De ANÁLISIS

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes es también síndico en la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA) y expresó su sorpresa por la investigación de corrupción que impulsa la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y sus fiscales. No obstante, admitió en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que se sigue de cerca la causa ENERSA y no descartó que pueda haber alguna causa que se genere en jurisdicción de Entre Ríos por presunta corrupción en las contrataciones que existen en la empresa. “Lo primero que tiene que hacer es recabar los antecedentes del tema y empezar a estudiarlo. Ver la irregularidad que se puede haber encontrado o que puede existir. La segunda es como representante del gobierno que es el accionista mayoritario. Ahí estamos atentos, como en cualquier otra causa penal, a los perjuicios que se pudieran haber provocado al Estado”, acotó.

Y aclaró que “la acción penal está en manos de los fiscales. La acción civil es de la Fiscalía de Estado”.

También se refirió a la situación de la Hidrovía del río Paraná y al desembarco que realizará el Ejército de Ingenieros de Estados Unidos con la anuencia del gobierno nacional. En ese marco, hizo observar que todo este proceso no debe debilitar la oportunidad para la provincia. “He sostenido siempre que Entre Ríos se tiene que vincular directamente a la hidrovía a través de los puertos Diamantes, Ibicuy, el puerto del Guazú”, describió estratégicamente para dar cuenta que es uno de los polos de desarrollo económico. Y recalcó: “Lo que es central es que las provincias tengamos participación en ese proceso y que nuestros puertos, los entrerrianos, queden enganchados a la hidrovía. No le demos la espalda a la hidrovía porque la hidrovía es para nosotros la posibilidad de un desarrollo propio de darle salida directa a nuestros productos y de toda la Mesopotamia”.

- ¿Cómo va siguiendo el tema de las irregularidades en ENERSA a partir de la causa tramitada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado? Porque fue muy fuerte ese dictamen fiscal de 860 páginas.

-Sí, sí, sí. Como todas las causas que a uno le toca afrontar. Esta no es distinta. Sí tiene algunos matices que, por ejemplo, se está tramitando en un Juzgado Federal de San Isidro. Ahí hay una cuestión de competencia que seguramente las partes, cuando digo las partes, el acusador que es el fiscal y las defensas plantearán, están planteando, estamos evaluando eso. Pero, estrictamente desde el punto de vista nuestro, nuestra misión ahí; yo tengo una doble función: la primera es, como síndico de la empresa, cuando uno se encuentra con una denuncia de este tipo, lo primero que tiene que hacer es recabar los antecedentes del tema y empezar a estudiarlo. A ver la regularidad y la irregularidad que puede haber encontrado o que puede existir. La segunda es como representante del gobierno que es el accionista mayoritario. Ahí estamos atentos, como en cualquier otra causa penal, a los perjuicios que se pudieran haber provocado al Estado.

-Vamos a compartir lo que decía la semana pasada en “Cuestión de Fondo” el actual secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor. Y él recordaba que como diputado había planteado algunas cuestiones respecto al devenir de ENERSA y remarcó esa soledad en la que se encontró.

“En 2022, si uno mira el negocio, no solamente hablamos de la empresa de vigilancia, hablamos que se compraban autos cero kilómetros innecesariamente, que se hacían contrataciones innecesariamente. Yo no le puedo decir quiénes son, porque la verdad que uno recién está… y es difícil averiguar. Uno tiene claro que se gastaba de mala manera el dinero y seguramente hay más casos de corrupción, seguramente. Veremos esta auditoría, a ver, que se han pagado sobreprecios, cosas que se pagaban muchísimo más caro de lo que valían.

-El tema es esto que él entiende de que a partir de ese pedido de informe y de la respuesta que recibió, de que puede haber otros casos de corrupción, además del sistema de seguridad en manos de los Tórtul. Pero a ver, en lo que se va sabiendo, ¿se puede considerar que hay daño al Estado provincial? Porque acá se pagaron sobornos a funcionarios públicos, evidentemente con esa negociación que había. O sea, ¿podríamos pensar en un reclamo de la Fiscalía de Estado y una causa paralela en la Justicia provincial, a partir de otros hechos?

-Si se presentaran, sí. De otros distintos.

-Claro, licitaciones por esto, contrataciones de esto, contrataciones de lo otro...

