Todo ocurrió el 10 de mayo cuando en el marco del juicio oral y público por la causa Díaz Bessone, en la cual se investigan las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar en jurisdicción del 2º Cuerpo de Ejército, declaró como testigo la camarista federal Laura Cosidoy, quien fuera defensora oficial en aquella negra época. Mezclados entre periodistas y público se sentaron siete policías de Drogas en actividad y un comisario retirado.

La presencia de esos hombres fue llamativa no sólo porque es inhabitual que haya policías presenciando las audiencias, sino porque 24 horas antes el Tribunal Oral Federal 1, compuesto por Ricardo Vázquez, Santiago Harte y la misma Cosidoy, había dictado sentencia en el juicio seguido al narco Jorge Halford y puesto en duda el accionar de los efectivos en el procedimiento de detención del condenado.

Es que Halford, al declarar ante los magistrados, sostuvo que “en Rosario nadie puede vender drogas si no arregla con la Brigada” (de Drogas). Y en el fallo condenatorio, los camaristas Vázquez y Harte acordaron con la fiscal Mabel Colalongo para pedir que se investigue si hubo conductas opacas de los policías en el procedimiento de detención del sentenciado. Quien disintió con ellos fue la jueza Cosidoy, quien amparó la actuación de los uniformados, los mismos que un día después fueron a brindarle su “apoyo moral” cuando declaró como testigo de otro juicio.

Ante tal situación, el jefe de Drogas Peligrosas, comisario Hugo Tognoli, informó a La Capital de lo sucedido al titular de la policía, Osvaldo Toledo, y a la División Judiciales de la fuerza, y se inició un sumario interno para deslindar las responsabilidades de los ocho efectivos en cuestión.

Asimismo, la diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un pedido de informes para que se especifique si algún responsable político “los comisionó a realizar alguna actividad específica en dicha audiencia” y, en caso contrario, si “contaban con autorización para ausentarse de sus obligaciones y asistir”.

En Reconquista

En otro orden, el jefe de la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IX, comisario Cristian S.; y la responsable del libro de guardia de esa repartición, Aljenadra H., fueron desplazados de sus funciones por distintas irregularidades.

Según fuentes oficiales, tras el allanamiento a una vivienda de Reconquista en busca de armas se halló una importante cantidad de drogas por lo que se dio intervención a la Brigada. Pero además se secuestraron teléfonos celulares y en ellos estaban agendados los números particulares de algunos jefes de esa sección policial.

Después, con información de calle recolectada por los pesquisas, la Dirección de Asuntos Internos hizo una auditoría en la sede de Drogas Peligrosas y encontró que el libro de guardia estaba desactualizado y no tenía asentado el operativo en cuestión. “Estamos ante faltas gravísimas”, dijo el comisario Tognoli.