El tema incluso generó una suerte de cortocircuito entre el juez de instrucción Roberto Ponce y la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. Días atrás, la funcionaria se comunicó telefónicamente con el juez y le manifestó el interés del Ministerio en esclarecer las denuncias porque "no se puede tolerar una situación de esa naturaleza, si es que efectivamente ocurrió". Como única respuesta, Ponce le anunció que dejaría constancia del llamado en el expediente judicial.

Ponce terminó ayer su subrogancia al frente de la causa y hoy reasumirá en el juzgado de instrucción número 17 su titular, Javier Feliciano Ríos. Quien continuará en el expediente será el secretario del juzgado, Pablo Cina.

La causa ya no está bajo secreto de sumario. Vale decir que las partes presentadas en el expediente ya tienen acceso a todo lo que se investigó hasta ahora. El padre de Ángeles, Franklin Rawson, ya se presentó como querellante, con el patrocinio del ex fiscal Pablo Lanusse.

El lunes a última hora de la tarde ocurrió un episodio que pareció alterar nuevamente el curso de la investigación. Mangeri estaba alojado en una celda de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Hasta allí llegó el juez Ponce para informarle que su familia había propuesto al abogado Miguel Ángel Pierri para su defensa particular. Mangeri lo rechazó y ratificó que quería seguir siendo asistido por el defensor oficial Carlos Garay. Pierri explicó que la familia lo había contactado y que según le indicaron Mangeri estaba de acuerdo y que no hay una explicación sobre por qué cambió de idea.

Lo concreto es que en ese momento, el portero le dijo al juez que quería declarar. Convocado de urgencia el defensor oficial, mantuvo una entrevista y finalmente Mangeri desistió de hablar. Sin embargo, en ese minué de defensa particular y oficial, en el que intervino la esposa del acusado, Diana Saettone, el portero habría tenido por fuera de una declaración oficial una suerte de reiteración de lo que le había dicho a la fiscal María Paula Asaro cuando se dio por finalizada la declaración testimonial por la autoincriminación.

Como parte de la estrategia de defensa, Garay está convencido de que el acusado debe mantener silencio. "Mientras yo lo defienda, no va a declarar", le dijo al portal de noticias del Ministerio de Justicia. Tampoco pedirá, al menos por ahora, su excarcelación.

Ángeles desapareció el lunes a la mañana. Lo último que se supo de ella fue a la clase de gimnasia en el campo de deportes del colegio Virgen del Valle, en Crámer y Concepción Arenal, en Colegiales.

El martes, los trabajadores de planta de separación de residuos de la CEAMSE de José León Suárez encontraron su cadáver: estaba atada de pies y manos, con una bolsa de supermercado en la cabeza. La investigación se orientó a los trabajadores de la planta de transferencia que la CEAMSE tiene en Colegiales, a metros del campo de deportes. La fiscal Asaro ordenó allanar la sede porteña y también se peritaron algunos volquetes donde los vecinos de la zona arrojaron los residuos pero no se hallaron rastros.

El miércoles el caso tuvo un vuelco inesperado: una de las cámaras de seguridad del edificio de Ravignani 2330 captó el regreso de Ángeles a su domicilio. Por la noche, la Policía Federal allanó su departamento. Pero el viernes a la noche, Mangeri, que había pedido licencia médica luego de la desaparición de Ángeles, llegó a la fiscalía para declarar como testigo y quedó detenido, luego de autoincriminarse: "Soy el responsable de lo de Ravignani 2360; fui yo", alcanzó a decir.