En este sentido, el senador indicó que "en el sur del Delta, en la jurisdicción de las Islas del Ibicuy, hay un área de 150 kilómetros de tierras fiscales que se les quiere dar el destino de siembra de arroz y que opere como un centro de reactivación aprovechando el propio puerto de aguas profundas que tiene esa jurisdicción".

Además, en el área, "hay una parte continental del Estado, próxima a las islas, que también se quiere destinar para esa explotación", que "evitará la perforación del suelo y la contaminación de las napas porque el agua se extraerá superficialmente del propio río Paraná".

"El gobernador (Sergio Urribarri) recorre el mundo para ordenar producciones. El objetivo en este caso es sembrar arroz con agua de superficie como alimento de demanda mundial y el aprovechamiento de este puerto de aguas de ultramar", enfatizó Garcilazo en declaraciones a La Capital.

"Todo esto se va a delimitar con la creación de la sociedad anónima, y ahí habrá que ver qué tiene el Estado para poner como accionista: dinero, la propia tierra o recursos humanos", especificó el legislador.

Sobre los cuestionamientos a la polémica ley 10.092, el senador victoriense indicó que "se le irán introduciendo modificaciones, sobre lo aclarable, o lo que haya que preservar. Ningún funcionario puede ir en contra de ninguna norma de protección. Los legisladores hemos creído que una forma de defender las tierras fiscales y que no se las apropie nunca más nadie es la creación de esta sociedad anónima del Estado con los privados. No hay ningún acuerdo ni negociado previo, sólo queremos controlar la situación".

Así, "nadie va a venir a instalarse en tierras fiscales con una o dos vaquitas para luego hacer los planos de mensura y apropiarse, como ha sucedido", refirió en alusión a la cruzada que desde hace dos años encabeza la Fiscalía de Estado de Entre Ríos para recuperar lotes públicos del humedal usurpados.

Cabe aclarar que esta provincia tiene alrededor de un millón de hectáreas de humedal, de las cuales unas 200 mil son fiscales. Según Garcilazo, de las 800 mil restantes el gobierno sólo ha podido recuperar menos de 10 mil y "quedan varios juicios por resolver en este sentido".

La afirmación del victoriense responde a los cuestionamientos a ley 10.092 sancionada en diciembre último, que deroga la ley 9.603 de arrendamientos de las islas fiscales, que las protegía de la siembra y la fumigación. El párrafo además establece que se vetará "toda otra norma que se oponga a los fines" de la iniciativa, que contempla la creación de una sociedad anónima que se llamará "Arroz del Delta Entrerriano" y tendrá una vigencia de 99 años.

El organismo ejercerá "la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos", según reza la norma.