El concesionario vial de la Ruta 12 manifestó no tener ambulancia ante accidentes y emergencias.
El viernes 22, a las 18:23, un camionero de 42 años quedó atrapado debajo de su propio vehículo en inmediaciones del kilómetro 119 de la Autovía Nacional N° 12, jurisdicción Entre Ríos. Lo que comenzó como un desperfecto mecánico terminó revelando una falla estructural mucho más profunda: la empresa concesionaria de una de las rutas más transitadas -y caras- del corredor del Mercosur no disponía de ambulancia para responder a una emergencia vial. Sólo se dedican al cobro del peaje.
La asistencia sanitaria no llegó desde la empresa privada que cobra suculentos peajes por circular en sus tramos concesionarios. Llegó desde el sistema público y el voluntariado que se sostiene con el aporte de Juan Pueblo.
Fueron los Bomberos Voluntarios de Ceibas quienes debieron movilizar la Ambulancia Móvil N° 12, coordinar con el Hospital “Eva Duarte” de Ceibas y sostener todo el operativo sanitario hasta concretar el traslado definitivo del herido al Hospital “Centenario” de Gualeguaychú, donde ingresó recién a las 20:54, es decir, más de dos horas y media después del accidente. Pareciera que para el concesionario vial los minutos tampoco cuentan en la disposición para salvar una vida.
El caso no sólo expone un episodio puntual. Pone en evidencia una pregunta de fondo sobre el modelo de concesión vial argentino: ¿qué ocurre cuando una empresa privada administra una ruta estratégica, recauda millones en peajes, pero no garantiza servicios básicos de emergencia? Y encima el Estado nacional ni el provincial se lo exigen en la práctica.
Un accidente laboral y una cadena de improvisaciones
Según la reconstrucción de los hechos, el camión circulaba en sentido Buenos Aires–Entre Ríos cuando sufrió un inconveniente mecánico en el sistema de suspensión de los ejes. El conductor detuvo la marcha e intentó reparar la falla para continuar su viaje. En esas maniobras se generó el accidente y quedó atrapado.
Otras personas presentes en el lugar lograron asistirlo inicialmente mientras se activaban los pedidos desesperados para que se active la emergencia en materia de siniestralidad y salud.
La primera dificultad apareció de inmediato: la ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo se encontraba realizando otro traslado.
Ante esa situación, la Policía Caminera Brazo Largo consultó a la empresa concesionaria vial sobre la disponibilidad de ambulancias de apoyo. La respuesta fue tan contundente como despiadada: no tenían.
La ausencia de un servicio sanitario propio obligó a recurrir nuevamente al sistema público. Desde el Hospital “Eva Duarte” de Ceibas informaron que su ambulancia también estaba afectada a otro traslado, por lo que únicamente pudieron disponer de un enfermero para colaborar en la atención inicial.
Finalmente, los Bomberos Voluntarios de Ceibas movilizaron su Ambulancia Móvil N° 12 hacia el kilómetro 119. El paciente fue trasladado primero al Hospital “Eva Duarte” de Ceibas y luego derivado, en la misma unidad de los Bomberos, al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Esa unidad de ambulancia regresó a su base recién a las 23:12.
Durante casi cinco horas, un cuerpo de Bomberos Voluntarios y gestiones de la Policía Vial sostuvieron -como pudieron- una emergencia sanitaria compleja sobre una ruta concesionada.
La denuncia de los Bomberos: “No hay ambulancias de apoyo”
Tras el operativo, desde los Bomberos Voluntarios de Ceibas manifestaron públicamente su preocupación por la falta de cobertura sanitaria sobre las rutas privatizadas.
La advertencia no es menor. Los bomberos sostienen que, ante accidentes sobre corredores concesionados, la responsabilidad operativa termina recayendo sistemáticamente sobre instituciones públicas y voluntarias que ya trabajan con recursos limitados.
En este caso, la situación fue particularmente crítica porque coincidieron múltiples traslados sanitarios simultáneos. Ni el Centro de Salud de Brazo Largo ni el Hospital “Eva Duarte” disponían de ambulancias libres en ese preciso momento. La concesionaria, pese a administrar un corredor vial de alto tránsito pesado, de larga distancia y voluminosa recaudación por peajes, tampoco contaba con unidades de emergencia alguna.
Eso dejó como único sostén operativo a los Bomberos Voluntarios.
El episodio revela una dependencia creciente para cubrir funciones esenciales en infraestructura estratégica nacional. Para males, por el momento ninguna autoridad nacional ni provincial gestiona para que esta realidad cambie.