-Bueno, el doctor Vitor es actualmente síndico de la empresa ENERSA, entonces él tiene directamente la posibilidad de acceder a toda la documentación… toda, para examinar y determinar si hay alguna otra irregularidad. Yo no soy partidario de sostener ese tipo de afirmaciones sin haber hecho una investigación previa. Pero, por supuesto si hay un contrato irregular, póngase el caso Beckman, por ejemplo. Contrato irregular. En principio hay muchos elementos para sostener que los hay, incluso antes que se dicte sentencia. ¿Qué hizo la Fiscalía de Estado? Se presentó como actor civil. ¿Para qué como actor civil? Para procurar el resarcimiento. Eso nosotros lo haríamos en cualquier circunstancia. En las causas donde está condenado, aunque no está firme la sentencia, pero está condenado el ex gobernador de la provincia (Sergio) Urribarri. Bueno, hay embargos trabados. Y en las otras causas en donde ya hay condenas directamente, nosotros hemos intervenido junto al Ministerio Público Fiscal y hemos recuperado los efectos o hemos obtenido un resarcimiento del daño. En esto creo que hemos avanzado muchísimo, pero enormemente.

-Sin duda, respecto de otras provincias.

-Sí e incluso respecto de nosotros mismos. Nosotros hasta hace unos años atrás y no me remonto a la época cuando yo tenía 10 años que entregaron medio Delta entrerriano y nadie fue preso ¡Nadie fue preso! Mi padre los denunció públicamente ¡Nadie fue preso!

-No solo que los denunció públicamente, sino que los denunció penalmente.

-Penalmente y escribiendo un libro y se los quemaron. Entonces, yo estoy acostumbrado a estas cosas. Yo era chico cuando fui a ver la imprenta quemada por “la guardia pretoriana” que tenía el gobernador de la provincia, de facto. De esa época a esta época tenemos otra historia. Pasamos a un sistema en el cual hay un Ministerio Público que acusa libremente. Nadie puede decir, bueno, sí, los denuncian en el Jury, etcétera. Pero ejerce su función, un Ministerio Público que ejerce su función. Juzgado de Garantía que controlan que los procesos sean regulares. Y después jurado Tribunales de Juicio que dictan sentencia a funcionarios públicos que han sido hasta hace poco tiempo; incluso algunos lo son todavía. Entonces, yo creo que hemos avanzado muchísimo. La cosa es hacer. La cuestión es, si uno dice, hay hecho de corrupción, bueno, perfecto, ¿cuál? Porque hay que distinguir entre la verdadera investigación y el verdadero propósito de que se desarrolle un proceso judicial y la politización del Derecho Penal, que son dos cosas distintas. Entonces, en un caso como el de ENERSA, en un caso como el de la Causa Contrato, lo que se hace es analizar, examinar, investigar, hacer la denuncia. Ustedes hicieron la denuncia de la causa acá, de Colonia Alvear, de Puerto Alvear. Bueno, nosotros fuimos e interpusimos la denuncia penal, ya cansados de hacer el reclamo civil. También lo hicimos penalmente. Bueno, estará el fiscal y nos contactará.

-Volvamos al tema de ENERSA. Y, le recordamos que usted es síndico. ¿A partir de la publicación de lo que se conoció, lo han hablado con el gobernador?

-No. Con el gobernador, no. Con el directorio de la empresa. El directorio se ha reunido, ha analizado la cuestión, ha tomado decisiones. Incluso la Comisión Fiscalizadora, que somos cinco síndicos, también hemos procedido a dedicarnos a ese tema, a la investigación desde el punto de vista de la sociedad comercial, porque ENERSA es una sociedad anónima. Entonces, la acción penal está en manos de los fiscales. La acción civil es de la Fiscalía de Estado.

-Ustedes habrán dicho hasta el 10 de diciembre que gobernaba Gustavo Bordet, había un esquema de funcionarios de primera, segunda y tercera línea. Muchos de ellos cuestionados, muchos de ellos están imputados hoy en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Algunos ya se jubilaron, pero es como que se puso en la mira a toda una estructura dirigencial en función de lo que estaba pasando. Los hermanos Tórtul entraban y salían como si fueran otros integrantes del directorio y hasta demostraban ese poder en función de la relación de poder que ellos hicieron desde el 2003 para acá. La pregunta es, puede haber -y se lo preguntamos en su rol como síndico-, puede haber más cambios de la estructura de conducción.

