AGMER denuncia “intromisión de empresas privadas en el seno del CGE”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), denuncia públicamente la “intromisión de empresas privadas en el seno del Consejo General de Educación (CGE)”. Según un texto publicado este miércoles en la página web del gremio, se aseguró que hay “ONG’s de carácter privado -que se asociaron con gobiernos neoliberales para llevar adelante políticas educativas de ajuste, exclusión y excepciones elitistas-, que están utilizando las instalaciones para una campaña de corte estigmatizante hacia los procesos de aprendizaje de las escuelas públicas”.

“Nada más ajeno a lo que desde cada docente, escuelas y comunidades se trabaja para una alfabetización como derecho. Desde AGMER exigimos que sea ese el lugar desde donde planificar una política pública y no desde lugares extraños y contrarios a la educación pública”, se apuntó desde el gremio.

Se indicó después que “cuando una política de alfabetización es urgente y no admite dilaciones, cuando en los textos, las consignas y en las letras de las convenciones colectivas, los trabajadores de la educación, luchamos por resguardar derechos, aparece explicita en las definiciones de las autoridades políticas del CGE, las publicidades para una campaña de alfabetización de la mano de empresas que proponen la privatización y mercantilización del sistema educativo”.

De inmediato, en el parte de prensa gremial se puntualizó: “Con el nombre altamente estigmatizante de que ‘no entienden lo que leen’, 100 organizaciones del mundo empresarial seleccionan Paraná para hacer el lanzamiento de su campaña. Lo llamativo es que la sede sea el propio Consejo General de Educación, responsable de la política educativa”.

“Con políticas ajenas al sistema argentino y sobre todo al sistema educativo entrerriano, aparecen entre aplausos, las mágicas recetas de la mano de las empresas privadas, cuyos ceos intervienen en educación, acercando recetas y opinando sobre el trabajo docente, con la clara intención de privatización del sistema educativo. De la campaña participan organizaciones como Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, Educar y Crecer, ACDE, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Help, Enseñá por Argentina, Junior Achievement, Fundación Leer, FONBEC, Minkai, Fundación Más Voces, Reciduca, Fundación Varkey, Voy con Vos, entre otras”, se añadió.

Más adelante, AGMER señaló que “curiosamente se trata de los mismos sectores que proponen políticas de ajuste que han llevado a la Argentina al endeudamiento eterno, a la utilización de esa deuda como sometimiento de nuestra soberanía nacional, niveles intolerables de pobreza y exclusión, de desmantelamiento del aparato productivo y de los tejidos sociales, para desde allí a atacar a la escuela pública, sus comunidades y las representaciones sindicales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.

“Exigimos a las autoridades educativas el respeto a los roles institucionales, el serio debate sobre las necesidades. Entre Ríos cuenta con una de las tradiciones educativas más fuertes en educación pública como consecuencia un fuerte desarrollo en políticas de alfabetización, en este sentido una política de alfabetización, debe ser política de estado, requiere coherencia, formación y protección del sistema público, porque la alfabetización es clave en el proceso de formación del ciudadano”, se manifestó.

Casi sobre el final del parte de prensa, se sostuvo que “como trabajadores de la educación y como entidad sindical, aportamos cotidianamente al trabajo de lectura, debate, aporte y escritura de los documentos que componen y exigimos el pleno ejercicio de la soberanía pedagógica contemplada en la Constitución Provincial y la Ley de Educación”.

“Ese debate es el que estamos esperando con las autoridades educativas que tienen en sus manos la conducción del gobierno y los resortes del estado para resolver de manera urgente la alfabetización como derecho aprovechando el enorme potencial de maestros, maestras, familias y nuestros gurises”, cerraron.

El fallo de la Corte sobre San Juan fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que hizo un voto aparte con su argumentos.

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