El negocio del peaje y la ausencia de servicios esenciales
La contradicción aparece con crudeza: mientras los usuarios pagan altos peajes para circular por la Autovía Nacional N° 12 -y también por la Autovía Gervasio Artigas N° 14-, la respuesta ante una emergencia médica recae sobre organismos financiados por el Estado y asociaciones civiles.
En teoría, los contratos de concesión vial no se limitan al mantenimiento del asfalto. También contemplan obligaciones vinculadas a seguridad, señalización, prevención y asistencia al usuario.
Sin embargo, en la práctica, la cobertura sanitaria inmediata parece haberse convertido en una zona gris o en una estructura huérfana.
La pregunta central es inevitable: ¿cómo puede operar una concesión vial sin garantizar ambulancias disponibles para emergencias?
La Ruta Nacional 12 constituye uno de los corredores logísticos más importantes del país. Por ella circulan diariamente transporte de cargas, vehículos particulares y tránsito internacional vinculado al Mercosur. Los riesgos asociados -choques, vuelcos, accidentes laborales, incendios o incidentes mecánicos- forman parte de una realidad cotidiana y previsible.
Precisamente por eso, la capacidad de respuesta inmediata no debería depender del azar ni de la disponibilidad ocasional de localidades pequeñas que apenas pueden contener sus propias necesidades. Presupuestos en Salud y coparticipación siempre escasos, deben mantener las falencias de un meteórico ascenso en el aumento de las tarifas de los peajes.
Servicios públicos bajo presión
El caso también deja al descubierto otra problemática: la sobrecarga de los sistemas públicos de emergencia en localidades pequeñas.
Ceibas y Brazo Largo sostienen coberturas sanitarias limitadas, con ambulancias que frecuentemente deben realizar derivaciones extensas hacia hospitales de mayor complejidad y que quedan a muchos kilómetros de distancia de su lugar de origen. Cuando una unidad sale de traslado, amplias zonas quedan momentáneamente sin cobertura.
En ese contexto, la inexistencia de un sistema de apoyo sanitario propio por parte de la concesionaria multiplica la vulnerabilidad operativa.
La consecuencia es concreta: hospitales públicos y Bomberos Voluntarios terminan absorbiendo costos humanos, logísticos y económicos que deberían formar parte de la estructura de servicios básicos y elementales de una concesión privada.
Combustible, personal, horas de guardia, desgaste de unidades y disponibilidad operativa quedan financiados indirectamente por el Estado -es decir, la sociedad con sus impuestos- y por instituciones sostenidas muchas veces mediante rifas, subsidios y aportes comunitarios.
Mientras tanto, la recaudación del peaje permanece íntegramente en manos privadas.
¿Quién controla las obligaciones de las concesionarias?
Este episodio abre además interrogantes sobre los mecanismos de control estatal.
-¿Existe una exigencia contractual concreta respecto a cobertura médica permanente?
-¿Se fiscaliza la disponibilidad real de ambulancias?
-¿Hay protocolos auditables de atención de emergencias?
-¿Quién responde si un accidente grave ocurre cuando el sistema público también está saturado?
Hasta ahora, muchas de esas preguntas suelen quedar diluidas entre competencias provinciales, organismos nacionales y cláusulas técnicas de concesión poco transparentes para el público.
Pero, los hechos del 22 de mayo muestran que la discusión ya no es abstracta.
Un trabajador quedó atrapado sobre una ruta concesionada y la empresa que administra el corredor no tenía ambulancia. Esa es la realidad.
La asistencia llegó gracias a los Bomberos Voluntarios y hospitales públicos que ya estaban operando al límite de sus capacidades. Ese fue el milagro.
Una advertencia antes de una tragedia mayor
El operativo terminó sin víctimas fatales. Pero, el desenlace favorable no elimina el problema estructural que quedó expuesto.
Los tiempos de respuesta en emergencias viales suelen definir la diferencia entre la vida y la muerte. En corredores de tránsito pesado, donde los accidentes pueden involucrar múltiples víctimas, incendios o materiales peligrosos, la ausencia de cobertura sanitaria inmediata representa un riesgo crítico.
Lo ocurrido en el kilómetro 119 de la Ruta 12 funciona como una señal de alarma.
Porque detrás del caso individual aparece una pregunta más amplia sobre el modelo de infraestructura vial argentino: si las concesiones privadas no garantizan servicios esenciales de emergencia, ¿qué están pagando realmente los usuarios cuando abonan un peaje de por sí ya elevado?
Y, sobre todo: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema donde la rentabilidad queda privatizada, pero las emergencias siguen dependiendo del esfuerzo del Estado y del voluntariado?