-Ha habido cambios. No los conozco en detalle, pero ya ha habido cambios en función de eso y otras… El directorio es completamente distinto que el que estaba antes, pero además ha habido cambios en las estructuras credenciales, sí.

- ¿Y cuál es el rol específico de un síndico en ENERSA?

-El síndico controla la gestión desde el punto de vista de la regularidad de la gestión, de la regularidad legal y contable. Controla los balances, que los balances estén en forma. Tiene una serie de atribuciones que están en la Ley de Sociedades Comerciales. No es un fiscal que está ahí adentro, es un controlador desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad como sociedad anónima, que está en el comercio, es decir, en el mundo económico. Pero, ENERSA no está exenta de los controles del Tribunal de Cuentas, de la misma Fiscalía Anticorrupción.

-Entendemos que se había renovado y se terminó el contrato de Tornel, por ejemplo. Esta renovación duró un mes y días. ¿Y hoy quién brinda el servicio de seguridad?

-No, no, no. La situación es la siguiente. El contrato que tiene Tornel es del año 2022. Ese contrato se renovó... el 27 de marzo de 2024. Por el término de dos años más. En los primeros días de abril se produjeron esta situación de la denuncia, el allanamiento. El directorio se reúne, resuelve discontinuar el contrato, pero no puso un plazo inmediato para y aún hoy está prestando el servicio esa empresa. Incluso estamos viendo el tema de las remuneraciones del personal, porque es un tema delicado ese.

-¿Qué sería un tema delicado?

-Del personal de la agencia, de la empresa. Estamos hablando del control de la seguridad.

-El propio fiscal lo remarca en su dictamen. Dice, en la época en la que era Securita, que esa la empresa tenía en Entre Ríos el mejor contrato a nivel país.

-Sí, no sé. Eso yo lo leí en la investigación. Pero, habrá que ver ese tema, habrá que ver cómo es la realidad de los precios. Pero, en lo que hace a la prestación del servicio hoy, la tiene Tornel, hasta que la empresa ENERSA llame a una nueva licitación, o decida otra manera. Podría contratar a la Policía de la provincia de Entre Ríos, podría hacer otra cosa. Pero, no es un contrato cualquiera. Es un contrato delicado, porque estamos hablando del control o de la seguridad, no solamente del edificio ENERSA, sino de las estaciones transformadoras, de las instalaciones. Estamos hablando de un servicio público clave.

-Estaba viendo algunos contratos. La empresa de limpieza, que también tiene una relación con los Tórtul, una relación desde atrás. De hecho, es como que la misma firma jurídica lo comprende también. La que se utiliza para Tornel hay una vinculación. La cuestión es que hoy por hoy cobra 123 millones por mes la empresa de limpieza: 6 millones cobra para cortar el pasto. ¿Tanto?

-Nosotros, desde el punto de vista de la comisión fiscalizada cuando llega a la comisión un contrato de esa naturaleza llega después de haber tramitado toda la instancia. Incluso llega después de firmado por el directorio. Es decir, la Comisión Fiscalizadora no firma los contratos. Lo firma el directorio. Y lo firma después de un trámite que es la licitación pública. Hoy tuvimos con el gobernador una reunión por el tema de mejorar los sistemas de contratación de la administración. Hacerlo más eficiente, más transparente, más económico.

-Usted recién mencionaba lo de los embargos por las condenas del mega juicio. Y anticipó que se viene una acción civil para que el Estado recupere los recursos desviados. Tal como sucedió con el campo del ex senador Mario Yedro. ¿Ustedes empiezan a mirar los bienes a decomisar? Ya tienen un listado.

-Están embargados. Hay que confirmar esa sentencia. Y después, es bastante sencillo. El embargo está trabado sobre bienes equivalentes al valor del resarcimiento. Es decir, el resarcimiento sería volver las cosas al principio y que la provincia sea reparada del daño. Ese cálculo está hecho en el embargo. Le diría más, como en todos los embargos, en general exceden el monto a resarcir.

La Hidrovía del río Paraná

-El fin de semana leímos que en medios nacionales que el presidente Javier Milei estaría operando para que capitales de Estados Unidos sean concesionarios de la hidrovía del río Paraná. ¿En qué quedó el trabajo que habían hecho ustedes respecto de ese tema en el que usted participó activamente? ¿Y qué significaría para Entre Ríos una concesión de este tipo?

