“Este acto de intolerancia por parte del sector pro vida que se denomina “en contra del derecho a decidir” sólo hace que se siga abriendo esa brecha por parte de la sociedad que solo busca reivindicar los derechos de las personas LGBTIQ+”, señaló Benítez.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.