Una organización denuncia que el Gobierno de Entre Ríos incluyó la caza deportiva dentro de las actividades favorecidas por el Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI), recientemente aprobado por la Ley Nº 11.162 y su Decreto Reglamentario Nº 4.138. La medida otorga importantes exenciones impositivas y otros beneficios a los emprendimientos vinculados a esta actividad, lo que profundiza la polémica en torno al turismo de caza en la provincia.
La información fue difundida por Ceydas Entre Ríos, organización que alertó sobre las graves consecuencias ambientales y sociales de la medida, que, en los hechos, implica un fomento a la instalación de nuevos cotos de caza y el fortalecimiento de un negocio basado en atraer cazadores —en su mayoría extranjeros— para la matanza de aves autóctonas.
De acuerdo con la Resolución Nº 0645 de la Dirección de Industria, los “servicios de centros de pesca y caza deportiva” fueron incorporados entre los rubros alcanzados por el régimen promocional. Esto implica que quienes desarrollen esta actividad podrán acceder a exenciones de hasta el 100 % en los impuestos Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos, además de reintegros energéticos y la exclusión de regímenes de retención y percepción, con una vigencia de 15 años prorrogables hasta 20.
La política del Gobierno entrerriano no solo reaviva la discusión sobre la protección de la fauna silvestre, sino que se suma a la controversia que ya enfrenta por la autorización de la caza de aves incluso por parte de niños y adolescentes, situación que motivó una demanda judicial por inconstitucionalidad.
Con este nuevo marco de beneficios fiscales, la gestión de Frigerio consolida un respaldo abierto a la caza deportiva, pese a los cuestionamientos de organizaciones ambientales, sectores académicos y actores de la sociedad civil que califican la actividad como una práctica cruel, regresiva y contraria al cuidado de la biodiversidad.
Fuente: Ceydas Entre Ríos