-Un tema para mí central. Vengo de Buenos Aires. Ayer estuve en una reunión en un foro federal en la Procuración del Tesoro. El país para mí está dividido en tres grandes zonas. Usted tiene las provincias hidrocarburíferas que prácticamente tienen el problema presupuestario resuelto porque con las regalías de los hidrocarburos financian dos tercios del presupuesto. Después tiene La Pampa, Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y el Sur de la provincia de Córdoba que conforman un polo que sería la Pampa húmeda extendida con los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario que son el sector más desarrollado de este país y que dependen poco de la coparticipación. No digo que no dependan de la coparticipación, pero dependen bastante poco. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ni que habla la Ciudad Autónoma. Después usted tiene las provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, las provincias que estamos suministrándole a ese polo industrial nuestra producción sin poderla procesar nosotros y sin poderla comerciar desde nuestros puertos. He sostenido siempre que Entre Ríos se tiene que vincular directamente a la hidrovía a través de los puertos Diamantes, Ibicuy, el puerto del Guazú. Y veníamos muy bien, veníamos muy bien. Vamos a ser autocríticos, veníamos muy bien en los papeles, diciendo que la hidrovía iba a pasar también por el Paraná-Guazú porque en el río Paraná se bifurca en el Paraná de las Palmas-Paraná Guazú. El límite con la provincia de Buenos Aires es el Paraná-Guazú. De esta manera que nosotros tenemos interés en que el Paraná-Guazú conforme la hidrovía. Hasta ahí veníamos. Cambio de gobierno. El actual gobierno no derogó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable que es el ente de control de la hidrovía en formación con representación de las provincias, pero tampoco designó las autoridades y no lo convocó más. Y mientras tanto, se hizo este acuerdo con el Cuerpo Ingeniero del Ejército norteamericano que tiene experiencia titulada en el dragado del Mississippi y compite con nosotros en esto. Para mí, lo que intenta el Poder Ejecutivo Nacional es llamar a licitación para la concesión de obra que no es distinto de lo que había decidido el presidente (Alberto) Fernández. Lo que es central es que las provincias tengamos participación en ese proceso y que nuestros puertos, los entrerrianos, queden enganchados a la hidrovía. No le demos la espalda a la hidrovía porque la hidrovía es para nosotros la posibilidad de un desarrollo propio de darle salida directa a nuestros productos y de toda la Mesopotamia. He escuchado decir que Entre Ríos tiene más empleados públicos que Santa Fe y que Córdoba en relación a la economía. Sí, pero hay que preguntarse por qué es eso. Creo que el sector privado santafesino y cordobés absorbe más... Es mucho más poderoso que Entre Ríos. Y es más poderoso porque tiene más infraestructura y parte de la infraestructura está ahí, en el puerto de Rosario. Por lo tanto, invertir en infraestructura es también invertir en el desarrollo equitativo.

La relación con el gobernador

- ¿Se reúne seguido con el gobernador Rogelio Frigerio?

-Sí, pero para las cosas que a mí me corresponde hacer. Él tiene muy claro que la Fiscalía de Estado cumple un rol institucional dentro del Gobierno. Participamos muy bien en ese sentido.

-Desde su rol como Fiscal de Estado, ¿qué directivas concretas emanaron desde Frigerio? Porque él puso la vara muy alta, lo dijo en este programa, habló de transparencia, de la necesidad de que se muestre todo, de que haya un Gobierno que no oculte nada. En estos 150 días de gestión, ¿qué cambio notó usted respecto del Gobierno anterior?

-Hubo tres decretos de autoridad muy importantes. Uno de ellos fue el tema de los límites a las remuneraciones que hay que ver si todos los han cumplido o no.

- ¿Usted tampoco va a cobrar como síndico en ENERSA, como dijo Víctor?

-El Gobernador dictó un decreto. Ustedes una vez me preguntaron y yo les dije, voy a hacer lo que diga el decreto. Yo no cobro. Los que no cobramos son los que tenemos otro cargo en el Estado como es el caso Víctor y el caso mío. Yo soy síndico de Sidecreer y ahora tampoco cobro. Es la directiva del Gobernador y entiendo que hay que acompañar y hay que tratar de recuperar los ingresos de la provincia. No está fácil por la caída de la recaudación es importante. Por lo tanto, hay que ir... Bueno, declaramos la Ley de Emergencia en materia de obra pública.

