumento arancelario, se propuso un monto que rechazaron y para no ver resentido el servicio el IOSPER buscó un nuevo prestador, se firmó convenio y se está trabajando. Hay anatomopatólogos  en la costa del Uruguay y en Villa Libertador San Martín. Algunos presentaron un amparo que perdieron por una cuestión de forma, no de fondo, pero de todas maneras si quieren trabajar con la obra social pueden hacerlo”.

En este contexto, el directivo resaltó que “a partir del 1 de abril la obra social otorgó otro aumento arancelario” y comentó: “Ayer estuve reunido con la Federación Médica, el IOSPER está dispuesto a trabajar con todos aquellos que acepten las condiciones de la obra social –que no son malas en la región-, estamos pagando en tiempo y forma y estamos abiertos para todos los que quieran trabajar”.

Por otra parte, indicó que la restitución del 0,5% que prometió el gobernador en su discurso de la Asamblea Legislativa, “implican 50 millones de pesos mensuales y si se da a partir de marzo o abril son unos 450 millones de pesos en el año”. Rememoró que “la primera restitución del 0,5% fue en 2017 donde pasó del 4 al 4,05% el aporte patronal; en 2021 el gobernador volvió a dar otro 0,5% que llevó el porcentaje al 5% y en oportunidad de la Asamblea Legislativa de este año comprometió otro 0,5% y estamos a la espera del decreto para que comience a partir de marzo o abril”.

Al respecto, valoró que “esto es importantísimo para la obra social, lo que representa la palabra del gobernador que está cumpliendo y la demostración de ir normalizando esta anomalía de hace bastante tiempo”.

En tanto, señaló que “según lo informado la semana pasada por el cuerpo de legales del IOSPER hay entre 30 y 40 amparos por mes” y como ejemplo cuestionó que “hay algunos que no se entienden: la semana pasada me obligaron a afiliar a una persona de Tierra del Fuego, por convenios de reciprocidad que había con las provincias y que han caducado, no tienen vigencia, pero la justicia de todos modos nos obligó a darle una cobertura bastante onerosa”.

“IOSPER es una obra social provincial, es de los trabajadores públicos de la provincia de Entre Ríos, y en algún momento hubo Presidentes que firmaron convenios de reciprocidad entre las provincias. Esto se hacía cuando la medicina era más barata pero hoy firmar un convenio de este tipo implica analizar muchas cuestiones porque puede hablare de medicamentos de 5 millones de pesos o 18 millones. Estas situaciones muy particulares hacen que se necesite firmar convenios de reciprocidad nuevamente con otras obras sociales, y esto hace bastante tiempo que no ocurre”, describió.

Asimismo, cuestionó que “hay casos de personas que son afiliados voluntarios, que no son empleados públicos pero que pagando una cápita pueden ser afiliados a la obra social, y tomé la decisión hace bastante tiempo que aquellas personas que no pagaban, caducaran automáticamente; pero la justicia definió que se los debe afiliar igual aunque hayan dejado de pagar. Son decisiones que se toman imponiendo una obligación al sistema cuando son situaciones que no corresponden”.