- ¿Y el gobernador es consciente de que él puso la vara alta y que en consecuencia debe responder a esa altura?

-Sí, sí, sí. Respondo por mí, pero yo creo que sí. Hasta ahora es así.

-O sea, ¿los funcionarios son conscientes, en especial de los organismos de control, de que cambió el gobernador, digamos que hay otro criterio?

-Sí, hay que ver cada organismo. La Contaduría y la Fiscalía están alineadas porque las remuneraciones nuestras no están enganchadas a ningún otro Poder. Hay otros Poderes que tienen remuneraciones distintas. Por ejemplo, el Poder Judicial, tiene una ley que la engancha con el Poder Judicial Federal de la época de (Sergio) Urribarri. Para mí eso está mal, pero bueno, está así. Por lo tanto, está fuera del alcance del Poder Ejecutivo.

Festival de recusaciones

-Apelando a su viejo oficio de abogado penalista de Paraná. Desde 1983 para acá nunca se vio lo que está sucediendo en tribunales, y en especial en función de todos los abogados que giran alrededor de la condena a Sergio Urribarri y otros dirigentes que están denunciados por derechos de corrupción. El sistema de recusación y apelación todo el tiempo. Acá hay una sentencia y capaz se confirma a los dos, tres, cuatro años. Eso no sucedía antes. Entonces preguntamos si se avanzó o si se retrocedió en esa materia.

-Claro. No tengo una estadística de eso. Yo tengo las estadísticas de Fiscalía de Estado, pero no tengo de las sentencias penales.

-Pero usted lo debe ver. Hay un sistema de recusación todo el tiempo, casi como algo abusivo.

-Lo que defiendo es la autonomía de la provincia, la potestad de la provincia para aplicar las normas que le corresponde aplicar. Y ahí estoy en contra de utilizar otros organismos, como por ejemplo el Jury, para debatir cuestiones que no van por el Jury, que van por otro proceso, por ejemplo. O que me pidan de la Nación un expediente, cuando la Nación no tiene competencia para resolver.

-Se está refiriendo a lo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

-Claro. Entonces yo ahí digo, no.

-La estructura del Poder Judicial provincial, ¿le puede decir “no” a la doctora Servini de Cubría? Y decirle que no es su jurisdicción.

-Por supuesto.

- ¿Se van a animar a decirle que no?

-Sí, cómo no. Yo creo que sí. Es decir, si usted tiene un juez federal, y esto se lo digo sin conocer los detalles de la presentación a nivel nacional, pero si usted tiene un juez federal que le está pidiendo un expediente… Hay una cuestión de competencia que la Corte Suprema terminó dirimiendo. Tengamos en cuenta que las provincias ejercen todo el poder no delegado a la Nación. Y los poderes delegados en materia penal son respecto a los delitos federales como la falsificación de moneda, por ejemplo. Pero, no los delitos, menos contra la administración pública, donde nosotros hemos dicho que la competencia era de la provincia. porque eran defraudaciones a la administración provincial.

-Volviendo al tema ENERSA. Una comisión fiscalizadora de cuatro síndicos, más Tribunal de Cuentas, más otros organismos de control. Cuando ustedes vieron este trabajo de cuatro años que llevó adelante la jueza Arroyo Salgado y sus fiscales y vieron la contundencia de ese informe fiscal de 860 páginas. Y ahí se enteraron que los Tórtul pagaron de coima cerca de 8 millones de dólares en diferentes lugares del país y que estaba incluido ENERSA. ¿No sintieron que se les escapó la tortuga?

-Personalmente, lo que pedí es todo. Todo lo que había actuado la comisión fiscalizadora desde el 2017 en adelante respecto a ese contrato. Y les puedo asegurar que no. Es decir, el contrato tiene la apariencia...

O sea, no lo pudieron ver ahí, no lo detectaron.

-De los que nosotros vimos, no.

¿Cómo era su relación con el doctor José Gervasio Laporte? Que es el más apuntado en la investigación.

-Sí, pero no podemos hablar de una persona fallecida.

-Sí, sí podemos hablar. ¿Por qué no? Con respeto, pero se puede hablar.

-No, mi relación era buena.

-Y él nunca le comentó nada sobre las irregularidades en ENERSA. 

-Es una persona que tenía su carácter y su conocimiento de las cuestiones. Y yo tenía una buena relación con él.